Desde Medellín.Cuando bajaba de un bus, en medio de las fuertes protestas que desató el asesinato de Javier Ordóñez a manos de policías en Bogotá, Jennifer recibió un disparó. Murió. Gabriel, Julián y en total 13 personas también. El dolor y la rabia son incontenibles: la masacre número 56 del año en Colombia indignó aún más a los jóvenes y ciudadanos que exigen al Estado protección a sus vidas en vez de ser acribillados mientras reclaman sus derechos. En medio del confinamiento, el pueblo colombiano venía condenando virtualmente el asesinato de 230 personasen lo que va del año, según Indepaz. La indignación por el homicidio de Ordóñez que quedó registrado en video mientras suplicaba “por favor” llevó la gente a las calles. El doloroso 2020 ha incluido, además del horrible record del regreso de las masacres, el desplazamiento forzado masivo de comunidades rurales, la amenaza constante por parte de paramilitares, y el creciente asesinato de líderes sociales y defensores humanos, y de los ex guerrilleros de Farc.

Además, las organizaciones campesinas, indígenas y afros han vivido el exterminio con más fuerza durante la cuarentena, y el hostigamiento no solo de grupos al margen de la ley que se disputan sus territorios tras la salida de la ex guerrilla y del Estado mismo de l zona ha venido en aumento. Los operativos armados por la erradicación de la coca se llevan por delante a quienes se empeñan a defender el programa de sustitución voluntaria acordado en La Habana, que les llevó a erradicar las matas, pero no al pago prometido por parte de gobierno. Varios campesinos han sido asesinados en diversos puntos recónditos de la geografía colombiana. Al cierre de esta edición, la Organización Zonal Indígena del Putumayo dio a conocer que en medio de confrontaciones entre Policía y campesinos que se oponen a la erradicación un indígena menor de edad fue herido con un arma de fuego.

Para Jose Quiroga, activista de Medellín conocido como Aquinoticias, “hay un malestar general en la sociedad colombiana que viene creciendo y que se ha manifestado en los últimos diez años con movilizaciones en los sectores indígenas y campesinos. En el sector urbano, los últimos tres años se ha tenido una fuerte movilización; luego vino el Paro Nacional del año pasado que se vio interrumpido por la pandemia; y ahora la gente volvió a las calles tras el asesinato de Ordónez”.

Para Jose, quien también es abogado e influencer, lo que se expresa hoy en las calles de Colombia es la respuesta a la exclusión social y política, el malestar que tiene el pueblo por las pruebas de la relación entre el narcotráfico y el equipo del actual gobierno de Iván Duque y, en los últimos días y marchas consecutivas, el dolor por la violencia policial que le arrebata la vida a los más jóvenes y el rechazo generlizado al abuso de la Fuerza Pública que, el año pasado, terminó con la vida de Dylan Cruz alcanzado por armas de la policía en la capital, y que está levantando todo tipo de denuncias: abuso sexual, obstrucción a la labor informativa, detenciones irreguales, y hasta detenciones en centros clandestinos como se evidenció en videos donde, además, se prueba cómo los agentes de policía se intercambian armas con hombres de civil, disparan en equipo, y además apuntan directamente al cuerpo de los manifestantes y los golpean en estado de indefensión.

Los hombres y mujeres que perdieron la vida por los disparos indiscriminados de los agentes eran todos jóvenes y algunos, como Jennifer, ni participaban de la protesta. También es este el caso de Angie, que recibió una bala y fue encontrada herida y agonizando por su familia. Por eso y por el exceso de la fuerza que la alcaldesa de la capital, Claudia López, no ha podido detener alegando insubordinación en la Policía, los movimientos estudiantiles, organizaciones y ciudadanos sin filiación alguna están manifestándose a diario. Los videos muestra cómo, además, los policías atacaron casas en barrios periféricos, amenazaban a los vecinos en los balcones, y dispararon contra conjuntos residenciales. Además, atacan a transeúntes desprevenidos y les propinan golpizas. Desde la noche del 9 de septiembre cuando iniciaron las movilizaciones y disturbios, ongs como Temblores y Campaña Defender la LIbertad reportan casi un centenar de heridos. La mayoría son civiles, y un porcentaje mínimo son agentes. En algunos casos, como lo asegura el padre Alejandro Angulo del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, en Colombia las protestas suelen ser infiltradas por agitadores profesionales. En las redes sociales, muchos afirman que quienes destruyen el comercio podrían ser policías o vándalos pagados por policías para generar caos y deslegitimar la protesta. Por su lado, el gobierno y el empresariado acusan a guerrillas urbana de los desórdenes.

Según Angulo, el uso de armas de fuego es inaceptable en las protestas. La fuerza policial se hizo para cuidar.  “El poder político y la fuerza deberían ser neutrales, servir a toda la población en vez de estar del lado de los ricos,” señala. El investigador contribuye con el Banco de Datos de DD.HH .y Violencia Política.  En su Revista Noche y Niebla ha dado conocer que los mayores violadores de derechos humanos en Colombia en 2019 fueron los paramilitares y la policía. Según el informe del banco ciado en la revista, en 2019 se presentaron 411 hechos de violación a los dd.hh. por parte de policías en todo el país, mientras los de “paras” fueron 461.

Son ya siete días continuos de protestas no solo en las plazas y avenidas, sino también en la virtualidad, donde crece el llamado a la renuncia del Ministro de Defensa de Iván Duque, Carlos Holmes, y a la reforma estructural al cuerpo policial.  “La ciudadanía está exigiendo una reestructuración profunda de la Policía. Que pase del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Que la doctrina cambie, que supere la doctrina del enemigo interno, que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y que se judicialice a los policías y políticos responsables,” explica el activista José Quiroga a Página/12.  Afirma que es inadmisible que la sociedad se preocupe más por las paredes dañadas que por los cuerpos de sus conciudadanos abatidos por quienes deberían cuidarles. En los puestos de policía que fueron incendiados y dañados durante las protestas, grupos culturales y vecinos instauraron bibliotecas y llevan a cabo veladas musicales donde invitan a educar la rebeldía y cesar la violencia. Todos están de acuerdo en que hoy día en Colombia la Policía no nos cuida. ¡Nos están matando¡ gritan también los muros de las capitales graffiteados en formatos gigantezcos durante el fin de semana pasado.