Desde Río de Janeiro. El ultraderechista presidente Jair Bolsonaro (foto) asegura que Brasil es un modelo de preservación ambiental, y que los incendios forestales ocurren “normalmente en esta época del año”. 

Para el vice-presidente, el muy reaccionario (no confundir con conservador) general retirado Hamilton Mourão, hay una campaña de desinformación cuyo objetivo es perjudicar las exportaciones brasileñas del agronegocio a Europa y “manchar la imagen de Brasil en el mundo”. 

Para el general – igualmente retirado y especialmente reaccionario – Augusto Heleno, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, lo que existe es, sí, una campaña, resultado de la organización “Articulación de los Pueblos Indígenas”, controlada por izquierdistas y vinculada al actor norteamericano Leonardo di Caprio, que funciona 24 horas por día para “ensuciar la imagen de Brasil en el exterior”.

Mientras, en lo que va del mes incendios – en su inmensa mayoría intencionales, o sea, criminales – ya consumieron más de dos millones y medio de hectáreas, haciendo desaparecer al menos 12 por ciento de la región conocida como “Pantanal”, parte de la llamada Amazonia Legal brasileña. Se trata de la mayor área inundada del planeta, y abriga (o abrigaba) una formidable e incomparable variedad de fauna y flora.

La humareda provocada por los miles de focos de incendio hizo que en Porto Alegre, en el extremo sur del país, haya bajado una lluvia negra. El mismo fenómeno era esperado en San Pablo y Río este fin de semana.

A lo largo de todo el mes de septiembre del año pasado se registraron 2.887 focos de incendio en el Pantanal. En los primeros catorce días de septiembre de 2020, fueron casi el doble: 5.300.

De parte del gobierno nacional no existe propiamente inercia: su acción consistió en enviar unos 90 soldados para dar combate al fuego y liberar un “presupuesto de emergencia” de unos escasos 650 mil dólares. Otra acción, adoptada desde el comienzo del año, ha sido reducir a menos de dos por ciento el presupuesto anual de prevención y control del medioambiente.

Especialistas en el tema aseguran que la inactividad gubernamental, para no mencionar la reiterada aversión de Bolsonaro a la legislación que impide, por ejemplo, la minería en áreas protegidas y en reservas indígenas, favorece, cuando no incentiva, la acción de productores rurales dispuestos e multiplicar las áreas de sus plantaciones, principalmente de soya destinada a las exportaciones.

En el palacio presidencial se asegura que “el intento de actuar de manera diplomática ha fracasado”, y que a partir de ahora habrá una nueva política: confrontar abiertamente las ONGs que “no hacen más que atacar al gobierno brasileño bajo el argumento de denunciar falsos e inexistentes crímenes ambientales”.

Sin embargo, hay los que creen exactamente lo contrario, dentro y fuera de Brasil.

Por estos días se registró lo que el diario derechista O Globo llamó de “presión histórica”, uniendo empresas y los mayores bancos brasileños, organizaciones no-gubernamentales globales y países europeos en un enérgico llamado al gobierno de Bolsonaro para reducir de inmediato la devastación forestal.

Nunca antes, siquiera en tiempos de la dictadura militar que duró de 1964 y 1985 (y que Bolsonaro dice que no existió), el país sufrió semejante ola de presión interna y externa.

Si desde principios del pasado mes de junio embajadas brasileñas principalmente en Europa venían recibiendo cartas con advertencia de “grave preocupación” por lo que ocurría en Brasil, ahora las amenazas se hicieron más claras y concretas.

El gobierno francés, por ejemplo, ya anunció que no irá adherir al acuerdo comercial entre Unión Europea y el Mercosur, a raíz de la devastación ambiental que ocurre en Brasil.

Un grupo de países – Alemania, Bélgica, Dinamarca, Italia, Holanda, Francia, Noruega y el Reino Unido – envió al vicepresidente Mourão un oficio afirmando que el aumento de la deforestación “está haciendo cada vez más difícil para empresas e inversionistas atender a sus criterios ambientales, sociales y de gobernanza”.

O sea, aumentó y mucho el riesgo de que se suspendan inversiones e importaciones en el agro-negocio del país.

La reacción de Mourão ha sido típica del gobierno de Bolsonaro: anunció que invitará a los embajadores de eses países para visitar la Amazonia y constatar que no ocurre lo que está ocurriendo.