Según Wikipedia en su última actualización fechada hace exactamente una semana, el 15 de septiembre pasado, el Consejo Asesor del servicio de «televisión digital abierta» (TDA) actualmente está a cargo de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, de acuerdo al Decreto 50/2019. Pero nada de lo que allí se informa parece estar actualizado.

Uno busca TDA en la web y sólo aparece información histórica desde 1998 y luego desde 2009 aproximadamente, cuando se puso en marcha el servicio de Televisión Digital Terrestre denominado también Televisión Digital Abierta (TDA), sigla que incluye, además, los servicios satelitales gratuitos provistos por la plataforma satelital de la empresa estatal ARSAT. Y todo es bastante confuso y lleno de sobrentendidos, y para nada al alcance de quien no sea experto en tecnologías digitales.

Establecida esa prevención, lo cierto es que la TDA no está constituida solamente por lo producido y difundido por las plataformas del Estado nacional, sino también por lo correspondiente a todos los licenciatarios que emiten de manera digital, privados con o sin fines de lucro, o estatales (provinciales, universitarios, etcétera). Un universo complejo que permite, mediáticamente, simplificaciones como la del portal La Política Online que este fin de semana hizo un despliegue sobre la materia, bajo un título provocador: "El Gobierno relanza la TDA y analiza la vuelta del fútbol gratis".

Obviamente que el anuncio de una supuesta vuelta de Fútbol para Todos, que fue un emblemático servicio televisivo popular durante los gobiernos de CFK, es, como se dice vulgarmente, "per codere". Porque aunque no es una idea descartable, el anuncio presidencial del Plan Conectar 2020-2023 de la semana que pasó va mucho más allá y se dirige a potenciar la estructura nacional de comunicaciones, a fin de mejorar y universalizar el acceso a servicios y conexiones de banda ancha para toda la población del país.

En realidad, la presentación del Presidente subrayó la construcción de un tercer satélite argentino de telecomunicaciones, que se denominará Arsat SG1, así como la ampliación de la red de fibra óptica, el fortalecimiento de la TDA y algunas otras, complejas modernizaciones imprescindibles. Y todo con una inversión prevista de casi 38.000 millones de pesos.

Esta columna, que ha insistido tanto en la materia, no puede sino celebrar estas decisiones, porque como venimos sosteniendo, el servicio de la TDA es hoy fundamental para la democracia. Y es que con la concentración comunicacional que el gobierno macrista consolidó desde diciembre de 2015 es materialmente imposible una política de comunicación democrática, pluralista y veraz como la hoy que necesita una sociedad como la nuestra.

Por eso hay que aplaudir esta decisión presidencial, que se orienta a reparar la democracia informativa que la Argentina hoy no tiene y cuya estructura -–tan dañada–- aconseja y requiere federalizar las comunicaciones. En este sentido, esta decisión de contar con un tercer satélite nacional, cuyo desarrollo fue frenado por el macrismo, no sólo repotenciará el gran sistema alternativo y gratuito de TV digital que este país requiere, sino que además asegurará conectividad de alta calidad para alrededor de un millón de compatriotas que viven en zonas rurales. Se prevé que el servicio entre en funcionamiento en 2023, a la vez que la Red Federal de Fibra Óptica será repotenciada para cubrir prácticamente todo el país.

Como ya hemos señalado en esta columna, es urgente la recuperación de la TDA, que es gratuita y que fundamentalmente por esa razón es preciso reponer con urgencia. Lo que implica restaurar y actualizar alrededor de un centenar de estaciones de transmisión que están en las 23 provincias argentinas y que fueron prácticamente abandonadas en los últimos cuatro años. De paso, se mejorará la calidad de imagen y sonido y se espera que el sistema repotenciado llegue a unos 10 millones de hogares en todo el país, siendo que actualmente y según estimaciones alcanza a sólo 2,5 millones de hogares.

La importancia de la TDA, como venimos subrayando e insistiendo desde hace un tiempo, radica fundamentalmente en que es el gran recurso que tiene el Estado para contrarrestar la nefasta influencia del monopolio televisivo de los mentimedios, que tanto daño ha causado y sigue causando a diario, y hora a hora, a la democracia y la paz social.

Una política comunicacional veraz y con sentido nacional y popular es una necesidad y es una urgencia para una sociedad como la nuestra, sometida a la perversa dictadura de la mentira política.