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Las instituciones educativas privadas de Salta están padeciendo una crisis económica debido a la pandemia. Esto obliga a sus directivos a generar alternativas para evitar los cierres definitivos y en la provincia ya se presentaron dos casos recientes.
Por un lado, el Instituto Bicentenario de la parroquia María Reina, que debió fusionarse con el Instituto Seminario Metropolitano 8118. Y por el otro, la escuela de Educación Especial 8030, que abrió una campaña para sumar nuevos socios que contribuyan económicamente con el establecimiento.
Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta informaron que se encuentran trabajando en proyecciones para lo que resta de 2020. Sin embargo, aseguraron que recibieron avisos de parte de colegios privados que sostienen que si no reciben una ayuda económica se verán obligados a cerrar para el período 2021.
Para la directora general de Educación Privada del Ministerio de Educación, Adriana del Valle Prieto, las diversas situaciones de emergencia se manifiestan por la ausencia del principal recurso económico que tienen las instituciones y que tiene que ver con el pago de las cuotas mensuales de los estudiantes.
Además, Prieto dijo que se viene arrastrando una situación económica difícil de años anteriores, pero que con el actual contexto, a la gestión privada "se le hace mucho más difícil cumplir con las proyecciones” que se tenía a principios de año. Por eso, afirmó que la “pandemia agravó toda la situación” provocando que económicamente los colegios “estén sufriendo bastante".
Para la funcionaria, este tema se empezó a plantear en abril, cuando se vio que muchos de los padres se quedaron sin trabajo y ya se vieron imposibilitados de afrontar el pago de la cuota escolar. “No están siendo pagadas y hay una morosidad muy fuerte”, resaltó. A causa de eso, los establecimientos están manteniendo deudas en sus contratos de alquileres, pago de sueldo del personal de maestranza y de impuestos.
En Salta existen 150 instituciones privadas. De ese número, 91 colegios son manejados por el Consejo Provincial de la Educación Católica (COPRODEC) del Arzobispado de Salta, en este último caso, registran deudas que oscilan entre el 45% y 50%.
Prieto dijo que el acceso a la educación privada presenta dos extremos, aquellas familias “más favorecidas” económicamente y las familias en contextos más vulnerables. En este segundo caso, se logró llegar a acuerdos tanto para el desarrollo de clases como por las deudas generadas.
Contó que el pago de los sueldos a los docentes mediante el Programa de Asistencia, Trabajo y Producción (ATP) “no ha podido responder a la necesidad completa de la provincia”. En ese sentido, señaló que sólo un pequeño porcentaje ha accedido al beneficio.
A causa de ello, varias autoridades de las instituciones le manifestaron al Ministerio que de seguir así “no van a poder continuar para el año que viene”. Y que de continuar se daría únicamente si existe un acompañamiento estatal, sea provincial o nacional.
Prieto expresó que desde Educación se está trabajando junto al Ministerio de Economía para “poder ver el escenario total de la provincia” y saber “cómo se van a ir respondiendo a estas distintas necesidades”. “Tratamos siempre de acompañar a las instituciones”, subrayó.
Ante ello, afirmó que la migración de estudiantes a las instituciones públicas se está produciendo, pero “no son demasiadas”. “Esta migración no se dio en gran cantidad porque creo que las familias siguen apostando al colegio donde inscribió a su hijo”, consideró.
Una fusión no aceptada
En referencia a la situación del Instituto Bicentenario de la parroquia María Reina, que se ubica en el barrio El Tribuno en la zona sur de la capital, Prieto dijo que el conflicto económico viene desde hace tres años. El colegio reúne actualmente a 500 estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria y funciona desde 2010.
En 8 de septiembre, los padres del colegio recibieron vía WhastApp una nota del Arzobispado de Salta por la que se les comunicó que el nivel secundario se fusionaría desde 2021 con el Instituto 8118, que está en el centro salteño. El Arzobispado indicó que el colegio María Reina afronta dos “problemas muy graves”: ya “no es viable para sostener la oferta educativa que brinda” y “no tiene suficiente espacio para sus educandos”, según se lee en la nota.
En el caso del Seminario Metropolitano, indicaron que las inscripciones merman años tras año, lo que pone en peligro la matrícula del establecimiento por la poca demanda educativa.
Desde el momento en que se conoció la decisión del Arzobispado, los padres del colegio María Reina se manifestaron en redes y con bocinazos en la zona donde está el establecimiento.
Para Carolina David, madre de unos de los estudiantes, los argumentos brindados “no son excusa”. Consideró que se trató de una decisión “inconsulta” y “arbitraria”, entendiendo el grado de participación que tienen los padres desde el momento de su fundación. “Ni siquiera nos convocaron” ni de manera virtual o presencial, recriminó la madre. Se trataría de 110 alumnos que migrarían al establecimiento ubicado en la calle Mitre al 800.
Para David, esta decisión “le quita el sentido de pertenencia” que tienen los estudiantes por el lugar. “No hay derecho porque nosotros nos sentimos parte de esto”, dijo. Agregó que no se trata de “comodidad por la cercanía”, sino que es el proceso de trabajo que la comunidad realizó en la institución.
Las familias enviaron una nota vía mail a la responsable legal del Instituto, Silvia Peralta, solicitando que se revea la “lamentable” situación. El escrito reunió la firma de más de 150 padres.
Por su parte, Prieto dijo entender a las familias y consideró que de haber existido mecanismos de diálogo como las asambleas, los padres “hubieran podido escuchar la situación económica real” y “no sentirse defraudados”. “No es una medida que se esté tomando arbitrariamente y caprichosamente sino que se plantea de años anteriores y que han tratado de solucionar, pero la pandemia hizo acelerar las difíciles situaciones”, argumentó.
Sumar nuevos socios
La escuela de Educación Especial 8030 tampoco escapó a la crisis y sus responsabiles debieron emprender la campaña “Juntos por la inclusión”. La representante del establecimiento primario, Silvia Artaza, contó a Salta/12 que la escuela funciona a través de una asociación de padres y que ante la pandemia se vieron imposibilitados de brindar los aportes correspondientes. La escuela, que nació hace 33 años, actualmente tiene a 53 estudiantes.
Por eso, dieron paso a la campaña solidaria que consiste en sumar nuevos socios que puedan aportar mensualmente $300. La recolección serviría para pagar gastos de alquiler, impuestos y sueldo del personal de maestranza. La iniciativa quedará abierta para que se sumen ex alumnos, ex docentes y la propia comunidad salteña.
Artaza expresó que están teniendo respuestas ante la iniciativa y que les permite desestimar el cierre de la asociación. "Hemos revivido el apoyo”, expresó la responsable de la institución, quien indicó que quien esté interesado puede comunicarse al 3875115084.
El colegio recibe una subvención por parte del Ministerio de Educación que les permite pagar los salarios de los doce docentes que se desempeñan en el lugar. Pero el pago del resto de los gastos ya se vio impedido cuando el dinero que se había generado por las inscripciones se fue terminando. “Ya no pudimos afrontar el alquiler del mes pasado, el pago del telefóno ni el sueldo de la ordenanza”, lamentó Artaza.
