Juan Manuel Lugones está en graves problemas. Al responsable de la ApreViDe –organismo que tiene a cargo la seguridad deportiva en la provincia de Buenos Aires– lo denunció una policía por abuso sexual, amenazas y abuso de autoridad en febrero pasado, la causa avanzó y ya fue elevada a juicio oral. Hay al menos dieciséis testigos que declararon y avalaron el testimonio de la mujer. Cecilia Corfield, la fiscal de la UFI 15, investigó al funcionario macrista nombrado por la exgobernadora María Eugenia Vidal y a quien el ministro de Seguridad Sergio Berni ratificó en su cargo. Organizaciones de DDHH que reúnen a hinchas y socios del fútbol argentino consideraron “inadmisible su permanencia en funciones” después de difundirse lo que pasó.

El juez de Garantías Pablo Raele determinará si acepta el pedido de la fiscalía en un plazo que ya empezó a correr. También deberá responder si se opone la defensa de Lugones. Corfield, en declaraciones que hizo por Cadena Río (FM 88.7) de La Plata, explicó que “es una denuncia que devino en tres delitos distintos. La hace una mujer que había sido dependiente de él, donde relata una serie de circunstancias que fueron constatadas por el resto de los empleados. Dentro de esos testigos, lo bueno es que también tenemos varones”. Lugones, quien alcanzó la jerarquía de subsecretario, dijo en su defensa que es una causa que se armó en su contra "para hacerle daño”. Pero la fiscal comentó que “son muchísimos los testimonios que se recolectaron y que acreditan que pudo ser verdad”.

Los hechos habrían comenzado a partir de mayo de 2016 cuando Lugones fue nombrado por Vidal y Cristian Ritondo, su ex ministro de Seguridad. Según la denunciante continuaron en el tiempo y se tradujeron en maltrato psicológico, agravios hacia el personal femenino en general, manoseos hacia una mujer policía y discriminación salarial en relación al resto del personal.

Cuando Berni le dio continuidad en el cargo a Lugones, la ONG Salvemos al Fútbol criticó la pérdida de “calidad democrática” en los operativos de seguridad que se constató durante su gestión. Organizaciones de Derechos Humanos hicieron lo mismo. Ahora, con la causa en trámite donde está imputado el funcionario, pidieron su renuncia la Coordinadora de DDHH del fútbol argentino, la Coordinadora de Hinchas y la Coordinadora sin fronteras de fútbol feminista.

En un comunicado señalaron: “Repudiamos que quien es el encargado de prevenir la violencia en el deporte continúe ejerciendo sus tareas mientras es imputado y llevado a juicio con múltiples testimonios en su contra. Este tipo de acciones no entran en ningún tipo de categoría de la lógica, ni en ninguna política pública de seguridad democrática”.

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