El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela renunció ayer a asumir las funciones del Parlamento, después de que el Consejo de Defensa, encabezado por el presidente del país, Nicolás Maduro, solicitara a la Corte revisar la sentencia que le quitaba poderes a la Asamblea Nacional (AN).

“Enfrentamos una situación compleja, y yo puedo decir que en pocas horas, activando los mecanismos de la Constitución, fue superada exitosamente la controversia que existió entre dos poderes”, dijo Maduro durante un acto militar en la costera ciudad de La Guaira. En un comunicado, el TSJ venezolano informó que suprime algunas partes de la citada sentencia y deja sin efecto su anterior decisión de asumir las competencias del Parlamento, de mayoría opositora. Asimismo, dejó sin efecto el contenido de la sentencia con la que había decidido limitar la inmunidad de los diputados de la AN, al considerar que ese privilegio es incompatible con el “desacato” en el que persiste por mantener en sus escaños a tres diputados suspendidos por una investigación de fraude en sus elecciones. La decisión fue anunciada luego de que el Consejo de Seguridad de la Nación, una instancia de consulta del jefe de Estado, exhortara al TSJ a revisar esas sentencias.

Maduro convocó a este Consejo con el objetivo de resolver lo que calificó como una impasse derivada de la posición del Ministerio Público (Fiscalía) frente a la sentencia en la que el TSJ se atribuyó las funciones del Parlamento, debido a la situación de “desacato” en la que éste se encuentra. El Consejo de Seguridad llegó a este consenso pese a que un par de horas antes el propio Maduro había respaldado la decisión del Supremo, garante del cumplimiento de la Constitución venezolana, y la canciller Delcy Rodríguez había previsto acudir a la sede judicial para expresar también el apoyo del Ejecutivo. Otro punto del acuerdo al que llegó el Consejo fue ratificar que el máximo tribunal, en su Sala Constitucional, “es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional”, así como “la resolución de los conflictos entre poderes”. 

Sin embargo, el presidente del Legislativo, el opositor Julio Borges, dijo que pese a ello el “golpe de Estado” persiste. “No ha habido cambio, el golpe de Estado continúa”, aseguró Borges a los periodistas presentes en un acto de la oposición, al referirse a las aclaraciones del TSJ. “El Tribunal Supremo de Justicia pretende maquillar un muerto, pero el TSJ ya dio un golpe de Estado que no puede corregir. Que no crea que tachando una palabra en esa sentencia corrigen el muerto, la sentencia es la culminación de un golpe de Estado que han venido dándonos desde años”, subrayó durante una concentración de opositores en Caracas, en la que llamó a iniciar un movimiento de cambio. Desde una “sesión especial de calle” de la AN, el parlamentario resaltó que ayer iniciaron de nuevo las actividades de calle para lograr la libertad definitiva de Venezuela. “La calle significa salir a defender nuestra dignidad”, agregó Borges. 

Por su parte, el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, señaló que con estas aclaratorias del máximo tribunal no está resuelto el golpe de Estado, y pidió que estas sentencias sean anuladas. “¡La grave situación que vive nuestra Venezuela sigue siendo la misma! No hay nada que aclarar. Hay que respetar la Constitución”, expresó el gobernador opositor a través de la red social Twitter. Capriles, que se encuentra en Washington en una campaña para denunciar la crisis del país, calificó al Consejo como otra reunión más de la cúpula del PSUV (el gobernante Partido Socialista Unida de Venezuela), y aseguró que lo único útil que podía hacer para solucionar el conflicto que atraviesa el país era llamar a elecciones.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, dijo ayer en un acto ante representantes del cuerpo diplomático que pueden tener la seguridad de que ese organismo no hará nunca nada que atente contra la estabilidad política del país petrolero. Sin embargo, las decisiones del TSJ generaron fuerte rechazo internacional, especialmente desde el momento en que asumió las competencias de la cámara. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció un “autogolpe” a raíz de los fallos, ampliamente criticados por la comunidad internacional. Pero el mandatario venezolano respondió el viernes que en Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos, y se dijo víctima de un “linchamiento diplomático”.

Fortalecida por la presión internacional sobre el gobierno, la oposición a Maduro se movilizó ayer bajo advertencias del presidente de que enfrentará  cualquier “aventura golpista”. Decenas de adversarios se concentraron en una plaza de Caracas, donde el bloque legislativo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sesionaba y anunciaba nuevas protestas. La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB, policía militar) reprimió con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes. Los opositores no pudieron continuar su trayecto debido a la presencia de tanquetas antimotines que bloquearon la vía, y fueron dispersados con gases lacrimógenos.

El TSJ declaró en desacato al Poder Legislativo, anulando sus decisiones, por considerar que no desvinculó formalmente a tres asambleístas opositores acusados de fraude electoral. Ante la andanada de críticas, Maduro lanzó el viernes una dura advertencia. “Que nadie esté aprovechando esta circunstancia para aventuras, porque la voluntad para enfrentar aventuras golpistas es absoluta y yo llamaría al pueblo a la calle”, desafió el presidente, cuya figura rechazan siete de cada diez venezolanos, según encuestas de la oposición. Maduro denuncia un plan liderado por Estados Unidos y gobiernos de derecha, a través de la OEA, para derrocarlo. Pese a ello, reiteró que está dispuesto a reactivar el diálogo que la MUD congeló en diciembre pasado alegando el incumplimiento por parte del gobierno de acuerdos sobre un cronograma electoral y liberación de opositores presos.

Asimismo, un grupo de 13 países presentó un proyecto de resolución para ser debatido mañana en el Consejo Permanente de la OEA, a fin de declarar que los fallos del TSJ constituyen una violación del orden constitucional.