El 16 de septiembre se cumplieron 65 años del golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón. Los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu se sucedieron en la jefatura de la dictadura que se autodenominó "Revolución Libertadora". En Salta hubo seis gobernadores de facto en ese periodo.
Lonardi trató de reemplazar al Congreso por la Junta Consultiva Nacional, de la que participaron la UCR, el socialismo, los demócratas nacionales, los democristianos y los demoprogresistas. El Partido Peronista fue proscripto, los sindicatos, intervenidos y arreció la persecución política. Empezando por Perón, la gran mayoría de los que ocupaban cargos públicos fueron detenidos. Fue particularmente cruel el caso del ex gobernador salteño Carlos Xamena, que fue detenido a pesar de que estaba internado en Buenos Aires muy enfermo, luego fue trasladado al Hospital del Milagro en Salta, siempre detenido. Falleció al año siguiente a los 46 años.
Seis días después del golpe, se hizo cargo del gobierno provincial el teniente coronel Arnoldo Oscar Pfister, circunstancialmente al frente del Comando de la V División de Ejército debido a que su jefe, el general Aquiles Lorenzo Moschini, se encontraba en Córdoba, adonde había concurrido para sofocar el golpe encabezado por Lonardi. Moschini había partido de Salta siendo “leal” al gobierno constitucional peronista pero, según recuerda el periodista Abel Eduardo Pereyra en su obra Tonada del Primer Mundo. Relato histórico periodístico de la Salta contemporánea, en tierras cordobesas cambió de parecer y regresó a Salta a tomar el mando de la provincia, ya en el bando de los golpistas.
Pfister y Moschini iniciaron una sucesión de seis interventores militares en los casi tres años que duró la “Libertadora”: Moschini asumió el 24 de septiembre, ya con la “presidencia” de Aramburu, y siete días después lo sucedió el teniente coronel (RE) Julio R. Lobo, un dictador menor que duró hasta mayo de 1956, año en que asumió el destacado médico endocrinólogo y dirigente radical Arturo Oñativia, quien fue interventor solo por tres días, al cabo de los cuales asumió otro civil, Alejandro Lastra, quien estuvo casi un año y entregó la intervención a Domingo Nougués Acuña.
Según Pereyra, en Salta hubo una activa participación en el golpe de “militares y civiles”. Entre estos últimos, destaca al dirigente radical y copropietario del diario El Intransigente “Michel Torino, como así también los principales dirigentes de los nuevos partidos políticos, Unión Federal y Demócrata Cristiano, amén de todo el espectro partidario opositor, desde las izquierdas más cerriles hasta las derechas más conspicuas”.
Los retratos de Perón y Evita
Tras el golpe el gobernador Ricardo Joaquín Durand fue detenido y confinado en la cárcel de Villa Las Rosas durante tres meses, al cabo de los cuales se exilió en Chile.
El 5 de marzo de 1956 la dictadura impuso el decreto 4161, que prohibía toda expresión del peronismo. La persecución se hizo notar no solo con cárcel: muchos empleados estatales fueron dejados cesantes.
Los registros de la Justicia Federal de Salta dan cuenta del aumento de la persecución política en todo el territorio provincial, y de la participación conjunta de las fuerzas de seguridad ya por aquellos años. Revisando viejas causas es posible encontrar pedidos de allanamientos o detenciones realizados indistintamente por la Policía de Salta, la Policía Federal y Gendarmería Nacional, un preanuncio de lo que vendría después.
En febrero de 1956 ocho obreros ferroviarios de General Güemes fueron detenidos bajo la acusación de “sedición”, en la causa se destaca que “todos” eran de “conocida afiliación al Partido Peronista”. En Río Pescado, Orán, un tal Brígido Pastor Ramos, había cometido el delito de exhibir “en la habitación de la pensión que ocupaba (…) retratos de Perón y Eva Perón”, informaba Gendarmería mediante un radiotelegrama a la Justicia Federal, con la carátula “infracción al decreto ley 4161”.
Viejos amigos
Antiperonista acérrimo, cuando vino a Salta, en mayo de 1956, el abogado porteño Alejandro Lastra trajo consigo a un grupo de colaboradores jóvenes, entre ellos llegó alguien que con los años iba a adquirir un renombre lamentable: José Alfredo Martínez de Hoz, quien se iba a iniciar en la función pública en estas tierras en el cargo de ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas, en el que permaneció hasta la finalización de la intervención del abogado, en abril de 1957.
Pereyra cuenta que Martínez de Hoz participó de la cacería política en “una muy sui generis 'cámara juzgadora' integrada por miembros de la Jefatura policial, el fiscal de Estado Storni e insólitamente, el ministro de Hacienda de la revolución, José Alfredo Martínez de Hoz”.
Tras su primera incursión en Salta, Martínez de Hoz iba a ocupar relevantes cargos públicos y privados en el ámbito nacional, aunque continuaría su vinculación con la región. En 1957 asumió en la presidencia de la estratégica Junta Nacional de Granos. Al año siguiente alcanzó la presidencia del Centro Azucarero Regional del Norte, un puesto clave del que no se desprendió sino hasta 1976.
El tejido del poder
El periodista e historiador Gregorio Caro Figueroa cuenta en su obra La segunda década infame en Salta que durante la década del 60 Martínez de Hoz fue asesor del presidente de la Cámara Regional de la Producción, el salteño Agustín Usandivaras. Por esa misma época el jefe del Ejército en Salta era Albano Harguindeguy, luego ministro del Interior del gobierno de facto presidido por Jorge Rafael Videla.
“Joe” o "El Orejudo" y Harguindeguy compartían la pasión por la caza mayor, otra razón que los mantuvo ligados a la región, en cuyas selvas de Yungas tomaron como blancos a los yaguaretés. Los lugareños cuentan que las comitivas de cazadores bajaban en helicóptero entre las serranías de Calilegua y Maíz Gordo.
Ambos compartieron también las delicias de la alta sociedad salteña. Como jefe militar Harguindeguy tenía asegurada la entrada por la puerta grande, es que “los militares, por el estatuto del Club 20 de Febrero, eran automáticamente miembros”, recuerda Caro Figueroa, quien aporta más datos para entender “cómo se va tejiendo la cosa del poder”: “Titín” Usandivaras estaba dentro del grupo de familias reconocidas que “apuntalaban a (Roberto) Romero”. Fue durante la "Libertadora" que el diario El Tribuno, cuya tercera parte pertenecía al Partido Peronista, fue intervenido y luego pasó a manos de la sociedad Horizontes SA, integrada por los dirigentes de la UCR Intransigente Bernardino Biella, Jorge Raúl Decavi y el propio Romero. Al poco tiempo Romero quedó como único dueño del matutino.
Lastra y Martínez de Hoz continuaron su buenas relaciones: Lastra fue “abogado de ingenios tucumanos de los que el propio Martínez de Hoz era fuerte inversionista”, recuerdan los periodistas María Seoane y Vicente Muleiro en El dictador: la historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla. Años después, ya como ministro de Economía de la última dictadura, iniciada el 24 de marzo de 1976, Martínez de Hoz convocó a Lastra para que integrara una de las cinco comisiones asesoras honorarias creadas por decreto 223/76 para que resolvieran conflictos entre el Estado y empresas extranjeras. Lastra fue miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, la misma que integra Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma.
En la causa en la que se investiga a Blaquier por privaciones ilegítimas de la libertad de 26 personas durante la última dictadura, el juez federal Fernando Poviña sostuvo que Martínez de Hoz "actuaba como lobista de los ingenios de Patrón Costas en Salta y Herminio Arrieta en Jujuy, desde los tiempos en que integró la intervención en la provincia de Salta durante la 'Revolución Libertadora’ de Aramburu en 1956, y luego durante sus cargos como secretario de Agricultura y Ganadería, y ministro de Economía durante el golpe militar de 1962-1963, desempeñándose además, en esos años, como presidente del Centro Azucarero Regional del Norte Argentino (CARNA), la corporación empresaria de Ledesma y sus socios”.