Los conflictos de tierras no se morigeraron con la pandemia, dado que continúan con desmontes y picadas en fincas incluidas en reclamos territoriales indígenas. Esta vez el conflicto se suscitó entre integrantes de la Comunidad Asamblea de Dios, representada a su vez por la Asociación Nechehen, y el titular registral Armando Santillán, quien compró un catastro de 1500 hectáreas en 2019. Las tierras aparecen a nombre de su hijo, Ramiro Lucas, según surge de la Dirección General de Inmuebles de la provincia.
El miércoles último con una máquina topadora se realizó una picada en las tierras que reclama la Comunidad como territorio. La picada es parte del trabajo con el fin de delimitar la finca comprada por Santillán a Miguel Etcheto.
Antes, el 20 de mayo, había acontecido una situación similar. Frente a los hechos, integrantes de la comunidad frenaron el paso de las máquinas. Según lo indicado por la familia Macote, de Asamblea de Dios, el maquinista detuvo los trabajos a la espera de que haya un acuerdo con el titular registral. Según el encargado de los trabajos en la finca, Fernando Cenci, el maquinista fue amenazado por los miembros de la comunidad, que ya se encuentran denunciados en sede policial.
Mauro Macote, miembro de Asamblea de Dios, contó a Salta/12 que la Comunidad se encuentra asentada a un kilómetro de la ruta 81, en Fortín Dragones, en el departamento San Martín, ya en el límite con Rivadavia. “Estuvimos esperando respuestas de parte del gobierno porque habían dicho que nos iban a acompañar en la lucha y nos damos con que el terreno fue cedido a otro señor”, detalló.
Desde 2010 la Comunidad tiene lista la carpeta técnica del territorio ancestral que involucra unas 20 mil hectáreas de la zona. Este trabajo se encuentra enmarcado en la Ley 26.160, de Emergencia Territorial de las Comunidades Indígenas, y según la información con la que contaban de manera extraoficial, ya estaría aprobada y a ser comunicada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Pese a que en julio y agosto se elevaron notas a las autoridades del INAI para tener certezas, aún no hubo respuestas.
Santillán compró 1500 hectáreas incluidas en la matrícula 21656 a (siempre según Inmuebles) 58 mil dólares. Es en esa matrícula donde se encuentra la Comunidad. Pero según lo explicado por Cenci, Santillán es integrante de otra sociedad que compró otras parcelas que también formarían parte del territorio reclamado por la Comunidad.
Por ahora, Santillán (con la intermediación de Cenci) acordó dar parte de las tierras a integrantes de la Comunidad La Corzuela, que reside en ese territorio, y a una familia criolla que vive en la zona. En el caso de Asamblea de Dios existe una propuesta similar para entregar cerca de 400 hectáreas. Pero aún no hay un acuerdo. “Asamblea de Dios y Asociación Nechehen es la comunidad madre de La Corzuela”, dijo Macote al sostener que con ese “acuerdo” con una de las comunidades, se termina generando tensión entre los mismos wichís por las posiciones diferentes respecto a un territorio que es comunitario. La experiencia los pone sobre aviso, dado que abundan los ejemplos de comunidades que quedaron con pocas hectáreas encerradas entre desmontes que complican la caza, la recolección de frutos del monte y en definitiva, su supervivencia.
“Santillán quiere ceder 1000 hectáreas pero solo 379 hectáreas serían para nosotros que somos 300 habitantes que conforman unas 70 familias. Esos montes que nos quedan son ricos para la producción, pero a nosotros nos sirve para cacería, para construcción de casas con madera. Siempre se recurre a sacar postes, leña para el uso personal. Más cuando no hay gas ni electricidad”, dijo Macote al describir la situación de su Comunidad. Aseguró que en cuanto al agua, por ahora “nos pasan desde el pueblo”, pero cada vez es menor la presión y la única cañería que mantiene el servicio “se está rompiendo”.
“Están a 9 kilómetros”
Cenci aseguró que la apertura de caminos o picadas que se hicieron en las tierras no son en el catastro de Santillán, sino “a 9 kilómetros” de donde se encuentra la comunidad Asamblea de Dios. El catastro a nombre solamente de Santillán es el 21.656, mientras que donde se realizó la picada (siempre según Cenci), es el 21.655. Este es, además, un catastro que compró una sociedad anónima de la que también forma parte el empresario. En un corto diálogo con Salta/12 Santillán afirmó: “No hay una actitud beligerante de nuestro lado”.
La intención de Santillán es acondicionar los suelos de la finca para realizar producción ganadera y, dijo Cenci, ya acordó la entrega de tierras “con papeles con La Corzuela y también una familia de criollos porque su idea es entregarle la tierra a la gente que vive ahí y también poder trabajar”. Cenci quedó a cargo de los trabajos una vez llegada la pandemia dado que Santillán no pudo viajar más a la zona a raíz del aislamiento. El encargado aseguró que activó el diálogo con las comunidades de la zona con acuerdos en la mayoría, y desencuentros con Asamblea de Dios.
Afirmó que fueron los miembros de la familia Macote quien amenazaron con incendiar la topadora, por lo que quien estaba a cargo dejó los trabajos, y fue Cenci quien luego hizo la denuncia.
Apuntó también al estado provincial y nacional por no generar referencias en los papeles para que quienes quieran comprar las tierras puedan saber si existen o no conflictos, dado que quien compra, dijo “lo hace de buena fe” y luego se da con la situación de los reclamos territoriales. “La provincia te cobra Rentas y todos los impuestos, pero después no aparece”, añadió.
Respecto a los procedimientos de relevamiento territorial enmarcados en la Ley 26.160, Cenci dijo que “las carpetas técnicas son una vergüenza”, y a los miembros de los pueblos indígenas “los han engañado con eso”. No obstante, admitió conocer la complejidad de la tensión que se genera entre comunidades que piden el reconocimiento de sus derechos territoriales, y los titulares registrales que comercian la compra-venta de tierras donde los conflictos siempre estuvieron.
