En los últimos meses, los argentinos nos hemos empecinado en un debate que no parece aportar soluciones reales a problemas concretos. En lugar de observar el fondo de las cuestiones que sometemos a consideración, ponemos el acento en “las formas”. Es recurrente escuchar: “Ese no es el modo”, “No era el momento oportuno”, “Nunca me consultaron”, “La votación debe ser presencial”, “El mercado hubiera preferido…”, como algunos de los criterios utilizados para evaluar diferentes actos de gobierno o propuestas legislativas. 

Curioso, ya que el modo determinante respecto de las formas de gobierno en un Estado democrático es sencillo, y se resume en una sola palabra: “ley”. Esta se cumple o no se cumple. Eso, no otra cosa, otorga validez a las “formas” en el ejercicio del poder. Por ejemplo, nombrar dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto no se ajusta a derecho, y por lo tanto no se puede hacer. Por ello el presidente Macri, tuvo que volver sobre sus pasos y recorrer el camino que indica la ley para la designación de Rosenkrantz y Rosatti al inicio de su mandato. 

Modificar los recursos que recibe un distrito debe ser posible por la vía del decreto, toda vez que Macri lo hizo en 2016 y la Justicia no le impidió hacerlo (pasando del 1,4 por ciento al 3,75 de los fondos de la coparticipación). Resulta llamativa la endeblez argumental que plantea la principal fuerza de oposición en ciertas ocasiones. No sabemos, por ejemplo, si el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, va a ajustar el gasto político en su gestión para adecuarse a una decisión del gobierno federal que permite a la Provincia de Buenos Aires recuperar oxigeno fiscal, o sólo judicializará la cuestión ante la Corte sin explicarle a la sociedad por qué estuvo bien otorgar fondos por decreto en 2016, y está mal reasignarlos en 2020.

Gestionar la administración publica, así como gobernar para todos los argentinos, es una cosa y otra muy diferente es pretender que se compartan todas las decisiones que supone el ejercicio del gobierno. El diálogo y el consenso son fundamentales, pero al final del día son formas, y todas ellas están por debajo de la única forma que garantiza la vida de la república: el respeto a la ley. 

El poder está para ser ejercido, no para ofrecer justificaciones. Siempre rindiendo cuentas como se debe en el marco de la Constitución, lo cual no quiere decir que se deba gobernar en una dirección diferente de la que supone el pacto establecido con la sociedad a partir del 10 de diciembre de 2019. El gobierno nacional se organiza sobre la base de un orden de prioridades claro e inalterable: primero los últimos. Simple, hasta doloroso para algunos, pero coherente con lo expresado en campaña. Esa fue la promesa fundamental. Se busca el dialogo, sí. Se busca el consenso, sí. Esos son los primeros pasos siempre, pero no los últimos ya que las elecciones otorgan un mandato, un capital político para tomar decisiones. Eso y no otra cosa es el ejercicio de gobierno. 

Si la oposición elije el camino del infantilismo caprichoso, el “fastidio de los modos”, solo estarán alimentando diálogos endogámicos, que busquen eco en la sociedad en blanco y negro, donde lo relevante pretende ser ocultado tras un enojo falso que no permita ver lo que ya vimos entre 2015 y 2019. En ese mandato nos quisieron hacer creer que se gobernaba con selfis y palmadas en la espalda mientras sumergían al país en una crisis sin precedentes. Eso es un hecho que no tiene que ver con las formas sino con los intereses que representan, ya que luego de aquella experiencia de cuatro años ha quedo claro que los buenos modales no llenan la olla.

* Matías Tombolini es presidente del partido APPS (Avancemos por el Progreso Social).