El jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se preparaba para hacer la presentación ante la Corte Suprema en la que exigirá que se declare inconstitucional el decreto por el que el presidente Alberto Fernández retrotrajo parte del dinero que su antecesor, Mauricio Macri, le había otorgado a la Ciudad con una suba de coparticipación. Si bien todavía seguían preparado el escrito y no había certezas de que estuviera terminado para el miércoles, todos apuntaban a que la presentación se haga entonces. Luego comenzarán a jugar los tiempos de la Corte, a la que Larreta le pedirá que dicte una cautelar para frenar la merma de fondos.

Después del anuncio que hizo Larreta el viernes pasado y del decreto que publicó el sábado, el equipo del procurador Gabriel Astarloa viene trabajando contrarreloj para hacer la presentación ante la Corte que intentará rebatir la decisión de retrotraer parte del aumento de coparticipación otorgado por Macri cuando traspasó la Policía Federal a la CABA. El decreto de Larreta presentó los principales argumentos: que la transferecia de competencias debe ser con los recursos, según indica la Constitución, y que "la reducción del coeficiente resulta un acto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional e implica una clara violación a las pautas constitucionales en materia de coparticipación, al principio de igualdad entre las provincias y otros principios constitucionales como el de progresividad y legalidad". 

A lo enunciado en el decreto, le sumarán la jurisprudencia de la Corte, cuando falló en favor de las provincias en materia de coparticipación, la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es posterior a la ley de coparticipación vigente, entre otras cuestiones que insumirán más de cien páginas.

Con esos y otros argumentos buscará frenar la merma de 1,18 por ciento de coparticipación, que se destinó a crear un Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires. En paralelo a la cuestión de fondo, presentarán un amparo para que se detenga cualquier recorte de fondos hasta que el tribunal resuelva la controversia. Los cálculos que hace el gobierno porteño llevan la cifra a 150 millones por día, que correspondían a lo que el gobierno nacional advirtió como un monto excedente al costo de la policía.

Macri subió la coparticipación de la Ciudad de 1,4 a 3,75 por ciento cuando transfirió parte de la Federal a CABA, pero para el gobierno nacional los números no cierran: vienen advirtiendo desde enero que se le trasfirió mucho más de lo que cuesta la policía. El monto bajó luego a 3,5 por ciento como parte del ajuste fiscal que el entonces presidente Macri les requirió a las provincias. Ahora, pasó a ser el 2,32 por ciento, con la decisión de Fernández. Según calculan en Nación, el 0,92 por ciento por encima del monto de coparticipación previo al decreto de Macri es el costo real de la Policía de la Ciudad.

En caso de que la cautelar no prospere, el ministro de Hacienda, Martín Mura, trabaja en reasignar partidas para cubrir ese bache. "Hasta que la Justicia se expida, y esperamos que lo haga lo antes posible, vamos a tener que enfrentar esta quita de fondos y tomar algunas medidas excepcionales", aseguró Larreta el viernes pasado. Lo que mayormente se verá afectado, indicó el vicejefe Diego Santilli, será la obra pública.

No obstante, pese a que hay una intención por parte de Larreta de que la Corte resuelva velozmente sobre esa cuestión, lo cierto es que no es el estilo del máximo tribunal, que tiene otros tiempos: probablemente corra vista al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y al procurador general interino Eduardo Casal, antes de comenzar a resolver la cuestión. También sería posible que solicite alguna pericia para determinar cuál es el costo real de la policía transferida (el centro de la cuestión en disputa), lo cual alargaría aún más los tiempos.

Si no hay novedades judiciales, es probable que el reajuste de cuentas también se vea en el Presupueso 2021 que el gobierno porteño debe presentar ante la Legislatura para el 30 de septiembre. Larreta hasta ahora tiene el respaldo de los tres gobernadores radicales y el silencio del de Córdoba. Los otros 19 gobernadores y gobernadoras firmaron una solicitada en la que respaldaron la decisión del presidente Alberto Fernández.