La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) sumó su apoyo al reducido pero poderoso núcleo del gran empresariado que se opone al tributo por única vez sobre los grandes patrimonios. “Nuestro país tiene una larga tradición en impuestos nacidos en la emergencia, casi siempre distorsivos, que acaban por perpetuarse, incrementando el cada vez más alto ‘costo argentino’”, aseguró la entidad.

El nuevo rechazo viene a seguir los pasos que dio días atrás la Asociación Empresaria Argentina (AEA), dominada por el Grupo Techint y el Grupo Clarín, que indicó que “debe evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas”, en alusión al aporte extraordinario. En la misma tesitura se mostró la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que salieron en defensa de sus mejores clientes: los más grandes terratenientes.

El comunicado de la CAC aparece justo antes de que este martes empiece en el Congreso el tratamiento de la ley para que las fortunas más grandes del país hagan un aporte extraordinario frente a la crisis que trajo la pandemia. El proyecto impone un aporte por única vez a las personas cuyo patrimonio es mayor a 200 millones de pesos al último 31 de diciembre (3,15 millones de dólares a esa fecha, 2,53 millones a la cotización actual, oficial minorista vendedor), el equivalente a casi 20 departamentos de dos ambientes en algún barrio porteño.

Se calcula que el nuevo tributo tiene impacto sobre las 12 mil familias más ricas por única vez, en un año marcado por la falta de financiamiento externo, cuentas fiscales desbordadas por la pandemia y un umbral de pobreza que supera el 40 por ciento.

Para la CAC, “la progresividad es una característica bienvenida de los esquemas impositivos, pero también que antes de avanzarse con una obligación extra debe tenerse en cuenta que en el país ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente, como lo son el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales, gravando este último los mismos bienes sobre los que se intenta aplicar el gravamen que se proyecta y cuyas alícuotas se incrementaron en hasta 9 veces en el último año”.

En cuanto a la suba de las alícuotas de Bienes Personales, cabe recordar que la administración de Mauricio Macri las redujo desde el rango de 0,75 a 1,25 por ciento hasta el 0,75 por ciento en 2016, luego 0,50 por ciento en 2017 y 0,25 por ciento en 2018. A fines de 2018, el propio macrismo reinstaló el sistema de escalas progresivas, de 0,25; 0,50 y 0,75 por ciento. Por último, la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva ubicó las alícuotas en un rango del 0,50 al 1,25 por ciento, es decir, por debajo de las que había antes de la primera reforma de Macri.

Por otro lado, la CAC manifestó estar “convencida de que la expansión de la actividad, la reducción de la pobreza y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles, requieren de la existencia de un sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen con el riesgo adicional de generar algún grado de éxodo tributario a jurisdicciones con un tratamiento más favorable”.

“La CAC considera que la reducción del desequilibrio fiscal demanda una paulatina baja del gasto público, a través de la supresión de ineficiencias varias y de una progresiva sustitución de los programas de asistencia por empleo privado genuino. Asimismo, que en materia de ingresos fiscales se requiere una reforma tributaria integral que consolide la progresividad del sistema, resuelva su extrema complejidad, provoque la disminución sustancial de la informalidad, incentive la inversión, promueva la creación y el desarrollo de empresas y armonice asimetrías territoriales y de dimensión”, agregó la CAC.