Buena está sentada en un banquito al costado de su carpa/casilla. Al lado, sobre un colchón al sol juegan tres de sus cuatro hijes. Intercambiamos unas palabras mientras un calefón eléctrico calienta el agua para la ducha de su hija más chiquita, que pregunta cuánto falta. Buena tiene 31 años y es madre soltera. Hasta antes de la pandemia cuidaba a una persona en el barrio porteño de Recoleta. Para poder ir a trabajar, dejaba a sus hijes con Alejandra, de 21, también vecina de Guernica.
Trabajaba de viernes a lunes. Viajaba dos horas de ida y dos horas de vuelta hasta Capital Federal para cobrar los $18.800 mensuales que, sumados a las asignaciones universales, le alcanzaban para cubrir lo básico: comida para todos los días, el alquiler de una pieza para las cinco, los remedios para su hija menor que sufre de artritis, y $6800 para Alejandra.
Hasta el 30 de septiembre, por decreto, quien no pueda pagar el alquiler no debería ser desalojado. Tampoco deberían dejar de cobrar las empleadas de casas particulares que no puedan trasladarse por las medidas de aislamiento.
Sin embargo, a Buena dejaron de pagarle. Y la echaron de la pieza. Entonces Alejandra también se quedó sin ingresos. Desde el 20 de julio, las seis viven en la toma de Guernica junto a otras dos mil quinientas familias distribuidas en un predio de 100 hectáreas en el tercer cordón del Conurbano.
Si la justicia se ocupara de hacer cumplir las normas cuando se infringen los derechos laborales con la misma celeridad con la que ordena un desalojo, tal vez las tomas no existirían. Si actuara para defender el derecho a la vivienda, como actúa cuando se trata de defender la propiedad, quizás no habría 900.000 personas con déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires. O al menos serían muches más quienes tendrían una vivienda digna, tal como exige el artículo 14 bis:
“El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”
Para tranquilidad de quienes dicen ser los dueños -aún cuando está en duda la titularidad de los terrenos y ni siquiera se sabe si durante los últimos años cumplieron sus obligaciones como tales-, el desalojo está previsto para el 24 de septiembre.
El último orejón de las estadísticas
Donde termina la calle de tierra y empieza un verde intenso de pasto abonado se ve una bandera de arrastre caída que indica una de las entradas a la toma. El barrio contiguo, Villa Numancia, acogía hasta poco a muches de quienes hoy duermen en carpas improvisadas de nylon y con suerte alguna madera.
“Desde abril fuimos llegando a Numancia. Éramos hasta dos o tres familias en un mismo cuarto. Insostenible”. Las casas bajitas de material, muchas con techo de chapa, de uno y dos ambientes de los barrios aledaños se llenaron de familiares y amigues en busca de refugio durante los últimos meses.
Giselle cuenta que fue una de las primeras en instalarse. “El primer día que quisimos entrar, el 19, la policía nos sacó. Volvimos al día siguiente y ya éramos el doble. Vino gente de todos lados. Cuando se corrió la bola fue imparable. Hasta de capital vinieron, muchas familias que estaban en la calle. Y ahí sí, ya nos quedamos”.
A partir de los años setenta, con la intervención de la dictadura militar, en Argentina desaparecieron las políticas de loteos populares, el acceso masivo a la tierra y a la autoconstrucción a través de créditos baratos. En las décadas siguientes, en el conurbano bonaerense se generalizaron distintas formas de loteo informal. Hubo ocupaciones importantes durante la década del 80, 90 y el pico fue después de la crisis de 2001, que dejó a más de la mitad de la población debajo de la línea de pobreza.
En la década siguiente, hubo importantes planes de vivienda y mejoras en los servicios públicos pero la mayor densificación y el aumento sostenido del valor del suelo empujaron al hacinamiento, a la proliferación de subdivisiones y alquileres informales.
En 2016, el Relevamiento de Barrios Populares registró 4400 barrios populares (barrios en los que, o bien más de la mitad de la población no tiene título de propiedad del suelo o bien más de la mitad de la población no tiene acceso regular a 2 o más servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario o red cloacal). Más de 1400 están en el GBA. Entre 2017 y 2019 la gestión Cambiemos desmanteló programas de vivienda y, sumado al aumento del desempleo y el deterioro del salario, se inició una nueva etapa de la crisis habitacional. Durante 2019, se registraron 140 tomas por mes.
La crisis del COVID-19 se montó sobre esta situación, que en la Provincia ya era crítica. En este contexto, crecen las noticias de nuevas tomas e intentos de tomas en el Gran Buenos Aires. Es difícil saber si aumentaron o si durante el año pasado no tenían la prensa suficiente. Algunas no son nuevas. Llevan años en conflicto. Pero otras, como la de Guernica, sí se produjeron en contexto de pandemia. En medio de una crisis sanitaria sin precedentes, suena más que nunca la pregunta por el derecho a una vida digna, que parece correr siempre detrás del incuestionable derecho a la propiedad privada. Sin importar cuántas vidas corran peligro por la defensa de un propietario y su derecho a decidir sobre el uso de una tierra que mantuvo ociosa durante años y años.
Más de 9 millones de personas se quedaron sin ingresos y por eso accedieron, durante cuatro de los seis meses que llevamos en esta situación, a un Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000. En abril y mayo, muchos declaraban haberlo destinado al pago de alquileres informales.
Más allá de la pobreza, la indigencia releva a quienes no cubren la canasta básica alimentaria. Según el último dato disponible del INDEC del segundo semestre de 2019, una de cada ocho personas en el país no cubría el consumo mínimo de alimentos. En los partidos del conurbano, eran un 11%. La cifra es aún más alta entre menores de catorce años: 13,6%.
¿Cuántos serán un año después, pandemia mediante? Una vez más, la crisis empuja y hacina a quienes penden del último eslabón de las estadísticas.
Vida cotidiana: olla popular de emergencia
Los relatos en Guernica están divididos. Una buena parte accedió al IFE pero otrxs están dentro de quienes fueron rechazadxs.
Giselle es encargada de un merendero que funciona desde los primeros días en su terreno. El loteo no previó espacios comunes. Todas las manzanas están ocupadas. Al principio cocinaban a leña. Hace poco el esposo de una vecina, garrafero, consiguió un mechero. Fundamental para evitar las limitaciones de la leña húmeda. Antes, si llovía, no se podía cocinar. Para quienes no tienen ingresos, la solidaridad de les vecines es la única forma de acceder a un plato de comida. Se cocina día por medio al mediodía y la merienda todas las tardes. La olla se pasa de parcela en parcela, para dividir el trabajo. Cocinan con lo que aporta cada une: un paquete de fideos, lentejas, cada tanto pollo.
Giselle cuenta también que en los primeros días les dijeron que estaban censando y en realidad buscaban nombres para abrir causas por usurpación. Desde ese día hay quinientos imputados. Su hija fue una de las que firmó sin saber que su interlocutor no era un censista, sino la policía bonaerense. Pese a los intentos de amedrentamiento, la organización crece.
Lo primero fue dividir las manzanas. Hay tres tamaños de terrenos y se asignan según la cantidad de gente. Cada manzana tiene une delegade y une subdelegade. Los barrios se llaman: “La unión”, “La Fuerza”, “20 de julio” y “Nuevo San Martín”. En las asambleas de los cuatro barrios se decide lo importante: por ejemplo, la regla de que nadie pueda tener más de una parcela y las fechas para movilizarse a la municipalidad.
El terreno es un descampado abierto. Apenas baja el sol, se escucha como el viento golpea el nylon negro de las carpas que no llegan a retener el calor. “Nunca pensé que iba a ver algo así. Es muy fuerte. Una madre con dos criaturas, los tres tapados con una sola manta. El frio que pasamos acá en julio y agosto, no te das una idea”, dice Giselle, mientras aparecen algunas de sus hijas para sumarse a la conversación.
Alrededor del predio se ven autos de la policía. “La semana pasada la detuvieron a la chica que está sentada ahí por entrar con madera. Le sacaron todo y estuvo un día en la comisaría. Después la largaron”, cuenta la hija mayor de Giselle, con su hijo en brazos. Por eso la gran mayoría son carpas de plástico. Sólo unos pocos tienen chapa y madera.
El agua la juntan en bidones. Se las dan les amigues-vecines-familiares de los barrios contiguos. La luz también. Ya casi todas las parcelas lograron conectarse.
Alrededor de cada manzana están cavando zanjas. Por ahora no sufrieron inundaciones, aunque es imposible no mojarse cuando llueve. “El otro día cayó granizo y los techos quedaron como coladores”, dice Giselle.
Una pareja muy joven pasa con un bebé en brazos y posa para la foto. Él lleva barbijo y ella no. Cuando se da cuenta, se esconde detrás de su novio, dice que prefiere no mostrarse sin protección. Los cuidados posibles ante la pandemia de COVID-19 son más que limitados sin acceso al agua corriente y compartiendo espacios cerrados tan reducidos. Aun así, se ven esfuerzos por cumplir con los protocolos de distanciamiento.
Por momentos el paisaje parece el de un campo de refugiadxs. Pero es mucho peor. Faltan las postas sanitarias, los baños químicos y la ayuda humanitaria.
La amnesia de los ricos
Los relatos sobre el predio coinciden. Siempre estuvo vacío. Durante los últimos años, un agricultor de la zona dejaba ahí sus animales, cuenta una vecina de Guernica. Por eso la tierra se ve tan fértil. Uno de los que dice ser dueño del predio es Guido Giana, concejal de Presidente Perón que pertenece al PRO. Desde su cuenta de twitter, celebró el proyecto del Diputado Alex Campbell para que “no puedan acceder a programas de asistencia provincial personas y organizaciones sociales que participen o promuevan usurpaciones”.
Esta semana, entrevistado por TN Noticias, aprovechó para agradecer el apoyo de las fuerzas de seguridad provinciales y de la intendenta Blanca Cantero, que asegura que en el predio “una empresa estaba haciendo un desarrollo” y que “no hay inocentes” entre quienes lo ocuparon. Giana, además, trató de criminales a quienes están en la toma y pidió que “se dote de todo lo necesario” a la policía para intervenir. El concejal dice que vive en el terreno lindero a la toma con su familia y que “están viviendo una pesadilla”. Les vecines niegan que haya vivido siempre ahí y cuentan que son constantemente amedrentados por su seguridad privada. Incluso con armas de fuego.
A Blanca Cantero, la intendenta de Presidente Perón, muchos la recuerdan de su época como diputada de la provincia, cuando llevaba colchones y comida a la toma de San Jorge.
“¿Cómo es que tanta gente junta llega a instalarse en un terreno?”, “Tiene que haber una organización delictiva detrás”, se murmura, incluso entre quienes pueden sentir vergüenza por no estar automáticamente del lado de les más vulnerables. Se apunta a los movimientos sociales y a los partidos de izquierda. Y a los vivos que especulan con la venta de parcelas. Pero en ese mismo acto opera la amnesia: se olvidan de las condiciones en las que viven quienes reclaman un pedazo mínimo de tierra. Se olvidan de otra pregunta fundamental: ¿cómo es que tan poca gente llegó a concentrar tantas hectáreas? ¿Qué clase de arreglo (institucional) lo permitió? ¿Cuál es la historia de los títulos de propiedad de esos terrenos y cuál su vínculo con la especulación inmobiliaria que deja a millones sin casas? Eso parece no importar.
La cobertura mediática elije hacer eje en el delito y escandalizarse porque “se ofrecen terrenos a la venta en facebook”. Jamás se les ocurriría denunciar por no cumplir la ley a la señora de Recoleta que dejó de pagarle a Buena su sueldo. Ni preguntarse cómo amasaron sus fortunas los dueños de las mansiones de la zona. Tampoco faltan los que dicen que se trata de narcotraficantes y se esmeran por encontrar antecedentes penales entre quienes están durmiendo debajo de un nylon pero callan ante la evasión fiscal de los vecinos del country de al lado. O peor: ante la ocupación ilegal de terrenos que hacen los barrios privados.
Una asamblea feminista
A raíz de una carta que mujeres de la toma dirigieron a las Ministras de Mujeres, Géneros y Diversidades tanto de Nación como de la Provincia para contar sobre su situación y pedir acompañamiento, una serie de colectivas feministas se acercaron a Guernica el sábado pasado a brindar su apoyo.
Al igual que la pobreza, el desempleo y la falta de ingresos, el déficit de vivienda golpea más a las mujeres, lesbianas, travestis y trans, y principalmente a quienes tienen menores a cargo. Son a quienes más rechazan cuando intentan alquilar y quienes tienen menos acceso a la propiedad de la tierra en general.
No existe aún un censo de la población que está en el predio, pero a simple vista se nota el protagonismo de mujeres y niñes. Se las ve ir y venir de carpa en carpa, preguntar por un delegado, ordenar cartones de leche, correr detrás de algun chiquillo que se escapa más allá de la vista. Aparece también en los relatos: son las que están al frente de la organización colectiva de los cuidados, detrás de las ollas para que el guiso rinda más platos, son las que saben cómo está y qué necesita cada vecine y hasta ahora, las que más se movieron para evitar el desalojo.
En la parcela de Giselle, donde funciona el Merendero 20 de Julio, se armó una ronda-asamblea feminista. Con barbijos, distancia y mates individuales, la palabra circuló entre compañeras de distintos barrios, colectivas y organizaciones políticas.
Las conclusiones duelen: en Guernica falta de todo. Abrigo, comida, medicamentos. Tampoco hay espacios comunes. Cada metro cuadrado está ocupado. Falta, sobre todo, la garantía de que no tendrán que volver a la calle “a dormir debajo de un puente”, como contó Nelly, jubilada que dormía en estaciones cuando sus hijes eran chiques.
Nelly llegó a la asamblea del brazo de su hija y una muleta para ayudarse a caminar. Se sentó y desde la silla habló todo lo fuerte que pudo “nosotras no estamos amenazando con armas a nadie como hizo la policía la semana pasada. Sólo queremos un lugar para vivir. Yo estaba en lo de mi hija. Éramos siete en un cuarto. No podía estar más ahí. Por eso me vine. Me preguntan si tengo miedo ¿qué voy a tener miedo? Yo viví en la calle. Pasé de todo. No tengo miedo”, cierra Nelly, como si recitara una de nuestros cánticos feministas.
De los $14.500 que cobra por la Pensión para Adultos Mayores, $8.000 tuvo que gastar en los medicamentos para la artritis. “Yo no me niego a pagar. Soy una ciudadana como cualquiera. Quiero pagar por mi pedacito, la luz, los servicios” dice Nelly.
“No sé para qué quieren los campos. Hace años que están ahí vacíos. Yo también tuve que tomar un terreno. Estaba alquilando con mis hijxs en Claypole y no pude pagar más. Ahora estoy en un lugar así como éste. Un campo. No sé para qué lo quieren. Que nos lo den para pagar como podamos, pero que nos dejen vivir ahí” dice la hija de Nelly y desnuda, con la voz quebrada, las consecuencias de la especulación inmobiliaria.
Cami y Xime, las más jóvenes de la asamblea, escuchan atentas la intervención de Lily Galeano, de H.I.J.O.S La Matanza. Lily cuenta que participó en luchas por la tierra en los años ochenta y que está acá para acompañar, para lo que necesiten. Xime sonríe y pide que más compañeras compartan sus experiencias. “Necesitamos aprender de otros procesos, cómo organizarnos, saber qué más podemos hacer para que nos escuchen”.
Jackie Flores, referenta de la UTEP-MTE, se refirió a su experiencia como vecina la ex AU3, en la Ciudad de Buenos Aires. “Yo no usurpo nada. Es importante ver cómo vamos reconociendo desde las palabras. Ni mis hijos ni yo somos delincuentes. Somos parte de la Ciudad y nos tenemos que animar a discutir el hábitat. Este es el feminismo popular que quiero construir”.
Giselle presenta a las más tímidas y las invita a hablar: las llama por su nombre y el número de manzana en la que viven. Agatha es una chica trans y minutos antes de la asamblea fue agredida por sus primos. La salvaron las vecinas que acudieron apenas escucharon sus gritos. Cuenta lo que pasó mientras sostiene con su mano un pañuelo para contener la sangre que todavía cae de su nariz.
Al día siguiente, Agatha volvió a ser agredida pero esta vez las redes feministas nacidas en la asamblea se activaron rápido. Se juntó plata y un grupo la acompañó para comenzar a tramitar el cambio de su DNI de acuerdo con la ley de identidad de género y un subsidio del nuevo programa Acompañar, del Ministerio de Mujeres, géneros y Diversidad, para personas víctimas de violencia.
Hacia el cierre de la jornada, Mafalda Sánchez de la Red Potencia Sur destacó la importancia de que “desde los feminismos tomemos la agenda de la tierra y la vivienda como una agenda urgente”. Y agregó “entendemos que no hay posibilidad de salir de las distintas situaciones de violencia y explotación sin acceso a la tierra, a la vivienda, al trabajo. Y queremos hacerlo desde una perspectiva feminista. En ese sentido, el trabajo comunitario y la construcción de redes son cuestiones claves a la hora de pensar entornos seguros, para pensar en vivir una vida libre de violencias. Y eso se vio hoy en cómo organizaron este merendero, esta manzana, este barrio; en cómo defendieron a una compañera de un ataque patriarcal”.
Mesa y desalojo: de sueños y pesadillas
En este tiempo hubo movilizaciones de les vecines a la municipalidad y algunas mesas en la que participaron los ministerios de Desarrollo, Justicia, Seguridad y Mujeres, políticas de género y diversidad sexual de la provincia. Según la titular de esta última cartera, se habría acordado hacer un censo del que participaría su Ministerio para relevar puntualmente la situación de las mujeres y el colectivo LGBT.
Sin embargo, el desalojo sigue previsto para el 24 de septiembre. El mismo juez convocó el lunes a una instancia en la que participarán los ministerios mencionados, otras áreas específicas de niñez y adolescencia y las organizaciones que así lo requieran. Dicha instancia tendría como objetivo “la implementación de un plan de contingencia y acciones consistente en la implementación de un dispositivo interministerial, destinado a identificar los procedimientos y las alternativas de solución particulares de cada caso, que permitirían la relocalización de las personas que ocupan los predios en cuestión”.
El tema divide al gabinete nacional y también al provincial. La ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa, lo atribuyó a "situaciones delictivas". Hasta el momento, nadie presentó ninguna evaluación pública de cuáles serían los costos de una relocalización y cuáles los de un plan de viviendas en el predio en cuestión, que incluya la integración sociourbana y el tendido de servicios públicos.
Por ahora, por más obsceno que suene, entre tierra para vivir y tierra para la especulación inmobiliaria, ganó lo último. Lo único que se sabe del “desarrollo” que una empresa estaría elaborando para el predio es que un barrio privado querría extender sus canchas de rugby.
Algunas soñamos con que lo que se convirtió en la toma de tierras más grande del país sea, por primera vez, un puntapié para pensar el hábitat y el acceso a la tierra en clave feminista: la asignación de casas, la distribución de espacios comunes, la preocupación por la alimentación y el medio ambiente.
Como decía un documento que circuló después de la asamblea y que firmaron cientos de colectivas feministas y organizaciones de derechos humanos, el desafío es enorme: tierra para vivir, feminismo para habitar.
