Desde Lima

Se desinfla el intento del Congreso de destituir al presidente Martín Vizcarra. El caso se cae luego de las revelaciones de que desde el Legislativo se estuvo tocando las puertas de los cuarteles en búsqueda de respaldo para sacar al mandatario en un juicio político exprés, sin investigación previa sobre los cargos que se le imputan. Vizcarra deberá presentarse este viernes ante el Parlamento para responder por una supuesta “incapacidad moral permanente”. La acusación es por la irregular contratación de un poco conocido cantante para dar charlas en el Ministerio de Cultura y por cargos de intentar encubrir sus vínculos con este delirante personaje que ha saltado de la marginalidad de la farándula al centro de la política nacional. El gobierno ha denunciado un intento de golpe de Estado parlamentario y busca detener el juicio político en el Tribunal Constitucional. Desde que asumió en marzo pasado, el Congreso mantiene un choque permanente con el Ejecutivo.

El juicio político se puso rápidamente en marcha luego que el jueves último un cuestionado congresista, acusado de corrupción y para quien la fiscalía pide 17 años de prisión, difundió en el Congreso grabaciones de conversaciones del jefe de Estado coordinando con dos secretarias de su círculo más cercano sobre lo que deben responder cuando sean interrogadas por las visitas a Palacio de Gobierno del cantante Richard Cisneros, que se hace llamar Richard Swing. A Vizcarra se le acusa de buscar acomodar esos testimonios para desmarcarse de esas visitas y de la irregular contratación de “Swing”.

El viernes pasado se aprobó con 65 votos de los 130 legisladores iniciar este viernes el juicio político. Para la destitución se requieren 87 votos. Quedaban 29 votos -24 abstenciones y cinco ausencias en la votación que dio luz verde al proceso contra Vizcarra- que eventualmente podían inclinar la balanza en contra del mandatario. Pero lejos de sumar, los promotores de la destitución del presidente vienen sufriendo una serie de deserciones y ven desvanecerse sus posibilidades de alcanzar esos 87 votos.

El lunes, en un mensaje televisado, Vizcarra pidió disculpas al país por la crisis política generada por los audios salidos de su entorno más cercano, pero aseguró no haber cometido algún delito. Denunció que había “una conspiración” de sectores del Congreso que responden a “intereses oscuros” para sacarlo de la presidencia. Ha señalado que desde el Parlamento se busca tomar el gobierno para postergar las elecciones de abril del próximo año y cambiar las reglas para que los congresistas puedan reelegirse, algo que ahora no pueden hacer por una norma dada por este gobierno.

Vizcarra ha dicho ser víctima de “una traición”, de la que acusó a su secretaria Karem Roca, de su círculo de mayor confianza, a quien calificó como “un instrumento” para desestabilizar al gobierno y a la que separó del cargo públicamente. Roca es señalada como la autora de las grabaciones que han gatillado la crisis política. El presidente enfatizó que no puede ser procesado mientras esté en el cargo, pero aseguró estar abierto a cualquier investigación.

El plan para destituir al mandatario se comenzó a desmoronar cuando se conoció que el titular del Parlamento, Manuel Merino, quien sustituiría a Vizcarra si éste es sacado de la presidencia, había llamado a los jefes militares para pedirles respaldo a una destitución del presidente. Pese a su insistencia, no pudo hablar con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Astudillo, pero sí logró hacerlo con el comandante general de la Marina, almirante Fernando Cerdán. Ambos militares informaron de las llamadas al ministro de Defensa, general Jorge Chávez.

El primer ministro, el general retirado Walter Martos, ha calificado el pedido de vacancia presidencial promovido por el Congreso y las llamadas de Merino a los jefes militares como un intento de golpe de Estado. El presidente Vizcarra denunció que Merino, del partido de centro derecha Acción Popular, ya estaba armando su gabinete ministerial.

El titular del Parlamento ha admitido sus llamadas a la cúpula militar, pero se justificó diciendo que su intención era “transmitir calma” a los altos jefes castrenses. Su explicación sonó poco creíble. El gobierno evalúa denunciarlo por sedición.

Merino no consiguió el respaldo que buscaba de la cúpula militar, por el contrario, conocidas sus comprometedoras, y reveladoras, llamadas, comenzaron las deserciones en la coalición parlamentaria para sacar al presidente, una alianza armada por intereses particulares antes que por coincidencias ideológicas, que incluye en un rol protagónico a legisladores vinculados en escándalos de corrupción.

Keiko Fujimori, procesada por lavado de activos por el financiamiento ilegal de sus campañas electorales de 2011 y 2016, se distanció del pedido de vacancia presidencial que se derrumba. Su partido, que en las elecciones legislativas de enero perdió la mayoría absoluta en el Congreso, en un doble juego se dividió a la hora de votar la admisión del juicio político, un sector lo apoyó y otro se opuso.

Diversos juristas señalan que hay audios que comprometen a Vizcarra en posibles delitos, como obstrucción a la justicia, pero coinciden en que por los hechos denunciados no procede una destitución. Indican que debe haber una investigación y que de acuerdo al resultado podría abrirse un juicio a Vizcarra, pero recién cuando termine su mandato en julio del próximo año porque la Constitución no permite que el jefe de Estado sea acusado durante su gestión, excepto por unos pocos casos, como traición, impedir las elecciones o el funcionamiento del Congreso, y por incapacidad física o moral permanente.

Para pedir la salida de Vizcarra los congresistas han forzado la figura de incapacidad moral permanente. Distintos juristas opinan que la incapacidad moral permanente se debe entender como incapacidad mental, que, señalan, es el origen del término cuando se estableció por primera vez en la Constitución en el siglo XIX. Pero la actual Constitución no lo precisa y deja una peligrosa puerta abierta. Los parlamentarios arguyen el antecedente del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), acusado en el Congreso por incapacidad moral en diciembre de 2017 por recibir sobornos de Odebrecht. El pedido de destitución no alcanzó los votos necesarios, pero tres meses después PPK renunció acosado por esas acusaciones y Vizcarra, que era su vice, asumió la presidencia.

Este lunes el gobierno ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) pidiendo que se defina lo que implica el término incapacidad moral permanente y si aplica para este caso. Pero una decisión del tribunal podría demorar entre dos y tres meses, y el juicio político será esta semana, por lo que el Ejecutivo también ha presentado ante el TC una medida cautelar para detener el proceso en el Congreso hasta que se resuelva el tema de fondo.

La intención del Congreso de destituir a Vizcarra se da cuando al presidente le quedan diez meses para terminar su gestión, las elecciones generales ya han sido convocadas y el país atraviesa una grave crisis sanitaria, económica y social por la pandemia del coronavirus.