En marzo de este año, un adolescente presidente del centro de estudiantes de una escuela secundaria de Miramar y militante gay había denunciado haber sido secuestrado y torturado por uniformados bonaerenses. El caso, que fue informado por PáginaI12, recayó en la fiscal Ana María Caro. Ocho policías fueron denunciados. Pero, en septiembre pasado, la fiscal pidió el sobreseimiento de los ocho por falta de pruebas. El juez de Garantías marplatense Gabriel Bombini cuestionó severamente la investigación –sostuvo que la fiscal investigó al denunciante, nunca citó a declarar a los acusados, desestimó los testimonios que apoyaban la denuncia, entre otros ítems– y rechazó los sobreseimientos. A la fiscal Caro la investigación le salió costosa: el juez la apartó del caso y pidió la designación de otro fiscal.
El domingo 13 de marzo pasado, por la noche, un grupo de uniformados detuvo en la costanera de Miramar, por averiguación de antecedentes, a un grupo de chicos entre los que estaba Lautaro Blengio, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Media 1 Rodolfo Walsh y militante Lgbtiq. Blengio se rebeló a la autoridad, o sea, hizo lo que los derechos constitucionales sostienen: pidió identificación de los uniformados y se quejó del maltrato. El jefe del operativo lo golpeó y lo amenazó: “Te voy a desfigurar la cara a piñas y te voy a tirar en el vivero”, le gritó. Al día siguiente, Blengio reconoció al jefe del operativo como el mismo policía, pero de civil, quien lo subió a un Fiat 600 y lo trasladó al vivero municipal donde lo quemó con un cigarrillo, lo golpeó, le hizo una cruz con una navaja en el torso y dijo que le apuntaría a ese lugar antes de disparar.
Miramar hace al menos 15 años, dejó de ser conocida por su nombre histórico “la ciudad de los niños”, desde que en 2001 la adolescente Natalia Melmann fue secuestrada, violada y asesinada por un grupo de policías bonaerenses locales, finalmente condenados. El hábito no se modificó. 
La investigación recayó en manos de la fiscal Ana de Caro. Los bonaerenses Paulo Dumpierres, Facundo Frogon, Micaela Gómez, Kevin Guerricagoitía, Romina López, Gonzalo Martínez, Juan Mojica y Carlos Olmos fueron acusados del delito de apremios ilegales. Con una notoria eficiencia y ahorro de estipendios, en seis meses, la fiscal de Caro tuvo lista su investigación y la elevó al juez de Garantías, Gabriel Bombini. No citó jamás a declarar a los acusados; citó algunos testigos con fuerte olor a humareda policial; seleccionó con precisión quirúrgica las partes de las declaraciones que cargaban de incongruencia la denuncia de un adolescente –incongruente, por supuesto, si se contextualiza con el terror que le pueden provocar a un chico las amenazas policiales y el secuestro, y que ya había sido en otras ocasiones presionado por su militancia–. Y en seis meses pidió el sobreseimiento de los ocho servidores de la ley “a la luz de las pruebas colectadas en la presente pesquisa”, es decir, ninguna prueba. Y pidió investigar a Blengio por falsa denuncia. 
Los abogados del chico, Carolina Ciordia y Martín Bernat, sostuvieron que la falta de pruebas no se debía a la inexistencia del delito denunciado. Y agregaron que “sobre todo que las personas a favor de las cuales se solicita el sobreseimiento no han sido llamadas, ni siquiera, a prestar declaración”.
El juez Gabriel Bombini remitió a las prácticas internacionales que obligan a los estados a investigar con más rigor cuando se trata de denuncias a funcionarios de fuerzas de seguridad (protocolo de Estambul), recordó el fallo de la Corte IDH por el caso Bulacio y otros fallos, y jurisprudencia de la Corte Europea de DDHH.
Respecto a las discordancias de Blengio y falta de corroboración de su denuncia, el juez encontró en el expediente una serie de datos que no fueron tomados en cuenta por la fiscal: en principio que las discordancias de Blengio no eran tan determinantes; y por otro lado, que la declaración del chico podía corroborarse con varios testimonios. Pudo determinar que existió el operativo policial; que Blengio fue tomado del cuello por el jefe del operativo, increpado y amenazado; verificó las lesiones correspondientes a las denunciadas (corte de navaja, quemaduras de cigarrillos, hematomas). Consideró absurdo el peritaje psiquiátrico realizado a Blengio. Y finalmente, rechazó el pedido de sobreseimiento y envió las actuaciones a la fiscalía general para que se sorteara un nuevo fiscal.

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