Desde España

En Alemania, exaltar a Hitler y al nazismo o cuestionar la existencia del Holocausto puede conducir a prisión. En Italia sucede igual con Mussolini y el fascismo. En España, donde la democracia no llegó tras el triunfo de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial sino 30 años más tarde, cuando Franco murió de viejo y ejerciendo hasta el final como jefe de Estado, la situación es muy distinta. 

Existe una fundación Francisco Franco que glorifica la figura del dictador y se financia con fondos públicos. Hay calles en innumerables pueblos y ciudades que recuerdan todavía a cargos de la dictadura o a la Legión Azul, la fuerza de voluntarios españoles que combatió en la invasión de la Unión Soviética a las órdenes de ejército nazi. 

Mientras que familiares de represaliados durante la dictadura siguen buscando a sus antepasados en fosas comunes –con exhumaciones que numerosas autoridades locales se niegan a ejecutar pese a que hay una ley que lo obliga– en el Congreso siguen habiendo fuerzas que se niegan a condenar al franquismo, a reconocer la condición de víctimas de los presos, fusilados y desaparecidos durante la dictadura o a caracterizar como golpe de Estado al alzamiento contra la República en 1936 que desencadenó la Guerra Civil.

España no ha condenado al franquismo, simplemente lo ha olvidado. También a quienes se dejaron la vida combatiéndolo. Uno de los mayores iconos históricos de la izquierda española es La Nueve, la legendaria brigada formada por excombatientes de la República durante la Guerra Civil que encabezó la entrada de las fuerzas aliadas en la liberación de París de la ocupación nazi al final de la Segunda Guerra Mundial. 

Aunque la mayor parte de los integrantes de La Nueve murió cuando España ya había recuperado la democracia, nunca llegaron a recibir en Madrid un homenaje similar al que Francia les brindaba todos los años. Incluso el gobierno socialista de Felipe González se abstuvo de hacerlo. La mayor parte falleció en el exilio y los escolares españoles ignoran su hazaña. La amnesia pactada durante la Transición mantiene toda su vigencia. Al menos hasta ahora.

Todo esto podrá comenzar a cambiar si el gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos) consigue sacar adelante en el Congreso el proyecto de ley de Memoria Democrática, aprobada este martes en el Consejo de Ministros.

No será fácil. La propuesta tendrá enfrente una dura oposición política y seguramente también mediática. Vox ya ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional porque supuestamente atenta contra la libertad de expresión y el Partido Popular la ha calificado de “espantajo” y “comodín” para ocultar los problemas reales de los ciudadanos. El debate no ha hecho nada más que empezar.

Uno de los aspectos más importantes de la nueva norma es que incorpora un concepto de ‘víctima de la Guerra Civil y Dictadura franquista’, conforme a los parámetros internacionales de los derechos humanos, que es objeto de las medidas de reconocimiento y reparación, y condena del carácter injusto de las violaciones de derechos humanos perpetradas. También condena expresamente el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura.

Sin embargo, el más trascendente es el que se enfoca en la educación. La Memoria Democrática formará parte de los planes de estudio en primaria y secundaria y también en la formación del profesorado.

Asimismo, el texto aprobado por el Gobierno y que deberá ser refrendado por el Congreso reconoce “el papel activo y singular de las mujeres españolas como

protagonistas de una larga lucha por la Democracia y los valores de libertad,

igualdad y solidaridad, así como la represión específica y el sufrimiento infligido

por el hecho de ser mujeres”.

Además, entre otras medidas, la norma establecerá que el Valle de los Caídos, el gigantesco mausoleo que albergó durante más de 40 años los restos de Franco, dejará de ser un monumento de exaltación de la dictadura franquista para convertirse en un cementerio civil y en un lugar de homenaje a todas las víctimas de la contienda.

El proyecto de ley, además, prevé "la extinción" de las asociaciones que hagan apología de los regímenes totalitarios, entre ellas la fundación Francisco Franco. Se creará asimismo una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos que vigilará el cumplimiento de estas medidas.

Esta nueva norma deroga la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una disposición tan bienintencionada como impotente, según se demostró a partir de 2011, cuando el PSOE perdió las elecciones y el presidente Mariano Rajoy la dejó morir de inanición al no asignarle recursos en ninguno de los presupuestos que aprobó.

Una de las medidas previstas en la nueva ley es que la exhumación de víctimas del franquismo enterrados en fosas comunes será sufragada por fondos públicos. También abre la posibilidad para que los descendientes de los brigadistas internacionales que defendieron la democracia en la Guerra Civil puedan acceder a la nacionalidad española.

Entre la gran cantidad de medidas que prevé la disposición se incluye la nulidad de los juicios, consejos de guerra y sentencias a muerte por causas políticas celebradas durante la dictadura y la supresión de los los títulos nobiliarios, como el ducado de Franco o el de Carrero Blanco, otorgados durante la dictadura a personajes ligados a la represión y a las estructuras políticas del régimen franquista.

También se establecen como fechas conmemorativas el 31 de octubre, día en que el Congreso y el Senado aprobaron el texto de la Constitución en 1978, y el 8 de mayo, efeméride que recuerda en varios países europeos a los combatientes contra el nazismo, en homenaje a los republicanos españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial.

La ley incluirá también otras medidas como la prohibición de crear fundaciones que exalten el régimen franquista y la figura del dictador, la disolución de las ya existentes, como la Fundación Francisco Franco, la anulación de las condecoraciones y medallas a figuras destacadas del franquismo por sus tareas represivas –muchas de ellas llevan aparejadas el pago de pensiones a sus titulares– y la nulidad de los juicios y las sentencias de los tribunales franquistas en la posguerra civil.

También se establece la creación de un censo nacional de víctimas para reunir la información sobre todos los fusilados, represaliados y exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura, la creación de un banco nacional de ADN al que los familiares de víctimas del franquismo podrán aportar muestras para facilitar la identificación de restos y un régimen sancionador con multas de hasta 100.000 euros para las personas y administraciones que vulneren la norma. En esa línea, se protegen los de documentos referidos a la Guerra Civil y la subsiguiente represión política, así como se garantiza el derecho de acceso a esos fondos documentales. 

Asimismo, se garantiza el derecho a la investigación de las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la Guerra Civil y la dDictadura; así como el periodo que va desde la muerte del dictador en 1975 hasta la aprobación de la Constitución Española en 1978.

También se crea una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos para la investigación de los hechos producidos en el periodo entre la Guerra Civil y la Dictadura, hasta la aprobación de la Constitución Española, confunciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados.

Incorpora medidas de reparación a las víctimas, como la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas o de creenciareligiosa durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista o las dirigidas a personas que realizaron trabajos forzados.

Con todo, la ley establece la declaración de lugares de memoria democrática y, en particular y medidas para evitar la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura franquista, mediante la retirada de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática.