Desde París. Francia sepultó bajo el altar de la protección de la biodiversidad y la regulación del clima el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El proceso de invalidación de este acuerdo se llevó a cabo en cuatro etapas: ante la oposición frontal de los agricultores y de las ONGs medioambientales, el presidente francés, Emmanuel Macron, lo dejó en suspenso el año pasado; luego, en agosto de 2019, durante la cumbre de los 7 países más desarrollados (G7) que se llevó a cabo en Biarritz, el mandatario francés se opuso al acuerdo con el argumento de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, había “mentido” sobre sus compromisos medioambientales; después, su ex primer ministro, Edouard Philippe, formó una comisión de expertos presidida por le economista Stefan Ambec para evaluar el impacto del acuerdo (Comisión Ambec) y, por último, el actual Jefe de Gabinete, Jean Castex, anunció el viernes 18 de septiembre que el pacto “ponía en peligro la biodiversidad y desregulaba el clima”. Castex se apoyó en los argumentos que la Comisión Ambec expuso en un informe de 194 páginas. Los expertos alegan que el convenio es “una oportunidad perdida” en materia medioambiental y que, si se cumplen los términos de la negociación, la desforestación aumentará en un 5 por ciento anual durante los primeros seis años, lo que equivale a un total de 700 mil hectáreas. Según la comisión, el costo medioambiental que se desprende de las emisiones de CO2 es de 250 dólares por tonelada y ese costo sería más importante que los beneficios económicos.

Con esta decisión el gobierno francés somete a sus imperativos políticos nacionales los términos de un acuerdo internacional negociado durante 20 años. En lo concreto, París cedió ante las exigencias del poderoso lobby agrícola, muy particularmente de la poderosa FNSEA, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas. Este sector había considerado que el tratado representaba una “competencia desleal”. El estudio también argumenta que el convenio desembocaría en un alza de 50 mil toneladas de exportaciones anuales de carne vacuna desde el Mercosur hacia el Viejo Continente y que desencadenaría, por añadidura, un proceso de desforestación en los países del Mercosur debido a la necesidad de incrementar la producción de carne y, por consiguiente, las áreas de pastos. La retórica de “deslealtad” adelantada por los sindicaros agrícolas es un disparate histórico: sale del corazón de una corporación acusada desde hace décadas de descomponer todo el sistema mundial de comercio agrícola por las mastodónticas subvenciones que recibe en el marco de la PAC, la Política Agrícola Común de la Unión Europea, y contra las cuales América Latina protesta sin descanso. “El proyecto está muerto”, asegura un consejero del Ejecutivo cuyas palabras aparecen en el vespertino Le Monde. París eligió la víctima más frágil y expuesta en cuyo trono está el presidente brasileño Jair Bolsonaro rodeado por el espectáculo indigerible de los incendios en el Amazonas. En términos de comunicación política el negocio es perfecto: los ecologistas estarán felices de que las potencias coloniales más destructoras de la biodiversidad planetaria y medalla de oro del saqueo de los recursos naturales de los países del Sur rehúsen aplicar un tratado cuyo eje principal pasa por pactar con un pirómano grosero como Bolsonaro: a su vez, los agricultores desactivan un acuerdo que rompía su monopolio. Son muchos votos en juego justo cuando comienza a armarse la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2022. Que hubiese puntos pendientes para renegociar por ambas partes y sectores opuestos al tratado era un hecho, pero resulta burlesco escuchar la retórica de París y Berlín: parece como si la Comisión Europea hubiese negociado con el Mercosur sin informar del contenido del texto a los poderes políticos nacionales y que nadie estaba al corriente de que Brasil quemaba el Amazonas como leña para el invierno. El pasado 21 de agosto, la canciller alemana Angela Merkel expresó “serías dudas” sobre el tratado y puso el acento sobre “los incendios”. La misma fuente del Ejecutivo citada por Le Monde (anónimamente) apunta que al texto “le faltan ambiciones medioambientales y disposiciones vinculantes, pero no queremos rechazarlo todo”. El consejero fija tres “exigencias políticas”: primero, se trata de asegurarse que el “acuerdo no provocará ninguna desforestación importada de la Unión Europea”: segundo, que los compromisos de los países del Mercosur con respecto al clima (el acuerdo de París, por ejemplo) sean “jurídicamente vinculantes”: tercero, que los controles de aduana y la trazabilidad “sean más frecuentes” y respeten “las normas medioambientales y sanitarias”.

La Unión Europea no fue tan quisquillosa con el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), el acuerdo comercial de libre intercambio bilateral entre la Unión Europea y Canadá que entró en vigor en 2017 (la Asamblea Nacional francesa lo ratificó en 2019). Carne vacuna llena de hormonas de crecimiento, no respeto de los lineamientos del acuerdo de París sobre el clima, golpe a la agricultura y a los productores bovinos del Viejo Continente, la lista de “faltas” es todo un prontuario. Sin embargo, como suele ocurrir siempre con América Latina, la Unión Europea tiene un lenguaje comprensivo en ciertos países e intransigente con los latinoamericanos. El patético mandato de Jair Bolsonaro le sirve además como perfecto espantapájaros. Este domingo 20 y el lunes 21 de septiembre los ministros europeos de Comercio se reúnen para evaluar sus respectivas posiciones. España y Portugal amparan el tratado al tiempo que los parlamentos de los Países Bajos y Austria ya lo rechazaron. Sin embargo, ni siquiera el análisis científico es convergente. Mientras el informe de la Comisión Ambec dice que el tratado entre los dos bloques incrementará la emisión de gases con efecto invernadero, un informe encargado por Bruselas a la London School of Economics (LSE) afirma lo contrario. Varios países de la EU se abocarán en adelante a encargar informes a comités científicos cuyas conclusiones ya están escritas de antemano. El Mercosur es incompatible con el “Green Deal” que está tan de moda, sobre todo cuando se trata de exigirles al Sur que lo respete a la letra. Bruselas y sus aliados se suben sobre las aristas del tratado Mercosur / Europa para diseñar su nueva doctrina comercial (2021) bañada en la temática medio ambiental. En el verano de 2019, el presidente Emmanuel Macron escenificó con mucha habilidad el rechazo al acuerdo con una condición: si Bolsonaro no se ocupaba de proteger el Amazonas no habría acuerdo final. El presidente brasileño le regaló a Occidente la oportunidad de dar lecciones sobre imperativos esenciales que los occidentales jamás respetan en otros puntos del planeta, ni cuando firman acuerdos con otras potencias, ni cuando venden armas a las dictaduras más sangrientas del mundo.

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