Imaginemos por un segundo que un arquitecto construye una casa. Esta se desmorona por un error técnico y fallece una persona. ¿Esto tiene consecuencias? Sí, porque esa persona tiene una responsabilidad sobre ese trabajo.
Como comunicadoras y comunicadores, transmitimos mensajes e información que inciden en las conductas de las personas. Tenemos una importante responsabilidad social. Para muchas personas las y los periodistas, especialmente en los medios audiovisuales, ocupan un lugar de autoridad. Sus acciones, mensajes y discursos son referencias y generan consecuencias.
Recientemente, la conductora Viviana Canosa, consumió dióxido de cloro frente a las cámaras y manifestó “oxigena la sangre y viene divino”. Esta acción claramente irresponsable, motivó distintas denuncias en la Defensoría del Público. La Dirección de análisis, investigación y monitoreo de la defensoría realizó un análisis socio semiótico de la emisión donde concluyó que “la conductora del programa difunde y promueve un comportamiento nocivo para la salud personal y de las audiencias”.
Al analizar este tipo de discursos, un argumento recurrente es que la libertad de expresión habilita a difundir cualquier mensaje. Sin embargo, como sostiene el profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, Esteban Rodríguez Alzueta, los derechos no son absolutos sino relativos. El derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa hay que pensarlos al lado de otros derechos. Es decir, todo derecho se ejerce en relación a otros. Mi derecho a la libertad de expresión no debería vulnerar el derecho a la salud de las personas.
Ahora bien, ¿por qué generó este mensaje mediático?¿El objetivo era promover un debate en torno a las políticas alternativas de cuidado? No. Si fuera ese el objetivo hubiera intentado citar alguna voz autorizada.
Lo que subyace es la búsqueda de mayores audiencias y el impacto a cualquier costo: más visualizaciones, estar en la agenda mediática y de las redes. Ell problema no es solo la irresponsabilidad de la conductora, el problema es la lógica mediática.
Pensar la comunicación solo como un negocio, nos propone correr detrás de las audiencias. Lo cual nos puede llevar a la estigmatización de sectores históricamente vulnerados, el sufrimiento de violencia simbólica o un fallecimiento por consumir productos tóxicos.
Si pensamos la comunicación desde nuestro marco normativo: la comunicación es un servicio y un derecho humano. Por lo tanto, en la compleja realidad que estamos atravesando deberíamos desarrollar estrategias comunicacionales para contribuir a una salud más integral de las personas.
Oportunamente sostuvo el sociólogo Pierre Bourdieu: “se puede y se debe luchar contra el rating en nombre de la democracia. Esto parece paradojal porque la gente que defiende el reino del rating pretende que no hay nada más democrático. El rating es la sanción del mercado, de la economía, es decir, de una legalidad externa y puramente comercial”. El contexto es nuevo, pero el dilema parece ser el mismo.
Por suerte, la comunicación no es unidireccional. Los discursos mediáticos también cuentan con audiencias críticas que se movilizan y denuncian cuando entienden que vulneraron sus derechos. Asimismo, con una Defensoría del Público recientemente normalizada que tomó las preocupaciones, la analizó y promovió un espacio de diálogo con los responsables editoriales del programa.
Las miradas críticas y un Estado que promueva y vele por nuestros derechos son pilares imprescindibles para oxigenar de derechos los actuales discursos mediáticos.
* Licenciado en Comunicación social. Especialista en Comunicación y culturas. Profesor de la UNRN
