El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, contestó un pedido de informe del senador provincial Guillermo Durand Cornejo respecto a la distribución de las hojas de coca secuestradas por la Justicia Federal y que debían entregarse a pueblos originarios afectados por la escasez y encarecimiento del producto debido a las restricciones de tránsito con Bolivia, desde donde se importa, por la pandemia. 

Sin embargo, el funcionario detalló que entregó hojas solo al Pueblo Diaguita, y dio a conocer que el resto fue para la Agrupación Gauchos de Güemes, la "Fundación Vicuñita" y al Hospital de Salud Mental Miguel Ragone. Hay quejas de parte de quienes las recibieron porque gran parte de la coca tenía humedad o estaba amarilla, no apta para el coqueo.

En mayo el Ministerio Público Fiscal Federal autorizó de forma excepcional la entrega de hojas de coca secuestrada en distintos operativos de contrabando realizados en Salta y Jujuy. La autorización se hizo a instancias de un pedido realizado por el gobierno de Jujuy, al que luego se sumó Salta, para tratar de atender las necesidades de comunidades originarias, que la usan de manera ancestral para el coqueo y para prácticas religiosas. También era requerida por trabajadores que se apunan en la altura.

La decisión fue de los fiscales federales Eduardo Villalba, de la jurisdicción de Salta, y Federico Zurueta, de Jujuy, y del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el fiscal Diego Iglesias. A la presentación del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se sumó el ministro de Seguridad de Salta y también hizo una presentación el diputado nacional Jorge Rizzotti.

En Salta, la Agencia Antidrogas era la encargada de hacer la distribución de la coca, su director, Ignacio Berón de Astrada, envió un informe al Ministerio de Seguridad. Detalló que se entregaron 28 bultos  a la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, cuyo presidente es Francisco Aráoz; el total cedido a esta organización es de 560 kilos de hojas de coca. Además, 13 bultos fueron entregados al gerente del Hospital Miguel Ragone, Fernando Acuña; otros 30 bultos fueron recibidos por Pedro De Los Ríos, de la Fundación Vicuñita. En el informe se reseña que otros 17 bultos fueron cedidos al delegado de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita y presidente del Instituto Provincial de Políticas Indígenas (IPPIS), Héctor Fabián.

"Supuestamente me entregaron 300 kilos de coca, el Ministerio de seguridad engloba que todos los bultos eran de 20 kilos, yo retiré 17 bultos pero algunos tenían medio kilo. La coca que me dieron no llegaba a los 47 o 48 kilos", manifestó Fabián contrariando los datos del informe del Ministerio de Seguridad al Senado.

Fabián contó que la coca que le entregaron fue rechazada por algunos referentes de las comunidades debido a que "no reunía las condiciones para ser coqueada, tenía color amarillento y apariencia de que fue mojada". Si bien desde la cartera de Seguridad les habían contestado cuando consultaron cómo se distribuiría la coca, que ésta estaba siendo examinada mediante un estudio de bromatología, el referente sostuvo que no vieron ninguna acta donde se asegurara que era apta para consumo humano. 

Para Fabián, la entrega de la coca no se hizo como correspondía porque debía ser repartida en las comunidades indígenas. Sostuvo que el día en que lo llamaron para darle las hojas, le dijeron que eso era lo que había quedado. Se mostró en disconformidad con que el Ministerio la haya entregado a los gauchos o al Hospital Ragone. "Para nosotros (miembros de puebos originarios) la coca no tiene que ver con el entretenimiento o una costumbre, sino que es una práctica cultural  vinculada a la identidad de cada pueblo", manifestó.

Indicó que pudo entregar el 87% de la coca en algunas comunidades de Cachi, Molinos, San Carlos, Angastaco, La Poma y Cafayate. "Lo restante quedó para poner en consideración porque no está en condiciones de ser coqueable. El Ministerio de Seguridad se está lavando las manos. No hubo transparencia en la distribución, se perdió el objetivo. Ahora es fácil que envíen un informe de tres hojas diciendo que nos hicieron entrega de cantidades que no nos dieron. No se hizo el seguimiento como se debía. No nos entregaron lo que dicen", insistió.

Fabián explicó que desde antes de que se haga la entrega ya le habían planteando a Seguridad que "era necesaria una estrategia en la que interviniera el Ministerio de Desarrollo Social junto al IPPIS para hacer llegar la coca" a las distintas comunidades, sobre todo a las más alejadas. Sus sugerencias no fueron tenidas en cuenta.

"Nos conmueve esta irregularidad, no se cumplió lo que se aprobó por los fiscales. Solicito al Ministerio de Seguridad que esclarezca lo que nos entregó", sostuvo Fabián. 

A los fortines 

El presidente de la Agrupación Gauchos de Güemes, Francisco Aráoz dijo a Salta/12 que recibieron alrededor de 600 kilos, según lo empaquetado, porque la coca perdió mucha humedad y que al pesarla los paquetes que se suponía eran de medio kilo, o de un cuarto no pesaban eso y además estaba "muy amarilla". "La distribución que le hemos dado fue a través de los fortines, cada uno se inscribió, nos mandaron un listado con los DNI de la gente a la que iban a entregar, socios y allegados que les colaboran", precisó.  

Aráoz aseguró que él no coquea y la coca fue entregada a trabajadores que salen al campo o trabajan de albañiles, "desde las 4 de la mañana". Sostuvo que el gauchaje representa a 45 mil familias en la provincia, que no solo son quienes desfilan el 17 de junio o la gente de campo. "En vez de cuestionar si eran pudientes o no quienes han recibido la coca, deberíamos cuestionar por qué no se produce coca en Salta", planteó en una entrevista con el periodista Fernando Climent en FM Capital. "No era coca seleccionada, hemos recibido algunos bultos a los que les hemos prendido fuego porque tenían moho, humedad. Hemos quemado, calculo que 4 bolsones completos. Se nota que tuvo varios meses estacionada", precisó. 

Aráoz dijo que la gente que quiere coquear tiene que entregar por medio kilo de coca una vaca, "es muchísimo". "Vino gente que por pertenecer a las distintas agrupaciones se acercó a buscar coca y contestaron algunos 'yo eso no coqueo' pero por supuesto no era para ellos, si pueden pagar 30 o 40 mil pesos el kilo de coca, que elijan lo que quieran coquear (...) Para el que lo pueda hacer no me tomaría el trabajo de gestionar ni de realizar una sola nota para que no gasten esa plata, ojalá haya más argentinos que lo puedan pagar, la realidad es que la mayoría de nosotros no puede", aseveró. 

El gerente del Hospital Ragone explicó a Salta/12 que habían preguntado al Ministerio de Seguridad por la posibilidad de que les entreguen coca para los pacientes habituados al consumo recreativo, "por esparcimiento", que no podían salir a comprarla.

"Es una práctica que tienen los pacientes, antes podían salir, con dinero (tienen ayudas sociales) y compraban. Antes del covid el Hospital era de puertas abiertas, por la cuestión de pandemia tuvimos que volverlos a encerrar para que no se contagien. El Ministerio de Seguridad nos dio un poco de coca. Es una práctica cultural", sostuvo Acuña.

Dos que no recibieron 

Entre otros lugares, la coca debía llegar al Pueblo Kolla de San Antonio de los Cobres a través de la Fundación Vicuñita de Pedro de Los Ríos, sin embargo, el referente de este pueblo, Miguel Siarez, quien fue a retirarla, aseguró a Salta/12 que las hojas no estaban en buenas condiciones. "Fuimos a retirar la coca pero vimos que no servía. Había coca en bolsas negras que estaba podrida. Llevamos un poco envuelto en papel pero cuando se lo abrió estaba igual. No era mucho tampoco, había alrededor de 12 bultos chicos", sostuvo. Para Siarez, entregar esa coca en las comunidades implicaba poner en riesgo su salud.

El presidente de la Comunidad Finca Las Costas, David Torres, del Pueblo Lules, otro que no recibió coca, expresó que estaban a la expectativa de la entrega para las comunidades originarias. Q

Torres planteó que hay molestia en la comunidad y que el gobierno se rige por intereses de clase, "siempre va a gobernar para su sector. A la Agrupación Gauchos de Güemes no es necesario que le regalen la coca, la pueden comprar", afirmó. Para el referente indígena, esto les hace desconfiar del gobierno provincial también en lo que refiere a la distribución que hacen de los fondos de Nación destinados a las comunidades originarias.

"Todas las comunidades tenían la ilusión de recibir algo. Son muchas comunidades, muy pobres y nunca podés contar realmente cuántos son para hacer una distribución justa pero hay comunidades más alejadas, para quienes tiene más utilidad la coca. En el Pueblo Kolla son todos coqueros y no les dieron. Tampoco a los wichís y chorotes que no pueden comprar", planteó Torres.

La Agencia Antidrogas detalló que recibieron 1.440 kilos de hojas de coca secuestradas en 2020. Las hojas de coca provenían "de varios decomisos de contrabandos realizados a principios del año 2020, encontrándose algunos de los bultos entregados en malas condiciones de conservación, con hojas de color marrón, secas y en algunos casos podridas por humedad. Justamente por ello, de manera conjunta a la recepcion de la mercadería se asumió el compromiso de someter a control bromatológico a los bultos recibidos para determinar su aptitud para el consumo humano", especificó el director de la Agencia, Berón de Astrada.

"Luego de obtenido el resultado de laboratorio de la mercadería que se hallaba apta para consumo, se procedió a la rápida distribución en idénticos bultos a los recibidos (de aproximadamente 20 kilos), por no contar esta Agencia Antidrogas con depósitos de almacenamiento adecuados con controles de temperatura y humedad, ni elementos indispensables para hacer un adecuado fraccionamiento (balanzas de precisión, personal capacitado en manipulación de alimentos)", añadió el funcionario.