La Unión de Inquilinos de Salta pidió que el Gobierno nacional prorrogue el decreto 320, que frena los desalojos, congela el precio de los alquileres y también extiende los contratos. Debido a la continuidad de la crisis económica y sanitaria, la entidad advirtió que el 30 de septiembre, cuando pierda vigencia el decreto, mucha gente podría quedar en la calle.
"Pedimos la prórroga del decreto 320 porque empodera al inquilino e inquilina ante una situación complicada en que se encuentran en lo económico ante propietarios e inmobiliarias que presionan constantemente con el desalojo", manifestó la referenta de la Unión de Inquilinos, Natalia Soraire.
Añadió que mucha gente no puede pagar el alquiler ante la circunstacia de la pandemia, y dijo que recibe consultas a diario con esta preocupación.
"El decreto puede proteger a los inquilinos y las inquilinas pero también es necesario un organismo gubernamental que vele por su cumplimiento", insistió Soraire. Este es un reclamo que vienen haciendo al gobierno provincial, sin respuesta hasta el momento.
"La Unión de Inquilinos viene presentando notas de pedidos de audiencia con el gobernador Gustavo Sáenz, entendiendo que es la persona encargada de tomar decisiones que protejan al sector. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta, es notorio el desinterés por la situación del sector", manifestó la referenta.
Respecto al Gobierno nacional, Soraire sostuvo que encuentran "más empatía" por la situación pero necesitan que haya "una respuesta que se dé a conocer de manera oficial en tiempos de urgencia ya que de eso depende la estabilidad de 9 millones de personas a nivel país".
La Unión de Inquilinos de Salta, que es parte de la Federación de Inquilinos Nacional, apoya el proyecto presentado por la diputada María Fernanda Vallejos, del Frente de Todos, en el que pide la prórroga del decreto que suspende los desalojos hasta el 31 de marzo de 2021.
El decreto también prorrogó los contratos de alquiler y congeló los precios en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Soraire recordó que en la ciudad de Salta, hace 5 meses presentaron el proyecto para que se cree una defensoría de inquilinos e inquilinas. "Su recorrido en primera instancia fue en el Concejo Deliberante, se declaró de interés municipal nuestra asociación y luego dicho proyecto pasó al Defensor del Pueblo. Desde esa oficina quedaron en armar el área con toda predisposición pero hasta el momento no hubo acción concreta", sostuvo. Después de que se aprobó la ley de alquileres "presentamos nuevamente el proyecto a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Salta, pero no hubo respuesta positiva hasta hoy", aseveró.
La referenta contó que están trabajando en una campaña para solicitar que se arbitren los medios necesarios "para crear un área que defienda los derechos de inquilinos e inquilinas que están siendo vulnerados".
El proyecto de Vallejos señala que de acuerdo a la Federación Nacional de Inquilinos, en el país hay aproximadamente un millón de familias en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas.
"Se informó que el 47,4% de los inquilinos del país percibe menos ingresos desde que comenzó la pandemia, y de este segmento el 40,6% está endeudado, mientras que el 69.8% no recibe ayudas como el IFE, ATP o créditos a tasa 0", argumentó la legisladora nacional.
El referente de la Federación Nacional de Inquilinos Gervasio Muñoz detalló “que el 40% de los inquilinos viven en Capital y Gran Buenos Aires, el 30% dice que no pudo pagar el alquiler en agosto y la mitad dice que tiene deudas de dos meses o más. Cada vez más familias y más hogares que cuando termine la vigencia del decreto 320 pueden ser desalojadas. Puede haber una situación muy grave de juicios y desalojos. Casi la mitad de los ingresos totales de un hogar se destinan al pago del alquiler”, advirtió.
A nivel nacional la Federación calcula que son 9 millones de inquilinos quienes destinan la mitad de su sueldo para pagar el alquiler de una vivienda.
