María Cristina Cravino es antropóloga urbana. Las ocupaciones de tierras son su tema de investigación, en el que empezó a trabajar cuando estaba haciendo la facultad, a finales de los ‘80 y que continuó después con la observación de conflictos urbanos, políticas sociales y de salud.

Los títulos de algunos de sus libros hablan de ese interés: Las villas de la ciudad (2006), Vivir en la Villa (2008), Detrás de los conflictos (2017), La ciudad (re)negada (2018). Cuando habla de los procesos sociales que dieron lugar a las ocupaciones, cuenta hechos que conoció de primera mano por haber entrevistado a sus protagonistas. Lo hace además, pensando en ser entendida por un público más amplio que el de la academia. Aunque viene en un ciento por ciento de ella: es doctora en antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magister en administración pública, docente de postgrado en distintas universidades nacionales. Fue directora de la Maestría en Estudios Urbanos del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento y es investigadora del Conicet.

--¿Cuándo empezaron las tomas como fenómeno social en la Argentina?

--El registro icónico es el de la década del 30, en el contexto de la desocupación por la crisis mundial. Cerca donde hoy está la Villa 31, operarios del puerto de Buenos Aires no pudieron seguir pagando el alquiler en sus inquilinatos, hicieron ollas populares y toman tierras. Eran polacos e italianos, inmigrantes europeos. El gobierno, después, les dio viviendas provisorias. Más tarde, en las décadas del ‘40, 50 y 60 hubo ocupaciones en el marco de la migración rural a la ciudad, sobre todo con la modalidad de villas.

--Y esas ocupaciones, ¿cómo se hacían?

--Cuando se hacían tomas eran como una primera forma de entrada a la ciudad, con una visión de que iba a ser un hábitat transitorio hasta conseguir una vivienda en el mercado o por el Estado. Además, se daba un proceso de agregado: venía una familia, después algunos parientes... eso está muy bien descripto en Villa Miseria también es América, de Bernardo Verbistky, y en Villeros y Villas Miseria, de Hugo Ratier. Venía una familia del interior y después le escribía el pariente, también expulsado por la mecanización del campo, por la crisis de las economías regionales o por las crisis de los países limítrofes. La gente migraba a las grandes ciudades para buscar oportunidades laborales. Y cuando migraba, lo hacía por redes sociales de parientes y conocidos. De esa forma se fueron generando barrios.

--¿Por qué en la Argetina hay villas, con pasillos angostos, sin trazado urbano y por otro lado hay asentamientos, con calles, con plazas?

--Las villas nuevas en esta época se dan sólo en espacios intersticiales de la ciudad, como La Carbonilla, solamente en lugares que no tienen capacidad como para generar un barrio entero. La mayoría de las tomas se organizan como asentamientos. Esto tiene que ver con que en la periferia, cuando se ocupó, a partir de los ‘80, lo que se estaba replicando eran los loteos populares, porque hubo un mercado inmobiliario para los sectores populares que funcionó hasta la dictadura, que los clausuró. En los asentamientos se toman las normas vigentes sobre el tamaño las calles y veredas, la gente suele dejar espacio para una plaza, para un centro de salud, para una futura escuela, para un centro comunitario. Es como recrear un barrio.

"Existe una oleada de ocupaciones, pero no es una situación extraordinaria, que nunca hayamos visto. Lo que tiene hoy es mayor visibilidad".

--Ese mercado de los lotes baratos, ¿en qué época existió?

--Ya desde la década del ‘30, en la ciudad de Buenos Aires y la provincia se habilitaron loteos. Se convertía suelo rural en urbano y las inmobiliarias lo loteban y vendían en cuotas fijas sin interés. Después hubo algunas medidas para regular esa modalidad. Por ejemplo durante los primeros gobiernos peronistas se prohibieron los loteos de zonas inundables.

--¿Qué hizo la dictadura para que esto terminara?

--La dictadura dictó un decreto-ley 8912, una ley de ordenamiento urbano, que subió los estándares para los loteos obligándolos a ofrecerlos con servicios. Esto fue un hito que terminó con el ciclo de los loteos populares y generó que los desarrolladores inmobiliarios se volcaran a una nueva modalidad,contemplada en la ley: los countries. Además, las políticas socio-económicas, en paralelo, generaron una pauperización de los sectores populares, por caída del salario real y la desindustrialización, así como la introducción de mecanismos indexatorios para toda la economía, incluyendo los alquileres. Las clases populares dejaron de ser un sector solvente para pagar suelo urbano. Esa ley no generaba ningún instrumento para mejorar las condiciones de las villas que existían o regularizarlas. Es más, en la Capital Federal fueron desalojadas en su mayoría y muchos de sus pobladores “depositados” en el Conurbano Bonaerense. Se buscaba una ciudad “blanca” que quedó sintetizada en la frase de un funcionario porteño de la dictadura: “había que merecer la ciudad”. Esto, que está bien plasmado en un libro de Oscar Ozslak, hizo que se acrecentara el déficit habitacional.

--Una de las características que usted destaca es que en las ocupaciones la gente dice "no queremos que nos regalen nada"...

--Porque no cuestiona la propiedad privada, sino que es una lucha por la inclusión urbana. Por eso uno de los reclamos en las tomas es poder pagar el terreno, que el Estado compre ese lote y se los venda en cuotas. Ocupar implica un sacrificio desmedido: vivir con cuatro chapas o en una carpa, conseguir el agua, perder el trabajo para quedarse cuidando el lote, arriesgarse a que los chicos se enfermen. Se corre el riesgo de desalojo.

--¿Qué tierras se toman? ¿Hay un patrón, una tendencia?

--Si bien hay ocupaciones de casas abandonadas en la Ciudad de Buenos Aires, en el Conurbano Bonaerense lo mayoritario es que las ocupaciones se hagan en basurales, espacios que no están cercados, que no están cuidados, que son zonas inundables. También espacios donde había una fábrica que quebró, un loteo fallido, una sucesión que no se concretó, un abandono. La tierra que se ocupa es la que descartó el mercado o la que estaba a la espera para la especulación inmobiliaria, porque hay propietarios que esperan que la ciudad se extienda en su entorno, se urbanice y se valorice la tierra. Son tomados si la gente cree que son tierras del Estado, o tierra abandonada, que no se sabe quién es el dueño. La visión es la de tierra de nadie. No se ocupa una tierra que está alambrada, cuidada, con el pasto cortado.

"El Estado tiene un cuerpo normativo robusto para defender los derechos de los ocupantes. A veces hasta lo ignoran los jueces". 

--¿Qué actores aparecen acompañando las tomas? A fines de la dictadura eran visibles los curas de la opción por los pobres. Ahora los movimientos sociales, pero se habla de mafias.

--En esta pandemia lo que se ve es que muchos que alquilaban en el mercado informal o formal quedaron sin capacidad de seguir haciéndolo. En esa situación, su opción es ir al basural o pastizal que les queda enfrente o cerca, limpiarlo y construir allí una casilla y luego una casa para toda la vida, para dejársela a sus hijos. Cuando alguien se animó a instalarse allí otros se quieren sumar. Aparece un efecto contagio y se suman aquellos que están en condiciones de hacinamiento o en un lugar prestado, provisorio. En general, la información se extiende por redes de parientes y conocidos: uno le avisa al otro y se va conformando la toma. Las organizaciones sociales aparecen en el mismo momento y a veces posteriormente. También se conforman barrios sin que aparezcan las organizaciones sociales y simplemente se replica lo que se vio como se hacía en otros lugares. 

La invisibilidad es un factor que cuenta a favor, la gente prefiere que nadie se entere si ocupa, hasta que se pueda consolidar como barrio. Al principio todo puede ser un poco caótico. Si están, los movimientos sociales evitan que algunos grupos delictivos quieran instalarse en esos espacios, controlan que no lleguen los que se suelen llamar como “oportunistas” que luego venden algunos de lotes. Lo que agrupa a las personas que participan de una toma es la necesidad de un lugar donde vivir, y por eso no es bien visto que alguien se quiera aprovechar de esa situación. A veces la organización social nace en la misma ocupación, por ejemplo ante casos de vecinos que han sido estafados y compraron tierras a alguien que les hizo creer que era el dueño, porque entre los propietarios del suelo también hay mucha heterogeneidad de situaciones.

--¿En qué sentido?

--Aparecen personas que dicen ser los propietarios, pero no lo son y piden el desalojo para apropiarse de la tierra, casos de algunos propietarios que reclaman recién cuando la tierra se ocupa. En ocasiones los dueños incentivaron una toma porque su predio no tiene valor en el mercado porque se inunda y les conviene que el Estado expropie. Y también hay desarrolladores ilegales, delictivos, con diferentes formas, que hacen loteos piratas. No se los puede englobar en una misma condición.

--¿Cómo trabajan esas organizaciones?

--Son supuestas inmobiliarias que ponen carteles y una casillita y la gente cree que está comprando un lote, les dicen que después les van a dar los papeles y les piden dinero todo el tiempo. Incluso puede ser que luego sean desalojos y pierden todo lo invertido. Hay organizaciones que despliegan violencia, que venden un lote a veces con una casilla y le piden el pago de cuotas, mes a mes, para mantenerse en la ocupación. Al que deja de pagar lo sacan compulsivamente, bajo amenazas. Estas estafas son lo opuesto a una toma de tierras, donde los pobladores lo quieren es autourbanizar y autoconstruir. Las tomas son una forma de acceso al suelo urbano y a la vivienda a la que no pueden acceder en el mercado ni mediante una oferta estatal suficiente. Es resolver lo que no pueden hacerlo ni por el mercado ni por el Estado. Esto es recurrente en América latina y otras regiones del mundo.

--¿Y el Estado? ¿Qué herramientas no represivas ha usado ante los conflictos por tierras?

--El Estado, como actor, tiene también muchas contradicciones. En general, tarde o temprano termina reconociendo a esos barrios porque no tiene otra cosa que ofrecerles. Para esto ha creado el mecanismo de regularización dominial. Si se trata de propiedad privada en algunos casos se generan mesas de negociación entre los dueños y los ocupantes para que acuerden la venta, si no es posible se sancionan leyes de expropiación y se les paga una indemnización. Si la tierra es fiscal la regulariza dependiendo de qué nivel se trata. Ya existen leyes que se aplican para tierras fiscales nacionales, o se pueden sancionar leyes especiales en predios provinciales u ordenanzas en tierras municipales. 

En la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires hay normas de regularización dominial desde 1983. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires incluye el principio de radicación para los barrios informales. En la Provincia de Buenos Aires desde el año 2012 existe la ley de acceso justo al Hábitat que da lineamiento en ese sentido. Más recientemente, la ley 27.453, sancionada en el año 2018 por unanimidad en la Cámara de Diputados y sólo unos pocos senadores se opusieron, establece la regularización dominial para 4416 barrios populares. Con lo cual, vemos, que a diferencia de lo que se cree el Estado tiene un cuerpo normativo robusto para defender los derechos de los ocupantes. A veces, hasta lo ignoran los jueces. Normas similares se encuentran en toda América Latina.

"Los desalojos son vistos como una manera mágica de solucionar el problema, pero son una mala forma de taparlo".

--¿Por qué? ¿Es un modelo de respuesta?

--Tiene que ver con lo que se fue pautando en los debates internacionales de Naciones Unidas Hábitat. Durante las décadas del ‘60 y ‘70, la respuesta más extendida era el desalojo, porque la mirada dominante era que había que remover las casas precarias que surgieron en ocupaciones y ofrecer viviendas de interés social. Así se ofrecieron “viviendas llave en mano”, en complejos multifamiliares, que acá dieron nacimiento a los conjuntos de Villa Soldatti, o al barrio Ejército de los Andes conocido como “Fuerte Apache”. Esos dos casos fueron construidos dentro de las ciudades, pero muchos fueron construidos en lugares mucho más periféricos. Naciones Unidas instaba en esos años a los estados a "acompañar la fuerza autoconstructiva de los pobladores”, otorgarles recursos, como bancos de materiales o apoyo técnico. Era una forma de producir ciudad.

--Pero no fue una buena solución...

--No, porque tenían problemas de diseño en muchos casos, o de mala calidad en su construcción. También generaba costos que los habitantes no podían mantener: los servicios, los ascensores... En cambio, otras respuestas como lotes con servicios o viviendas unifamiliares estaban más acordes a las necesidades de los sectores populares, porque permitían ampliar las viviendas o adaptarlas para actividades productivas. También otras tipologías de viviendas multifamiliares de menor densidad sí generaron mejores condiciones de vida. Hay mucho para estudiar o evaluar de las políticas de vivienda para generar mejores prácticas y mayor escala. Hacen faltas miradas interdisciplinarias que contemplen los aspectos constructivos, ambientales y sociales.

--Las tomas de este año de pandemia, ¿son más numerosas que en otros períodos? ¿ve una oleada?

--No hay buenas estadísticas porque el fenómeno está asociado a la invisibilización como estrategia. Podemos decir que existe una oleada de ocupaciones, pero no es una  situación extraordinaria, que nunca hayamos visto. Lo que tiene hoy es mayor visibilidad y mayor conflictividad política. Hay una puja política alrededor de estos conflictos, que son históricos. Lo que aparece en todos los relatos, en las entrevistas a la gente que ocupó en estos meses es que son personas que ya no pueden pagar el alquiler, sobre todo los que tenían relaciones laborales más frágiles o eran cuentapropistas y que en la pandemia no pueden trabajar. También están aquellos grupos familiares que vivían hacinados, lo que se volvió más difícil de sostener, de convivir, por la pandemia. Es decir que hay un emergente de conflictividad que tiene que ver con la pandemia, pero hay un factor estructural que desde la década del ‘80 se ha ido descomprimiendo con ocupaciones.

--¿Qué efecto cree que tienen los desalojos?

--A veces son vistos como una manera mágica de solucionar el problema, pero son una mala forma de taparlo. Los desalojos son situaciones muy traumáticas, violentas, que hacen que la gente lo pierda todo y tenga que empezar de nuevo desde cero. Dejan huellas sociales muy tristes. El Estado, aun en contextos democráticos, ha adoptado modos represivos porque así da un doble mensaje: disciplinador para aquellos que osen intentar ocupar suelo urbano y de restauración del orden urbano para el resto de la sociedad. 

Es decir, de este modo se reproduce y reconstruye como un actor que “resuelve” los conflictos (en este caso urbanos) y reactualiza los límites de lo que está permitido y lo que está prohibido. Pero desalojar es una forma de correr el problema sin solucionar nada, porque lo que le queda al desalojado es irse a ocupar otro lugar o vivir en la calle. Hay que decir, también, que el Poder Judicial no es la mejor institución del Estado para resolver conflictos que desbordan lo jurídico. No obstante, este poder no siempre tuvo respuestas homogéneas porque lo que está en juego es la tensión entre el derecho a la propiedad (que muchas veces consideramos absoluto y no lo es) y el derecho a la vivienda y a la ciudad.