El gobierno nacional envió un proyecto al Congreso para que quede establecido por ley la forma que se calcularán los fondos que la dará a la ciudad de Buenos Aires para sostener la policía. El proyecto establece que para este año la suma será de 24.500 millones de pesos y que de ahí en más se actualizará trimestralmente mediante una fórmula que combinará los sueldos de la Policía Federal con el índice de precios. La coparticipación porteña, en tanto, vuelve a su porcentaje histórico del 1,4 por ciento, luego de que Mauricio Macri la fijara unilateralmente en 3,75 mediante un decreto simple en 2016. La iniciativa sorprendió al gobierno porteño que suspendió la muy anunciada presentación ante la Corte Suprema que iba a realizar para intentar frenar la poda. Anoche, el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, conversaron sobre la cuestión en Olivos sin llegar a ningún acuerdo, al término del encuentro del que también había participado el gobernador bonaerense Axel Kicillof para definir cómo sigue la cuarentena.

Se quedaron a solas alrededor de media hora en la que hicieron un repaso de los hechos de los últimos días. Aunque el diálogo se mantiene, es evidente que la relación no es la de semanas atrás. Esta vez no intercambiaron mensajes de texto y la presentación de hoy de la extensión de la cuarentena será otra vez por separado. Aquella mesa de tres ya no se repetirá.

En los fundamentos del proyecto que ingresó por el Senado se afirma que el decreto 194/16 que Macri firmó a poco de asumir y que aumentó tan drásticamente los recursos que la Nación le transfería a la Ciudad no ofreció "argumentos o justificación que dieran cuenta de cómo se arribó a ese porcentual". Aclara que el Consenso Fiscal firmado a fines de 2017 redujo la alícuota porteña al 3,5 por ciento, pero también sin dar detalles técnicos de cómo se llegó a ese número. La transferencia debía ser únicamente para sostener el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, como marca la Constitución.

Cuando Fernández anunció la semana pasada la creación del Fondo de Financiamiento para la provincia de Buenos Aires como salida para la protesta policial, explicó que se fondearía con el excedente de los recursos que le enviaba hasta entonces a la Ciudad, calculado en más de 40 mil millones de pesos para el año que viene. Desde el Gobierno, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, informó entonces que en marzo ya se habían reunido los equipos técnicos nacionales y porteños para comenzar a discutir esta reducción. Luego apareció la pandemia pero esa intención había quedado planteada, por lo que la sorpresa que manifestó Rodríguez Larreta no sonó muy real. 

Batakis comunicó que, de acuerdo a los cálculos realizados por su equipo, alcanzaba con un 0,92 de los fondos coparticipables para financiar la policía traspasada, por lo que la Ciudad estuvo cobrando durante cuatro años más de un punto por encima de lo necesario, excedente que evaluaron en 86.269 millones de pesos entre 2016 y 2019. Es decir, sin contar lo transferido en lo que va de este año. En Gobierno por ahora hablan de hacer "vista gorda" respecto a esta suma, aunque no descartan hacer un reclamo si la cuestión se judicializa.

El trabajo que se hizo para el proyecto de ley fue tomar como base los registros al momento de la transferencia de la policía y actualizarlos conforme la fórmula que establece la iniciativa para hacerlo de aquí en más: un índice compuesto en un 80 por ciento por el incremento del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el IPC que elabora el Indec. Como resultado de esa cuenta se llega a los 24.500 millones de pesos que se traspasará para sostener la policía. Cabe aclarar que se trata de los servicios policiales que cambiaron de jurisdicción en aquel momento y no los efectivos y comisarías que luego puede haber sumado la gestión porteña. Con todo, fue tan excesiva la transferencia de la Nación durante estos años que, según un informe elaborado por Interior, prácticamente no necesitó utilizar ningún recurso propio para financiar todos sus gastos en seguridad, lo que claramente marca una inequidad con el resto de las provincias.

Alberto Fernández había dispuesto la semana pasada mediante decreto el cambio de los recursos que se enviarían a la Ciudad y lo fijó en 2,32 por ciento de los fondos coparticipables, que surgía del 1,4 por ciento histórico más el 0,92 calculado para sostener a la policía. El proyecto de ley cambia el criterio y en vez de fijarlo en porcentaje de coparticipación lo hace en una suma actualizable. Según la administración porteña, esta suma es todavía menos que aquel porcentaje, pero en Gobierno relativizaban esta cuenta.

Explicaban que decidieron hacer un proyecto de ley para normalizar una situación que era irregular desde que Macri firmó un convenio de transferencia con la Ciudad que sólo fue avalado por la Legislatura porteña y que en la Constitución está establecido que se debe hacer por ley del Congreso. Ese Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad, de 2016, se adjuntó al proyecto enviado. "Por eso pusimos en el decreto donde se redujo el monto que se le pasaba a la ciudad que eso se iba a pagar hasta que el Congreso aprobara la transferencia. A partir de que el Congreso apruebe el convenio, el propio Congreso fija el monto y ya no se pasa desde los fondos que le tocan a la Nación en la coparticipación, sino por transferencia dispuesta en el presupuesto, como se hace con todas las provincias", explicaba un funcionario que trabaja en la estrategia legal de la Casa Rosada.

El proyecto -que lleva las firmas de Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros Wado de Pedro, Martín Guzmán y Sabina Frederic- ingresó el miércoles a la noche en Congreso y ya fue girado a las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales para su tratamiento. En el Gobierno daban por descontado el apoyo de los legisladores del oficialismo y de los partidos provinciales. La semana pasada, 19 gobernadores firmaron una declaración de apoyo a la decisión del Presidente. Todos, a excepción de los tres radicales y del cordobés Juan Schiaretti.