Desde Lima. El presidente Martín Vizcarra zafó del intento del Congreso por destituirlo en un juicio político exprés, armado y resuelto en una semana, en base a unos audios y sin investigación previa. Los promotores de su destitución por supuesta incapacidad moral permanente no alcanzaron los 87 votos, sobre 130, para sacar al mandatario. Antes del inicio del juicio político algunos impulsores de la vacancia presidencial reconocían que no había los votos para aprobarla. A la hora de votar, varios congresistas expresaron que censuraban a Vizcarra, pero votarían en contra de su destitución. Es una victoria de Vizcarra en su guerra con el Congreso, pero sale golpeado. El resultado fue 78 votos en contra de la destitución del jefe de Estado, 32 votos a favor y 15 abstenciones. Hubo cinco ausencias.

Una encuesta realizada esta semana por Ipsos revela que el 79 por ciento se oponía a una destitución del presidente. Un dato que no es menor para entender el sentido de la votación. Hay audios que comprometen al mandatario en una posible obstrucción a la justicia y algún otro posible delito, pero el descrédito de sus acusadores y su apuro por sacarlo del cargo sin investigar juegan a su favor ante la opinión pública.

Vizcarra es acusado de incapacidad moral permanente por supuestamente haber mentido y orientado los testimonios de sus colaboradores ante la fiscalía y una comisión parlamentaria para ocultar información sobre las visitas a Palacio de Gobierno de un casi desconocido cantante contratado irregularmente por el Ministerio de Cultura. El objetivo de ocultar esas visitas sería desmarcar al presidente del cantante y de su cuestionada contratación. El caso se basa en unas grabaciones de diálogos del presidente coordinando los testimonios de dos secretarias que formaban su círculo cercano, ahora separadas de sus cargos, una de las cuales, Karem Roca, ha admitido haber grabado en secreto esos diálogos.

El mandatario concurrió al Congreso para hablar en su defensa, algo a lo que no estaba obligado. Habló solo trece minutos y después dejó el turno a su abogado. Vizcarra habló y se fue, lo que molestó a algunos legisladores que querían tenerlo sentado para que escuche los duros cuestionamientos que tenían reservados para él. El juicio político -con algunos legisladores presentes en el hemiciclo y otros hablando por video vía internet por las restricciones debido a la pandemia del coronavirus- comenzó ayer temprano con la defensa del presidente.

Vizcarra inició su defensa diciendo que había ido al Congreso “a pesar que muchos me aconsejaron que no lo haga porque mi presencia podría avalar un procedimiento que no se acoge a ley”. Y agregó: “No me corro, no lo he hechos antes y no lo voy hacer ahora. Aquí estoy con la frente en alto y mi conciencia tranquila”.

El presidente pidió disculpas al país, pero no por alguna falta que él haya cometido, sino porque fue su secretaria quien grabó y filtró los audios que han gatillado esta crisis. En su breve presentación, puso el énfasis en decir que se le estaba acusando sin una investigación previa, en base a unos audios cuyo contenido no ha sido contrastado. Señaló que esa investigación corresponde a la fiscalía y aseguró que se ponía a disposición de los fiscales.

“Sin el mínimo contraste, sin investigación alguna, corre la posibilidad de destituir al presidente”, se defendió. Eludió referirse al contenido del audio en el que se le escucha coordinar los testimonios de sus dos secretarias.

Le tomó la posta su abogado, Roberto Pereira, quien señaló que el pedido de destitución del presidente iba contra la Constitución. “Un presidente solo puede ser destituido por delitos probados de traición, impedir las elecciones, cerrar ilegalmente el Congreso”, argumentó el abogado. Sobre la causal de incapacidad moral permanente que sustenta el pedido de destitución, una figura que diversos juristas cuestionan por su poca precisión que deja un amplio margen de interpretación, el abogado del presidente señaló que ésta debe aplicarse “en casos graves comprobados”. “Lo que hay ahora -agregó- son hechos que están en proceso de investigación, en una etapa embrionaria, no hay certezas. Un presidente no puede ser destituido por hechos no probados”. Admitió que hay elementos para una investigación y dijo que si en la fiscalía se determina indicios de un delito, Vizcarra debe ser juzgado, pero después de culminar su gestión, en julio del próximo año.

En respuesta a la defensa de Vizcarra, varios legisladores aseguraron que la destitución del presidente era una decisión política y no necesitaban pruebas de un delito para aprobarla. Como si la memoria no existiera, se escuchó a congresistas que tienen denuncias de corrupción, incluso uno sentenciado y que sigue en su cargo porque sus colegas no le levantan la inmunidad parlamentaria, y miembros de partidos con una larga historia ligada a la corrupción, como el fujimorismo, hablar en nombre de la salud moral del país al cuestionar a Vizcarra.

El mandatario recibió todo tipo de golpes durante el largo debate parlamentario. El presidente, que no tiene bancada propia, no tuvo quien lo defienda. Incluso quienes anunciaron votar en contra de su destitución lo cuestionaron con dureza y señalaron que había indicios de delitos que deben ser investigados. Argumentaron que votarían en contra de la destitución porque no se ha dado una investigación previa, que constitucionalmente no procedía o que sería un factor de inestabilidad en un momento de grave crisis por la pandemia.

No pocos dieron un duro discurso contra el mandatario, con frases como “el presidente está deslegitimado moralmente”, pero después se enredaron en la ambigüedad sobre el sentido que tendría su voto, y a la hora de votar no respaldaron el pedido de destitución por incapacidad moral.

Este es el segundo proceso de destitución de un presidente en menos de tres años. En diciembre de 2017 se abrió juicio político al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por cargos de recibir sobornos de Odebrecht años atrás, cuando era ministro. También fue acusado de incapacidad moral permanente. La destitución no alcanzó los votos suficientes -le faltaron ocho votos- luego que el fujimorismo, que tenía la mayoría absoluta en ese Congreso, se dividió. Poco después, en marzo de 2018, PPK renunció acosado por esas acusaciones y asumió la presidencia Martín Vizcarra, que era el vicepresidente.

El gobierno de Vizcarra ha estado marcado por su guerra con el Congreso. Primero contra el Legislativo que dominaba el fujimorismo y ahora contra este Congreso, que entró en funciones en marzo último. En septiembre de 2019, Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso fujimorista, empeñado en una política obstruccionista y en blindar a políticos y magistrados acusados de corrupción, luego que el Parlamento le negara el voto de confianza por segunda vez a un gabinete ministerial, y llamó elecciones legislativas, algo establecido en la Constitución peruana.

Se esperaba una mejor relación del Ejecutivo con el nuevo Congreso, pero no ha sido así. Este nuevo Parlamento, donde el fujimorismo ya no tiene mayoría, está fragmentando en nueve bancadas, donde la más grande tiene 25 miembros, que suelen dividirse a la hora de votar. Este ha sido un nuevo capítulo, seguro no el último, de esta guerra que parece sin fin entre el Ejecutivo y el Congreso.

El presidente Vizcarra se ha salvado de ser destituido, pero no de una investigación judicial que podría terminar en un proceso penal. Ser procesados por corrupción parece el destino de los últimos presidentes peruanos.