En esta historia sin fin de la pandemia se viene un nuevo y duro capítulo para la provincia. Para frenar el aumento de contagios y muertes que pusieron en situación de inminente colapso al sistema de salud salteño, el gobierno decidió la vuelta a una fase de aislamiento, de la que hoy se conocerá la letra chica, sobre la base del decreto que emita la Nación especificando lo permitido y lo prohibido.

Hasta llegar a la decisión de retrotraer las flexibilizaciones hubo una especie de juego al estilo de “quién le pone el cascabel al gato”. Tras una serie de ultimátum de Gustavo Sáenz, el último hace unos diez días cuando sacó de funciones a la ex ministra de Salud Josefina Medrano, con el constante incremento de los casos se esperaba el inminente anuncio del gobernador sobre las restricciones.

Pero, a sabiendas del costo político que conlleva frenar totalmente la economía, la estrategia fue esperar el anuncio de Nación del viernes y que la cuenta de la fase 1 la pague el Presidente. Eso no pasó, ya que la Casa Rosada optó por un spot grabado por una locutora, en el que se limitó a dejar recomendaciones acerca de restringir la circulación de personas en una serie de provincias, entre las que estaba Salta.

Con la brasa caliente otra vez en manos locales, fueron los intendentes quienes ni lerdos ni perezosos contuvieron a Sáenz, pero con un fuerte abrazo de oso (que en esta oportunidad no era Sergio Leavy, pero casi) y en otras palabras le dijeron “estamos con vos, fuerza, te apoyamos, pero la decisión es TUYA”. Rápidos de movimientos, los jefes comunales se aseguraron que el pasamanos de la cuarentena se corte antes de que les llegue el paquete.

Finalmente, la decisión se tomó con una puesta en escena digna de una democracia parlamentaria, el papel de Fuentovejuna lo tomó el COE, y con un inédito nivel de detalles explicaron que con 12 votos a favor, uno en contra (el Consejo Económico y Social) y un ausente se decidió la tan temida vuelta atrás.

El anuncio corrió a cuenta del presidente del COE, Francisco Aguilar, y la secretaria de Desarrollo Organizacional, Verónica Guzmán, dos personas de la nueva gestión de Salud que probablemente nunca necesiten de los votos en una elección. Estas decisiones antipáticas suelen quedar en la memoria colectiva, por eso el ala política del COE pensó que mejor no terminar pegados de cuerpo e imagen en una situación piantavotos y "cedió" la primicia a los dos representantes del ala científica.

Como era de esperarse, sin muletillas al estilo de “venimos trabajando fuertemente” o “ya todos saben el estado devastado en el que recibimos el sistema sanitario”, Aguilar y Guzmán dieron en cuatro minutos más información que la que se dió en los anteriores 5 meses que van de pandemia.

“Sabemos de los problemas sociales y económicos que trae un aislamiento total”, reconoció Aguilar pero inmediatamente se apoyó en dos argumentos difíciles de discutir: “estamos con un límite de camas de terapia cercanos al 90% de ocupación. Un recurso humano muy escaso, médicos y enfermeros que nos faltan en los hospitales del interior y de capital”.

“Las medidas que hemos tomado hasta hoy, evidentemente, por la curva de crecimiento que tiene la pandemia, no alcanzaron, por lo cual estamos tratando de adaptarnos y poder ponernos a la altura de la circunstancia para avanzar en la cobertura sanitaria que necesita la provincia”, remató Guzmán, que por lo menos tuvo la delicadeza de meter un inclusivo “tomamos” y un piadoso “no alcanzaron”, cuando lo correcto hubiese sido “tomaron Medrano y compañía” y “no sirvieron”, respectivamente.

El gobierno claramente no tiene la culpa de que haya una pandemia mundial. Quizás se le puede adjudicar alguna responsabilidad en el relajamiento de la población, especialmente en el momento de plena competencia con Jujuy para ver quién flexibilizaba más, cuando instaló una onda triunfalista que estuvo a centímetros de desafiar al coronavirus con un “si quiere venir que venga, le presentaremos batalla”, lo que ayudó a relativizar la gravedad de la situación.

Pero sí deberá rendir cuentas de que en solo dos semanas se haya llegado a un colapso del sistema sanitario con una curva en pleno crecimiento pero lejos aún de alcanzar el techo, sobre todo cuando hubo un margen de cinco meses para poner a punto el sistema sanitario, sabiendo que irremediablemente más tarde o temprano el virus iba a impactar en Salta.

La nueva gestión de Salud encabezada por el doctor Juan Esteban tuvo que volver forzosamente al pasado y tomar medidas dignas de marzo, como, por ejemplo, montar anexos tipo carpas en los hospitales para aumentar la capacidad de atención o remodelar un sector del Papa Francisco para poner cinco camas de terapia intensiva.

El ministro arranca con dos problemas de base en su gestión, el primero es la falta de tiempo, todas las medidas que toma son en plena tormenta y con nulo margen de error, lo que no se haga o se haga mal ahora cuesta una vida. El segundo es que no podrá culpar a la herencia recibida, cada deuda de la gestión Medrano la tiene que pagar Esteban en efectivo. La única ventaja a su favor se da en que la mayoría, sino todos, considera que no se puede empeorar lo que se hizo hasta ahora.

Tanto Esteban como Sergio Humacata, el secretario de Salud, arrancaron la gestión con una hiperactiva agenda de visitas a los distintos hospitales, en donde escucharon muchas más quejas que halagos. Pero dos semanas después comprendieron por qué los generales están siempre en el campo de batalla pero nunca en la primera línea: Humacata se encuentra internado y Esteban aislado. El coronavirus no entiende de jinetas.

El dilema de la economía

En estas últimas horas, hasta tanto se defina cuales serán las actividades exceptuadas, cada sector económico que olfatea será alcanzado por las restricciones muestran sus cartas para revertir la decisión, algunos le dicen lobby otros lo llaman instinto de supervivencia. 

Apenas se conoció la decisión del COE aparecieron sendos comunicados de las cámaras de comercio y de gastronómicos rechazando cualquier tipo de cierre y salieron de caravana vehicular comerciantes y dueños de gimnasios. Se desconoce cuál será el acatamiento a la medida de aislamiento y qué tan duro podrá ponerse el gobierno en caso de una desobediencia masiva que se insinúa vía redes sociales.

Además, uno de los grandes desafíos a este nuevo aislamiento es qué capacidad de asistencia tendrá el gobierno provincial para atender a los sectores afectados. En marzo el impacto fue en todo el país y las ayudas diseñadas por el gobierno nacional fueron inmediatas. En Salta el IFE y las ATP fueron maná en pleno desierto.

Ahora, a medida que mejora la situación en el AMBA, ambos programas amenazan con ser discontinuados y desde Buenos Aires se ven más predispuestos a enviar insumos médicos y profesionales de la salud que a asistir con fondos directos para los sectores económicos afectados.

Entonces dicha tarea deberá correr por cuenta de la provincia, pero con un sistema de salud que irremediablemente necesita inversión en gran escala, la opción de créditos y subsidios a comercios, restaurantes o gimnasios a priori pasa a lista de espera. 

La única herramienta a mano actualmente sería entonces la de extender las diferentes exenciones impositivas, medida de mediano impacto considerando que el principal impuesto provincial, Actividades Económicas, también conocido como Ingresos Brutos, se hace sobre la facturación del mes, la cual lógicamente rondará cercana al cero.

Y el desafío del encierro

Y por si esto fuera poco el gobierno deberá hacer cumplir el aislamiento a una población que evidentemente le perdió el respeto al coronavirus y no se priva de salir ya sea para ser parte de una serpenteante y compacta fila frente a un banco, de una celebración religiosa como la del Milagro o de una marcha opositora con un popurrí de consignas anti.

La misión quedará una vez más en manos del cuestionado, por fuera y por dentro, ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro, quien deberá valerse de los revitalizados policías, que seguramente aprovecharán este papel clave que les tocará jugar en estos 21 días para plantear con fuerza sus reclamos tal como pasó en Buenos Aires.

Como dato llamativo, los dos referentes “civiles” del sector policial y que se presentan como voceros de los azules son el abogado Santiago Pedroza y el diputado Gustavo Orozco, ambos militantes del saencismo, y que por lo tanto no se entiende si son parte del problema o de la solución.

Ya van más de 150 días en modo plaga, pasó el otoño, pasó el invierno y con el arranque de la primavera solo queda esperar que no se adelante la temporada de lluvia, ya que un brote de dengue es lo único que falta para cantar bingo en un año nefasto.