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Desde Santa Fe
La provincia de Santa Fe se presentó como querellante en la causa que investiga si durante la gestión del ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro y de su ex secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, David Reniero, se destinaron “fondos reservados” de Asuntos Internos para pagar “honorarios profesionales” de abogados que defendieron a policías involucrados en el caso de Franco Casco, en Rosario. La denuncia la impulsó el titular de la cartera, Marcelo Sain, el 4 de agosto, ante la fiscal Mariela Jiménez, jefa de la Unidad Especial de Delitos Complejos de Santa Fe, y ayer, el fiscal de Estado Rubén Weder le pidió al Ministerio Público de la Acusación que acepte al Estado provincial como “parte querellante” en el proceso. Sain ya había propuesto “pruebas” y “diligencias” para avanzar en la pesquisa y ahora Weder solicitó el acceso al legajo para la “identificación de cada uno de los querellados” que mencionó Sain en su denuncia y los que “oportunamente sean imputados”.
Sain descubrió los hechos que denunció ante la justicia a poco de asumir en el Ministerio de Seguridad. El 23 de diciembre, el director provincial de Control Policial, Juan José Casagrande, pidió un informe sobre el destino de los fondos asignados al área de Asuntos Internos (que hoy es la Agencia de Control Policial) durante los cuatro años de Pullaro. El 2 de enero recibió la respuesta. Un detalle de las “Partidas presupuestarias recibidas y destinadas al desarrollo y actividades de la Dirección Provincial de Asuntos Internos entre 2015 y 2019”, dice el documento.
Pero en el rubro "gastos reservados”, el informe revela lo que Sain (en su denuncia del 4 de agosto que patrocinó la abogada Nadia Schujman) y Weder (en el escrito de Fiscalía de Estado), citan textualmente: “Con respecto a esta partida se debe tener en cuenta que el aumento en la misma a partir de octubre de 2017 y hasta septiembre de 2018, se debió a que la diferencia de la suma recibida por Asuntos Internos (78.000 pesos), era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta Unidad Especial que se encontraba involucrado en el caso Casco de la ciudad de Rosario. Esto se dio a partir de una orden del secretario de Control”, señala el informe. En once meses, esa suma ronda el millón de pesos.
El fiscal de Estado dijo que ante “los hechos que se denuncian” y “la investigación que se solicita”, la provincia podría encontrarse ante la supuesta “configuración de delitos contra la propiedad y la administración pública”. “Estos delitos atentan contra el patrimonio del Estado” y colocan a Santa Fe “como un auténtico sujeto perjudicado” por el presunto “obrar de los encargados de disponer y administrar los caudales y los fondos del erario público que se investigan”, agregó.
Weder pidió “nombre y apellido de los imputados”: el acceso a las “actuaciones a los efectos” precisar si es posible “la identificación de cada uno de los querellados” que mencionó el ministro de Seguridad en su denuncia y que oportunamente sean imputados”. Por lo que, requirió al Ministerio Público que lo “tenga por presentado”, en la condición que invocó, con “domicilio legal” en la Casa Gris y disponga su participación como “querellante en la causa”.
En su denuncia, Sain pidió que se investigue, entre otros hechos, “la utilización de ‘fondos’ para el pago de honorarios profesionales de la defensa” de los policías y la “intervención de un funcionario político de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la provincia como defensor de agentes de Asuntos Internos imputados en la causa Casco”.
La “maniobra” –la llamó el ministro- “tuvo el plus de gravedad político institucional de haber sido ordenada por la máxima jerarquía de la Secretaría de Control de Fuerzas de Seguridad del Ministerio de Seguridad, que entonces ocupaba David Reniero”. Y se remitió al informe de Asuntos Internos que pide “tener en cuenta que el aumento” de los gastos reservados entre octubre de 2017 y setiembre de 2018 “se debió a que la diferencia de la suma recibida (78.000 pesos) era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta unidad que se encontraba involucrado en el caso Casco”. “Esto se dio a partir de una orden del secretario de Control”, concluyó.
