Los defensores oficiales penales Edgardo Martínez y Jorge Colque interpusieron un habeas corpus colectivo y correctivo ante la Sala II del Tribunal de Juicios de Metán, a cargo de la jueza Carolina Poma Salvadores. El recurso fue presentado en representación del colectivo de personas privadas de la libertad en la Unidad Carcelaria 2 de Metán y en las comisarías dependientes de la Unidad Regional 3 de la Policía de la Provincia, ante las condiciones de hacinamiento y el riesgo de contagio de la covid-19. 

En la cárcel ya se contagiaron un interno y 5 guardias. La jueza se encuentra tramitando el habeas corpus y desde el Poder Judicial informaron que se corrió vista al Ministerio Público Fiscal.

En su presentación, los defensores solicitaron el cese del agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de sus defendidos, y destacaron que se encuentran en real e innegable situación de riesgo al haberse confirmado casos positivos de covid-19 entre la población penal y el personal carcelario encargado de la custodia.

“El objetivo es que se corrija una situación de agravamiento de las condiciones de detención ante la pandemia”, indicó Martínez ante Salta/12. El principal problema en la Unidad Carcelaria 2 y en las comisarías de Metán y Rosario de la Frontera está dado por el hacinamiento, que expone a las personas privadas de la libertad al riesgo de contagio y propagación del virus.

Martínez explicó que ante la pandemia piden que se establezcan criterios excepcionales para reducir el hacinamiento. Consideró que se pueden decidir prisiones domiciliarias con pulseras electrónicas y con control de personal policial a quienes tienen penas por delitos leves, están próximos a cumplir la condena o si es primera vez que fueron condenados. 

"Lo tiene que decidir cada juez, y (deberían) dar prioridad a las personas consideradas de riesgo ante la pandemia", aseveró. Por ello, como medida previa a cualquier resolución judicial en el habeas corpus pidieron un informe detallado y particularizado de quiénes serían las personas que entran dentro de los grupos de riesgo: con problemas respiratorios, inmunodepresivas o que son mayores de 60 años y también de su situación procesal. "Mediante una opinión médica se puede corroborar quienes están en grupos de riesgo", manifestó el defensor.

Explicó que si se reduce el hacinamiento en la Unidad Carcelaria a la vez se dispondrá de más espacio para poder separar a quienes presenten sintomatología de covid-19. Este edificio tiene alojadas a 143 personas por encima de la capacidad, que sería como máximo para 100. "El grado de dificultad mayor es que el edificio no tiene previstas celdas individuales, (los detenidos) no están aislados, todos comparten pabellones comunes. Esto genera la imposibilidad de distanciamiento que es esencial para evitar el contagio", aseveró Martínez.

Según lo detallado por el defensor, cuando elaboraron el habeas corpus en todas las comisarías que dependen de la Unidad Regional 3 del distrito sur había detenidos. "En la comisaría 30 de la ciudad de Metán había 14 detenidos; en Rosario de la Frontera, la comisaría 31 tenía 14 detenidos y la de El Mirador, 4 o 5; en la de El Galpón había 3 detenidos y en la de Río Piedras, 3". 

"El tema fundamental es que las comisarias no son lugares aptos para detenciones prolongadas. La situación de superpoblación en la unidad carcelaria genera esa necesidad", explicó Martínez. En las dependencias policiales "las condiciones de detención no son buenas, no existe personal dispuesto en la Policía para cuidar la seguridad de los internos", sostuvo.

El defensor recordó que las personas están privadas de su libertad pero no de sus derechos, "el Estado asume una posición de garante, de los derechos, de su vida y su salud. Las condiciones de privación de la libertad no se condicen con lo que recomiendan las autoridades sanitarias", afirmó.

Martínez dijo que el recurso presentado no solo abarca a las personas privadas de su libertad, sino a toda la sociedad, porque se busca evitar que haya una propagación del virus desde dentro de la cárcel y comisarías y evitar el congestionamiento en el sistema de salud. "El contagio masivo complicaría la tarea de los sanitaristas", expresó.

En el Distrito Judicial Sur el lugar de detención para las mujeres es el Cuerpo Femenino de Metán. Martínez precisó que el habeas corpus también las incluye, aunque cuando elaboraron el recurso había solo cuatro mujeres, 2 con prisión preventiva. Las condiciones son diferentes que en los otros lugares donde hay hacinamiento. "En un informe previo, estaban bien de salud, no habían manifestado síntomas", detalló el defensor. Allí también se aloja a niños, niñas y adolescentes, pero al momento de presentar el recurso "no había ninguno".

En Metán también hay un Centro Penal Juvenil para quienes se encuentran en conflicto con la ley y tienen entre 16 y 18 años. "Estaban quedando 2 menores de edad, también los contempla el recurso, aunque ediliciamente la situación es distinta", indicó Martínez. 

El antecedente 

En mayo, el juez de Garantías 1 de Joaquín Víctor González, Héctor Guzmán Salustros, ya había ordenado a la Unidad Carcelaria 2 de Metán que extreme las medidas de prevención e higiene tanto de los internos como del personal administrativo, del Servicio Penitenciario y de la estructura edilicia. 

El juez dispuso que se desinfecten los paquetes de alimentos o vestimenta autorizados a ingresar al penal, y se garantice la provisión de elementos de higiene personal para todos los detenidos. También dispuso recomendar que en cualquier ingreso que se realice al establecimiento carcelario se sigan los protocolos vigentes.

Guzmán Salustros ordenó que la Unidad Carcelaria arbitre los medios necesarios para que los internos sean contenidos médica y psicológicamente, todas las veces que sean necesarias, practicándose los chequeos y estudios médicos indispensables, con el fin de que las patologías detectadas sean debidamente tratadas.

La resolución fue adoptada por el juez en el marco de una acción de habeas corpus correctivo presentado por el defensor oficial penal 1, Juan Manuel Salinas, del departamento Anta, que pedía el otorgamiento de prisión domiciliaria para cinco internos de la Unidad Carcelaria de Metán. La acción fue rechazada por el juez en ese momento.