Una de las muletillas electorales de Cambiemos fue que durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner sólo se había generado empleo público. Se trataba de una exageración ya que los datos de empleo registrado indican que si bien el empleo público había tomado la delantera con 581 mil empleos nuevos en ese período y 185 mil monotributistas sociales (en gran parte por intermedio de políticas públicas); el sector asalariado privado había generado 194 mil empleos y los trabajadores privados por cuenta propia (monotributistas y autónomos) otros 127 mil.
Durante el primer año de gobierno de Macri cayó en términos absolutos el empleo asalariado privado (-22 mil), creciendo el empleo público (+28 mil), el registro de monotributistas(+53 mil, en gran parte por acceder a asignaciones familiares) y los monotributistas sociales (+26 mil). Intentando dar cuenta de esa paradoja, el especialista en teoría del Estado Oscar Oszlak indicó que “achicar el empleo público, explosivamente engrosado durante el kirchnerismo, quedó descartado frente a las severas críticas que desató la mínima reducción llevada a cabo durante los primeros meses de gobierno”. En la misma nota, Oszlak calificó como “imprescindible reducir el gasto público asignado a la propia función de gobernar” dados los “alarmantes” números de pobreza, que “los brotes de la economía no superaron aún el ras del suelo, las inversiones tardarán en llegar y el crecimiento del empleo demorará más de lo esperado”.
¿Por qué razón el despido de empleados públicos contribuiría a aliviar ese coctel explosivo de pobreza, falta de inversiones y bajo empleo privado? Tratando de descifrar la lógica del columnista de La Nación, los recursos públicos que se ahorraría con los despidos (¿acaso piensa en no pagar las indemnizaciones?), se podrían destinar a la seguridad social. En esa búsqueda del ahorro público, Oszlak encuentra poco relevante la poda de ministerios y apunta sus dardos a “otro iceberg preocupante”: “que los trabajadores estatales representen el 18 por ciento de la fuerza de trabajo ocupada de la Argentina y que 8 de cada 10 se desempeñe en provincias y municipios, muestra hasta qué punto se ha distorsionado la estructura laboral de este país”.
Sin embargo, las estadísticas de la OIT indican que para los países de la OCDE, el empleo público representa el 21 por ciento del total. Por otra parte, países como Suiza, Alemania, Estados Unidos o Japón tienen el 85 por ciento de su fuerza laboral pública empleada por los equivalentes a sus Estados Provinciales.
Oszlak le escapa a otros “iceberg”, como los crecientes intereses que surgen de la política financiera del Banco Central y de endeudamiento Nacional y Provincial, o las desgravaciones impositivas a sectores de elevados ingresos implementadas por Macri en su primer año de gestión. Pero más grave es la lógica de política económica implícita en su razonamiento, ya que los despidos públicos reducirían el consumo, derrumbando aún más la inversión y el consumo privado. Así, el ahorro público obtenido deberá usarlo para asistir a los nuevos pobres que generó con su política de achicamiento del Estado.
@AndresAsiain
