Luego de que la Justicia pusiera fecha al desalojo de la toma de Guernica para el 23, 24 y 25 de septiembre, les delegades de la toma se reunieron el martes con autoridades provinciales en una mesa de diálogo. "Dijeron que la orden (judicial) ya está firmada. Propusieron hacer un censo en estos días. Para nosotros es una garantía de que, por lo menos, si nos desalojan nos reubican", informó Camila, una de las delegadas, en diálogo con Página/12.

Ante el miedo que generó la noticia del desalojo inminente, los vecinos y múltiples organizaciones sociales se dirigieron la semana pasada a la Municipalidad de Presidente Perón a exigir una respuesta habitacional, alimentos y agua y la reapertura de una mesa de diálogo que involucrara a autoridades de provincia y Nación. Con la misma consigna de "Tierra para vivir, no al desalojo" se manifestaron este martes pasado el mediodía, cortando la avenida Yrigoyen.

La mesa de negociación instada por la Justicia se llevó adelante el martes en el Club El Progreso. Debían presentarse funcionarios del municipio y la provincia (estuvieron el director de Asistencia Inmediata, Santiago Fidanza, y el subsecretario de Hábitat de la comunidad, Rubén Pascolini) y delegades de asambleas de la toma. No obstante, del municipio no hubo participación. Más temprano, la intendenta Blanca Cantero había dicho que no había "nada que negociar" porque existe una orden de desalojo. En declaraciones radiales volvió a deslegitimar la toma denunciando a las organizaciones que, según ella, "se montan arriba de la necesidad de la gente" y porque participan personas de otros distritos. "No hay que quedarse en la película de la lástima; el que vino a tomar sabía que estaba tomando un lugar privado. Acá no hay inocentes", deslizó.

En Guernica hay familias que anuncian que no saben a dónde irán si las sacan de allí. De acuerdo a las organizaciones, son 2500. Camila contó que la reunión del martes se atrasó dos horas porque en la toma habían recibido un comunicado que les advertía que les cortarían el suministro de electricidad. Intervinieron abogades y se pudo frenar el corte. En la reunión, autoridades provinciales se comprometieron a realizar un censo, que venía siendo reclamado por las asambleas. Esto sirvió "para calmar las aguas", remarcó Camila. "Significa que habrá una posibilidad de que nos reubiquen." No hay fecha estipulada para el inicio del censo. El jueves habrá una nueva reunión con funcionarios.

En diálogo con este medio, el secretario de Acceso al Hábitat, Rubén Pascolini, había dicho que no se descarta la posibilidad de ubicar en tierras fiscales a las familias que lo necesiten. Trascendió que el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, y el gobernador Axel Kicillof buscan sellar un acuerdo con intendentes del conurbano para instalar a las familias de Guernica en predios desocupados. No obstante, Camila aclaró que este ítem no se abordó en el encuentro. "No se habla siquiera de qué predio puede haber a disposición. La intendenta dice que no se va a hacer responsable porque dice que la de la toma no es gente del municipio. No nos dijeron nada puntual. Vamos a aceptar el censo siempre que no nos corten la luz. La gente se fue un toque tranquila, pero no tenemos garantías y vamos a seguir resistiendo", expresó.

En la víspera del desalojo cobra protagonismo la especulación: el lunes por la noche quedó detenida una mujer de 22 años por ofrecer en las redes sociales lotes del terreno a 50 mil pesos. Antes, a comienzos de este mes, un remisero de Glew había sido arrestado por la misma razón. Ambas detenciones se realizaron por pedido del fiscal Juan Condomí Alcorta, quien busca determinar si hay un plan centralizado. "Nosotros nos organizamos en asambleas y por barrios. Si nos enteramos de que algún vecino vende terrenos se consensúa que se retire. Hay cosas que nos trascienden. Siempre hay oportunistas", dijo Camila al respecto.

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, sostuvo este martes que el Gobierno "no avala" las tomas y que constituyen "el peor de los escenarios". Destacó el "aprovechamiento" de mafias que venden terrenos, a la vez que reconoció la "necesidad" de viviendas. "Hay que asistirla y este Gobierno no lo va a dejar sin hacer", concluyó.

La semana pasada la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las 100 hectáreas de los barrios Numancia y San Martín. La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo. Rizzo, por su parte, no hizo lugar a los reclamos de las organizaciones que defienden a las familias y fijó los días 23, 24 y 25 de septiembre para la realización del desalojo. 

El viernes ocurrió un desalojo muy violento en Ciudad Evita, que terminó con una decena de heridos y 15 personas detenidas. Fue a la noche, incumpliendo con el protocolo para desalojos 707/19 y sin orden judicial. Una joven recibió disparos de escopeta y puede perder la visión de un ojo. En Solano, 90 familias denunciaron en las últimas horas que la Bonaerense se presentó en el predio amenazando con desarmar sus casillas y con una orden que no mostró. Y en Guernica, advirtió Camila, el "hostigamiento policial" no mermó, pese a las promesas de los funcionarios municipales en la reunión de la semana pasada.

Desde la Coordinación de Delegados y Delegadas y organizaciones por la Recuperación de Tierras de Guernica cuestionaron que quienes reclaman el terreno "no presentaron títulos de propiedad ni escrituras". Con este mismo argumento la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas que defiende a las familias había apelado el fallo de Rizzo. "No somos delincuentes, somos familias trabajadoras que sufrimos la desocupación y la pobreza crecientes, y estamos dispuestos a pelear por una vivienda digna y un pedazo de tierra", publicaron en un comunicado.