Alejandra Ortega no puede caminar ni hablar, un año y medio después de los dos hachazos en la cabeza que sufrió el 30 de septiembre de 2015 de parte de su expareja, Silvio Lescano. Víctima de violencia machista extrema, Alejandra no recibe la rehabilitación que le permitiría recuperse casi totalmente. Alejandra vivía en Chabás, pero unos meses después de recibir el alta en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez la llevaron a Casilda, donde viven sus dos hermanos: Erica (está alojada en su casa) y Angel, que es el que está moviéndose para reclamar el tratamiento. La ley 26485 es clara: el estado tiene que garantizar "la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin". Nada de eso ocurre. "Además de ser víctima de femicidio, mi hermana sufre violencia institucional", subrayó Angel.
Para la familia, lo más importante es recibir una respuesta inmediata. "Con rehabilitación, Alejandra puede recuperar el habla y caminar. Los médicos nos aseguraron que podría volver a tener entre el 80 y el 85% de sus capacidades. Por eso estoy pidiendo una rehabilitación continua, que es lo que necesita", dijo el hombre, quien aseguró que sólo recibió una atención de media hora diaria durante un lapso corto.
Tras el ataque sufrido, Alejandra estuvo tres meses internada, con pérdida de masa encefálica, y en terapia intensiva. Después de recibir el alta en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, fue a vivir con sus hijos, que poco después les pidieron a los tíos que se hicieran cargo. Al principio, la municipalidad de Chabás le brindó asistencia médica por pocas semanas, pero no garantizó la continuidad que necesita para reponerse.
Angel aclaró que no está pidiendo un subsidio económico sino simplemente la rehabilitación que le permitiría a Alejandra volver a hacer su vida. En octubre pasado, la mujer cumplió 46 años. Cuando su ex la atacó, empezaba un microemprendimiento textil en su propia casa para independizarse económicamente. Lezcano cumple una condena a diez años en la Alcaidía de Casilda.
Para Angel, la gota que rebasó el vaso y lo impulsó a hacer público el reclamo fue hace poco tiempo. Alejandra vio un hacha en el patio de la casa donde vive -que está en remodelación‑ y comenzó a llorar desconsoladamente, mientras señalaba su cabeza y el arma que su ex utilizó para intentar matarla. Tampoco recibió atención psicológica después de semejante ataque. "Llevamos un año largo pidiendo, reclamando una asistencia para ella, hablamos con políticos y con la asistente social de Chabas, pero sólo recibimos como respuesta una palmadita en el hombro y evasivas. Incluso, la asistente social de Chabás nos dijo irónicamente que iban a evaluar cuánta rehabilitación necesita", relató Angel, que incluso le escribió al gobernador Miguel Lifschitz en sus cuentas de twitter y facebook. Recibió respuesta por una de las redes sociales y luego se pusieron en contacto desde la Dirección provincial de Políticas de Género. Angel aguarda que el estado se haga cargo de reparar el daño sufrido por su hermana. No es su capricho, sino lo que establece la ley destinada a "prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres".
Alejandra tiene seis hijos. Durante 20 años sufrió violencia de género. Sin hablar ni caminar, su vida depende de los hermanos. Sin embargo, la ley establece que el estado debe reparar la situación de violencia machista y darle herramientas para que pueda vivir de manera autónoma.
