“No van a poder pararnos”, aseguró Alejandro Iaccarino. Empresario exitoso, secuestrado junto a sus hermanos y a toda su familia por represores de la última dictadura cívico militar y despojado de prácticamente toda su fortuna, denunció amenazas recibidas en las última semanas: neumáticos dañados “sospechosamente”, cortes intermitentes de gas en su casa, desconexión de la red de wifi. Iaccarino vincula esos hechos, que dejó asentados ante la Policía bonaerense, con un fallo que debe la Corte Suprema sobre el caso de él y su familia y que le permitiría “cobrar todo lo que nos robaron hace décadas” y con el juicio por las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en la Brigada de Investigaciones de Lanús, uno de los 9 centros clandestinos en los que él y sus hermanos estuvieron detenidos. El debate debería haber comenzado el 7 de septiembre pasado, pero sigue en veremos.

Para Alejandro Iaccarino, los hechos que sufrió a principios de agosto  “no son casualidad ni amenazas, son directamente atentados”. “Sufrí siete intentos de matarme en los últimos 13 días” denunció el 11 de agosto ante la Comisaría 1 de La Plata. Según personal policial tomó nota y Iaccarino ratificó ante este diario, protagonizó una serie de episodios que consideró atentados contra su vida y la de su esposa, y que vincula a “nuestra incesante lucha porque comience el juicio por los hechos de El Infierno, que va a ser tremendo”, señaló.

El 1 de agosto, cuando se disponía a ir a lo de su hermano para participar de una reunión virtual con el grupo querellante del juicio por los hechos de El infierno, se encontró con que su auto, al que había dejado en el garage del edificio donde vive la noche anterior, no tenía frenos y tenía una cubierta pinchada. "El servicio de reparación de la cubierta dijo que el daño fue intencional", señaló ante personal policial, y adjuntó a la denuncia el informe del Automóvil Club Argentino en el que consta esa consideración. Entre el 6 y el 7 notó que sufrió cortes en el servicio de gas, con los que se apagaron una estufa de su casa y el horno. "Gracias a que los artefactos son nuevos y las válvulas de gas funcionan bien no se generó ningún inconveniente", apuntó. Por último, mencionó que tuvo problemas con la conexión a internet luego de que un empleado de Cablevisión acudiera a su casa a hacer un cambio de decodificadores y a mejorar el servicio. Sobre esto, aclaró: “Las corporaciones internacionales se meten en tu casa y hacen lo que quieren. Digo esto porque el Señor Magnetto ha expresado en más de una oportunidad: a los enemigos le entran a la casa como si nada y le hacen lo que quieren con total impunidad”. En diálogo con este diario, Iaccarino ratificó que considera que el episodio de Cablevisión está vinculado a una “enemistad manifiesta que desde hace años” mantiene con el CEO de Clarín.

Iaccarino entiende los hechos no solo como un amedrentamiento hacia su persona “sino también a cualquier otro testigo en quien puedan infundir el miedo a través de estas estrategias”. El caso de la familia Iaccarino es emblemático entre los crímenes del terrorismo de Estado vinculados con motivos económicos. “Viene Papel Prensa y después nuestro caso en tres de persecuciones a empresarios por la dictadura”, contó a este diario Alejandro, uno de los tres hermanos que durante los 60 y los 70 amasaron una fortuna asentada en varias empresas (Constructoras Sureña Argentina SA, Ilumbras SRL, Ciatra SH, Industrias Lácteas Santiagueñas Sacifa, establecimiento agropecuario La Marta y MM El Milagro).

El 4 de noviembre fueron secuestrados junto a sus padres: Alejandro, en Buenos Aires junto a su mamá; Carlos y Rodolfo junto a su padre, en Santiago del Estero. Los padres fueron liberados a los 15 días; los hermanos, circularon por varios centros clandestinos: el COT 1 de Martínez, la Unidad Penal número 9, la cárcel de Santiago del estero, la Brigada de investigaciones de Lanús, que funcionaba entonces en Avellaneda y es conocida como “El Infierno”.

Allí fueron obligados a firmar un poder para que su padre venda 25 mil hectáreas en Santiago, las empresas y un avión que tenía la familia a cambio de 28 hectáreas de una cancha de golf de un hotel en Córdoba que entregaron mucho tiempo después.

En 2013, condenaron a dos ex jefes policiales que actuaron en El Infierno, Bruno Trevisán y a Jorge Ferranti, a tres años y cuatro años de prisión “en un juicio que claramente fue intervenido para que nos jueguen en contra a nosotros”, denunció Iaccarino. La condena fue por mayoría --con los votos de los jueces subrogantes Pablo Vega y Pablo Jantus-- y contó con la disidencia de Carlos Ronzanski. Las bajas condenas, impuestas por la comisión de “vejaciones y severidades” en lugar de tormentos, fueron apeladas y aumentadas en instancias de Casación. Sin embargo, la sentencia avanzó hasta la Corte, donde hoy espera una resolución. Los hermanos Iaccarino --Rodolfo falleció de un infarto masivo luego de haber recibido amenazas de muerte-- buscan que la máxima autoridad judicial reconozca que ellos fueron secuestrados durante la dictadura, algo que el fallo no dice. “Es la verdad, fuimos secuestrados y torturados para despojarnos del esfuerzo de toda nuestra vida”, explicó Alejandro. Si logran el cometido, podrán avanzar sin obstáculos hacia la demanda contra el Estado para que ser resarcidos económicamente.

Ahora esperan por el juicio oral que, desde hace más de tres años aguarda su concreción, para revisar los secuestros y las torturas que sufrieron las víctimas que pasaron por la Brigada de Lanús. El debate tenía fecha de inicio para el 7 de septiembre pasado, pero fue pospuesto sin nueva fecha. “Nos destruyeron la salud y la vida. La tortura nos destruyó el páncreas, así que salimos en libertad diabéticos; nos ataban las manos y los pies con cadenas durante la tortura, nos reclamaban que expliquemos por qué tenímos tanta plata, nos la terminaron robando”, resumió.