Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli lanzaron una nueva ofensiva en un intento por conseguir el respaldo de la Corte Suprema después de que el Poder Ejecutivo publicara en el Boletín Oficial tres decretos que ratifican la decisión del Senado de rechazar los traslados por los que fueron nombrados a dedo durante el gobierno de Mauricio Macri en cargos claves de Comodoro Py. Los tres hicieron presentaciones implorando a los supremos precisiones sobre dónde deben cumplir funciones, dijeron que igual consideran que los decretos son ilegales y dos de ellos pidieron una licencia extraordinaria. Pero en el ínterin, la Cámara de Casación Penal Federal les dio una mala noticia en una resolución que da por sentado que deben volver a sus tribunales de origen. Parece probable que el máximo tribunal, que debería expedirse a futuro sobre la validez de los traslados, sólo les responda sobre las licencias, lo que podría ocurrir este viernes.

Uno de los principales aliados de los jueces atrincherados fue el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien –cuentan en el tribunal– les dio la idea de volver a presentarse y, en especial, de pedir licencia. Era sabido, ya el miércoles, que la Cámara de Casación Federal deliberaba sobre la posibilidad de intervenir y dejar sentado que deben volver a sus cargos originales: Bruglia y Bertuzzi, que habían sido llevados por el macrismo a la Cámara Federal de Comodoro Py deberían regresar al Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py y al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, respectivamente; Castelli, designado por traslado en el Tribunal Oral Federal 7, tiene que volver al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín. La licencia fue pedida por los dos primeros y el tercero analizaba a última hora esa posibilidad.

Rosenkrantz, el cortesano más cercano a Mauricio Macri y su troupe, arrancó el jueves con activos intentos para que la Corte resolviera con urgencia, pero no tuvo aliados. Entre los supremos hay una idea, que sería mayoritaria, de que como ellos mismos deberán fallar sobre la dicusión de fondo sobre los traslados, no pueden decirles a los jueces cuestionados en qué lugar deben quedarse trabajando en el mientras tanto porque sería una forma de adelantar opinión. En cambio, podrían resolver la cuestión de las licencias, un asunto que requiere mayoría de tres votos. En varios despachos (hoy virtuales) del tribunal consideran que lo resuelto por la Cámara de Casación, podría ser considerado suficiente para responder al interrogante práctico que introdujeron los tres magistrados sobre en qué tribunal deben trabajar.

La decisión de Casación

Casación tiene autoridad y toma decisiones sobre los tribunales orales federales y cinco de sus miembros tienen delegadas las funciones de “superintendencia”, según lo establece el Reglamento para la Justicia Nacional. Por eso se reunieron este jueves después por Zoom y dieron forma a una decisión a partir de la firma de los decretos presidenciales que dejaron sin efecto los tres traslados en debate. Una mayoría, integrada por Angela Ledesma, Ana María Figueroa y Mariano Borinsky, decidió “hacer cesar las subrogancias” de quienes estaban ocupando los cargos de origen de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que es la forma de obligarlos a ellos a regresar allí. Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci pugnaron sin suerte por dejar la definición en manos de la Corte.

El texto de la resolución agrega un concepto fundamental: que los jueces que ya iniciaron juicios orales en los tribunales en cuestión deben terminarlos, “asegurando una adecuada administración de justicia”. La resolución fue informada a la Corte, al Consejo de la Magistratura y a los tribunales orales donde caen las subrogancias: en el TOF 4 se debe ir Daniel Obligado, en el TOF 3 de San Martín es Daniel Cisneros, y en el TOF 1 la situación es menos clara, porque los tres cargos están ocupados por subrogantes: Roberto Lemos Arias, Ricardo Basílico y Nicolás Toselli. Funcionarios de Casación también dijeron a PáginaI12 que la Corte no tiene nada que aclarar.

Al aclarar el panorama, Casación despejó algunos de los planteos que los propios jueces cuestionados hicieron ante la Corte. Castelli, por ejemplo, había señalado casos de juicios en marcha donde debe dictar sentencia, incluso esta misma semana. Y le pedía precisiones al máximo tribunal ante la “gravedad y la urgencia”: que “se sirva establecer en qué lugar el suscripto debe prestar funciones jurisdiccionales en su carácter de juez federal” para “evitar situaciones potencialmente frustratorias del servicio de justicia o que puedan implicar un retardo en su prestación”. Castelli es el juez que dijo públicamente: “si me quieren sacar, que lo hagan a empujones, delante de la gente”. También agregó un escrito alegando la supuesta ilegalidad de los decretos del Ejecutivo como “hecho nuevo” en el per saltum que ya había presentado.

La mayoría de los argumentos de Bruglia y Bertuzzi también pierden sentido con la decisión de Casación. Ambos pidieron a la Corte que les dé “lineamientos por la actividad jurisdiccional que debemos desempeñar a partir de la fecha” pero opinaron que “los decretos no podrían ser ejecutados de manera inmediata" e insistían en “continuar con nuestras funciones ante el tribunal en el cual actualmente nos encontramos”. Dejaron trascender que se quedarán esperando en sus casas a que alguien les notifique cuáles son sus funciones o si les otorgan una licencia mientras avanzan sus acciones judiciales sobre la validez de sus nombramientos.

Estos tres jueces fueron los únicos que faltaron a la audiencia a la que los había convocado la Comisión de Acuerdos del Senado, con el objetivo de revisar las designaciones por traslado con que el gobierno de Cambiemos los había llevado a cargos donde buscaban jueces afines. La Cámara alta había resuelto debatir la suerte de diez jueces y juezas que cuyos traslados el Consejo de la Magistratura había considerado, por mayoría, irregulares, precisamente porque no tenían el acuerdo del Senado. El faltazo a un procedimiento que establece la Constitución fue uno de los argumentos centrales de las y los 41 senadoras y senadores que decidieron rechazar los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

Los decretos

Los decretos que publicó el Poder Ejecutivo, que firma Alberto Fernández, en el Boletín Oficial dejan sin efecto los que había firmado Macri para dar sustento a los traslados e introducen una aclaración relevante: “sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema detallada en la acordada 7/18”. Es decir, tendría validez lo que hicieron como jueces “trasladados”.

Los fundamentos generales recuperan las conclusiones de la resolución del Consejo: que no se había completado el procedimiento constitucional al momento de nombrarlos sin concurso ni acuerdo en nuevos puestos que no coincidían “en la totalidad de las condiciones en razón de la jurisdicción, grado y materia respecto” de aquellos “donde habían sido originalmente designados”. Bruglia y Bertuzzi subieron de jerarquía, Castelli cambió de jurisdicción. El texto recuerda que la propia Corte dijo en dos acordadas sobre el tema que a los jueces solo se los nombra “en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública”.

Habrá que ver qué pasos decide dar ahora la Corte. Lo más probable es que analice los pedidos de licencia y que sólo opine sobre el recurso extraordinario que llegará después que la Cámara en lo Contencioso Administrativo falle sobre el amparo de los jueces atornillados. Hasta ahora en primera y segunda instancia les fue mal en sus reclamos. Casación los dejó muy mal parados.