Se sabe quién mató de 13 puñaladas a Vanesa Castillo al mediodía del 15 de febrero de 2018, cuando salía de la escuela 533 Victorino Montes, de Alto Verde, un barrio de la costa de la ciudad de Santa Fe, separado por el río de la zona urbana. Fue Juan Ramón “Cacho” Cano. Y está siendo juzgado desde el lunes, aunque ésa es apenas la punta del ovillo. Vanesa era maestra, tenía 33 años y una hija de 11, recorría 48 kilómetros en moto todos los días, desde la localidad donde vivía, Santa Rosa de Calchines, hasta su lugar de trabajo. Dos meses antes de su femicidio no íntimo había acompañado a una alumna a hacer la denuncia por abuso sexual infantil. La nena estaba embarazada y aunque no era estrictamente de su clase, Vanesa la escuchó y le permitió hablar. "Vanesa acompañó de manera comprometida, cumpliendo su función docente como dispone el decreto 2.288, inició un protocolo, acompañó a una niña, declaró en fiscalía como testigo y dos meses después terminó muerta”, dijo la abogada querellante Carolina Walker Torres en la audiencia inicial del juicio que tendrá su veredicto el lunes, a las 11. Las fiscales Cristina Ferraro y Bárbara Ilera solicitaron la pena de prisión perpetua para el acusado, igual que la querella. Además del femicidio, se lo acusa de amenazas, atentado a la autoridad y agresión. El tribunal integrado por Rosana Carrara, José Luis García Troiano y Leandro Lazzarini rechazó juzgar si Cano actuó como sicario, a las órdenes de otro, pese a que él mismo lo expresó en la audiencia preliminar del 5 de marzo pasado. Disciplinamiento es la palabra que describe al asesinato de una maestra que ayudó a desmontar la violencia sexual que muchas niñas sufren, en una inmensa mayoría, al interior de su familia.

Pocos días después del femicidio, se conocieron audios en los que Vanesa develaba conflictos con la dirección tras la denuncia. Se sentía desamparada. “Estas cosas me pasan porque siempre suelo ser demasiado honesta (…). Yo me tendría que haber quedado callada, ni siquiera tendría que haber hablado con la nena. Pero es parte de mí, moralmente y éticamente me parece incorrecto no hacerlo y es parte de mí, me hago cargo”, dice en un audio que envió a alguna de sus compañeras de la escuela. 

El decreto 2.288, cuestionado por la familia de Vanesa y también por las agrupaciones gremiales docentes y estatales, fue firmado por el ex gobernador Miguel Lifschitz en 2016. “El Estado no protege a los docentes, ni a los asistentes sociales, ni a los médicos que acompañan a niños y niñas que son víctimas de vulneraciones de derechos", planteó la profesional durante su alegato de apertura. Walker Torres acompaña desde el primer día a la familia de Vanesa. 

El juicio resulta insuficiente. El propio Cano dijo que lo habían mandado a “sicariar” a la maestra. Tirar del hilo puede llevar a encontrar otros responsables. Pero eso requiere voluntad, lo mismo que la aprobación de la llamada Ley Vanesa, para que el Estado brinde garantías a les agentes estatales que cumplen con su deber de informar la vulneración de derechos.

"El 5 de marzo en la audiencia preliminar ocurre algo que realmente nosotros no esperábamos, si bien lo sabemos y lo veníamos sosteniendo desde el primer día. Cano dice a viva voz que él no se quería comer la perpetua solo, porque a él lo habían mandado a sicariar a la maestra. Lo cuenta él. Y yo la escuchaba muy atentamente a la señora presidenta cuando le explicaba a Cano que él tenía derecho a ser oído, pero a Cano no se lo escuchó. Nosotros en ese mismo momento solicitamos una ampliación de la imputación, para que se lo impute también por homicidio calificado por promesa remuneratoria. No se lo hizo", expresó también Walker en la primera jornada del juicio, que se transmitió por el canal público de la provincia de Santa Fe, 5RTV, como se hará hoy, desde las 8.30 con los alegatos de clausura y el lunes con el veredicto.

La argumentación de Walker Torres incluyó una pregunta. "¿Qué hizo la fiscalía cuando le pedimos que escuchen los audios con la voz de Vanesa? Diciendo que ella había acompañado a una niña víctima de abuso sexual infantil, que la había acompañado sola porque nadie del Ministerio de Educación la había asistido en ese acompañamiento. Era la voz de Vanesa, le pedimos al fiscal que la escuche. Si llamó a esas docentes, qué declararon. Y en ese momento, lo quiero decir porque la verdad el maltrato que hemos sufrido ha sido muy importante, el mismo fiscal regional nos advirtió que no hablemos, que nos iban a denunciar al Colegio de Abogados si hablábamos".

Aquel mediodía, Cano interceptó a la víctima cuando salía de la institución educativa en la que trabajaba como docente, con la excusa de venderle calzado", relató la fiscal Ferraro en la audiencia inicial del juicio. "Castillo rechazó la oferta, se acercó a su motocicleta y el acusado le pidió que lo llevara hasta una cancha de fútbol cercana", siguió contando cómo habían sido los hechos. “Luego de que la víctima se negara y mientras se subía a su motocicleta para volver a su casa, el acusado se abalanzó sobre ella, subió a la parte trasera del vehículo y le asestó numerosas puñaladas con un arma blanca en distintas partes del cuerpo". Vanesa intentó conducir la moto mientras pedía auxilio. Luego, chocó contra un montículo de tierra, cayó al suelo y el acusado se escapó. Declararon 71 testigos. 

Tanto Silvia Castillo como Walker Torres llevan años encontrando los hilos que unen la denuncia de Vanesa con su femicidio, aunque hasta ahora no encontraron eco en la Justicia. Al mismo tiempo, Silvia y la Asociación Civil Democracia Directa impulsaron un proceso participativo para promover una ley bautizada como “ley Vanesa”. El 8 de mayo de 2019 fue la primera jornada de debate público de la ley Vanesa, impulsada por la Asociación Civil Democracia Directa, estableció modificar el decreto 2.288 con la “incorporación de métodos e instituciones de protección específicas para agentes públicos estatales y privados obligados a denunciar los hechos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes que lleguen a su conocimiento en el cumplimiento de sus funciones. Resguardo de la identidad del agente vehículo del develamiento. Anonimato en las denuncias/anoticiamientos. Licencia inmediata una vez develado el hecho puesto en su conocimiento. Traslados inmediatos. Prohibición de ser testigo en causa penal iniciada en virtud del develamiento o en su caso protección estricta de su identidad. Asistencia jurídica permanente”. Esa ley no fue tratada todavía. Al iniciarse el juicio, la CTA Autónoma de Rosario lanzó una campaña de recolección de firmas por la sanción de esa herramienta legislativa. ”La Ley Vanesa surgió de la lucha colectiva, tras un femicidio evitable si hubieran estado dispuestas las herramientas para impedirlo. Se trata de una legislación que sirva de garantía para las y los niños abusados, las y los adolescentes vulnerados, pero también para quienes acompañan el recorrido en búsqueda de justicia”, convocan.