El gobernador Axel Kicillof examinará en detalle las 41 designaciones de jueces, fiscales y defensores provinciales que Juntos por el Cambio aprobó por mayoría y sin acuerdo del oficialismo en el Senado bonaerense. Se trata de los pliegos que la ex gobernadora María Eugenia Vidal había propuesto el año pasado y que la actual gestión había pedido que fueran retirados de la cámara alta para analizarlos, tal como ocurrió en 2016 con los que había girado Daniel Scioli antes de terminar su mandato. La actitud del macrismo fue cuestionada por los legisladores del Frente de Todos, que de hecho se retiraron del recinto, aunque “no modifica la voluntad ni las atribuciones del Ejecutivo provincial de examinar caso por caso la aptitud de esas postulaciones, en virtud de los hechos sobrevinientes sucedidos desde su formulación a mediados de 2019”, destacó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.

El 8 de agosto de 2019, tres días antes de las PASO, Vidal giró al Senado los pliegos de 42 candidatos y candidatas a ocupar cargos vacantes del Poder Judicial, previo proceso de selección en el Consejo de la Magistratura. Un año después, pandemia y paliza electoral mediante, los senadores de Juntos por el Cambio decidieron ignorar el pedido de Kicillof para revisar los nombres y procedieron a su aprobación. La única excepción, porque está preso y por ende fue rechazado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue la de Maximiliano Jarich, que era candidato del macrismo para fiscal en San Isidro y está imputado como presunto integrante de una red de narcotráfico con policiales y otros funcionarios judiciales en una causa que instruye la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ordenó su detención.

Los pliegos aprobados por la mayoría cambiemita, que  hasta diciembre de 2021 ocupará 26 de las 46 bancas del Senado provincial, incluyen a candidatos para cargos en La Plata, Avellaneda, Lomas de Zamora, San Isidro y Quilmes. Los que más rechazo generan son los destinados al Tribunal de Casación Penal, donde el Hada Buena propuso a dos funcionarios respaldados por el procurador Julio Conte Grand. Una es Ana Julia Biasotti, actual defensora de Casación, y el otro es Francisco Pont Vergés, secretario de política criminal de la Procuración y estrecho colaborador de Conte Grand. La Comisión por la Memoria bonaerense, el CELS y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, entre otras organizaciones, rechazaron la postulación de Pont Vergés por considerar que carece de idoneidad y que actuó en contra de los derechos humanos en el caso de una mujer trans que fue torturada en una cárcel bonaerense y quedó parapléjica por falta de atención médica.

El gobierno de Kicillof, mediante un decreto que también firmaron Alak y el jefe de gabinete Carlos Bianco, había pedido “la devolución de los pliegos oportunamente remitidos” al senado, alegando que “la potestad de designación de magistrados y magistradas pertenece a la esfera privativa del Poder Ejecutivo, tal como reconoce el artículo 175 de la Constitución provincial, en la que existe un ámbito dentro del cual éste puede válidamente actuar valorando las distintas variables que hacen a la oportunidad, mérito o conveniencia de su decisión”. Entre otros antecedentes, recordaron el de marzo de 2016, cuando a pedido de Vidal y su ministro de Justicia, Carlos Mahiques, el Senado le devolvió al Ejecutivo los 126 pliegos de candidatos que Scioli había girado en de 2015.

Kicillof se comprometió a reevaluar los pliegos en el marco de las ternas elevadas y en un plazo perentorio de sesenta días, pero Juntos por el Cambio optó por imponer su mayoría. Esa actitud en la medianoche del jueves pasado derivó en el retiro masivo del bloque del Frente de Todos del recinto, incluida la vicegobernadora Verónica Magario. “Lamento que el bloque de Senadores de Cambiemos no haya interpretado el espíritu de consenso” del decreto, escribió en twitter el ministro Alak. “La iniciativa estaba inspirada en la voluntad de lograr acuerdos legislativos plenos en la designación de esos funcionarios judiciales”, añadió, y destacó que la actitud del macrismo no modifica “la voluntad ni las atribuciones” del gobernador de revisar caso por caso la aptitud de los candidatos.

“No entendemos la decisión de la oposición”, afirmó el viernes Federico Thea, secretario general de la gobernación, y explicó que el Ejecutivo “tiene la facultad de no designar a quienes considere que no cumplan los requisitos de idoneidad”. Fuentes del gobierno provincial confirmaron a este diario que “el gobernador va a revisar cada una de las designaciones y se va a tomar todo el tiempo que crea necesario”.