Los cancilleres de los países del Mercosur menos uno, Venezuela, terminaron sesionando en Buenos Aires mientras uno de los gobiernos, el de Venezuela, daba marcha atrás y le reponía facultades al Congreso que domina la oposición. De todos modos resolvieron instar a que Nicolás Maduro asegure “la efectiva separación de poderes, el respeto al estado de derecho, a los derechos humanos y a las instituciones democráticas”. 

Los ministros sesionaron en Buenos Aires con Susana Malcorra de anfitriona. Participaron el uruguayo Rodolfo Nin Novoa, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez entre 2005 y 2010, el brasileño Aloysio Nunes Ferreira, uno de los votantes, como senador, del golpe contra Dilma Rousseff, y el paraguayo Eladio Loizaga.

Los cuatro emitieron una declaración especial sobre la situación en Venezuela que no lleva adjetivos en el título y consta de cinco puntos. 

El tramo más duro, sin embargo, figura en dos de las frases introductorias. Una dice que los cancilleres tienen en cuenta  “la ruptura del orden democrático” en Venezuela. Otra frase manifiesta que la declaración se realiza “en cumplimiento del Tratado de Asunción y sus Protocolos”. Podría ser una referencia al Protocolo de Ushuaia, pero lo cierto es que los cancilleres optaron por no mencionar explícitamente esa cláusula aprobada en 1998 en la capital fueguina. Se aplicó plenamente luego del golpe contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay y ese país estuvo suspendido de sus funciones plenas en el Mercosur hasta 2013. Venezuela ya está suspendida, pero con la acusación de no haber cumplido normas de integración en el tiempo correspondiente, acusación que Caracas refuta con el argumento de que fue el país que, proporcionalmente al tiempo de incorporación como miembro pleno, incorporó esas herramientas con mayor velocidad.

El primer punto, justamente el que insta a preservar la división de poderes, pide que el gobierno de Maduro adopte “inmediatamente medidas concretas” y señala que esas medidas deben ser “concertadas con la oposición”, de acuerdo con las “disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. 

El segundo punto exhorta a Caracas a “respetar el cronograma electoral que se deriva de su normativa institucional, restablecer la separación de poderes, garantizar el pleno goce de los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades fundamentales y liberar a los presos políticos”. 

La declaración no lo menciona pero el nombre que aparece siempre en la última categoría es Leopoldo López, un dirigente opositor al chavismo que la oposición define como “preso político” y que el gobierno de Venezuela caracteriza como un condenado por la comisión de delitos que incluyen la instigación a la violencia que terminó con muertos. En las páginas 24 y 25 de esta edición PaginaI12 informa sobre la veloz marcha atrás operada en Venezuela, que en dos días pasó del cuestionamiento al parlamento y la invalidación de sus poderes a un dictamen de la fiscal contra el propio Tribunal Supremo de Justicia, una reunión formal convocada por Maduro en la que se dio vía libre para que el TSJ pudiera cambiar su fallo y el posterior cambio efectivo de posición por parte del TSJ. 

En el tercer punto los cancilleres de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se comprometen a “continuar las consultas entre sí y promover consultas con la República Bolivariana de Venezuela tendientes al restablecimiento de la plena vigencia de las instituciones democráticas en ese país, acompañando dicho proceso”.

El cuarto punto faculta a la Presidencia Pro Tempore, que ocupa hoy la Argentina, a iniciar las consultas del punto anterior. 

El quinto reitera “su solidaridad al pueblo hermano de Venezuela, a las víctimas de persecución política y de violación de derechos humanos, así como su disposición a colaborar en pos de una solución pacífica y definitiva de la crisis política, institucional, social, de abastecimiento y económica” que atraviesa Venezuela.  

“Ninguno de los cancilleres propuso la expulsión de Venezuela ni nada por el estilo”, dijo a este diario un diplomático que pidió reserva de su nombre. “Lo ideal sería encontrar un mecanismo aceptable y reiniciar contactos que puedan acompañar un proceso de diálogo”, afirmó. “Sería mejor que no avance la confrontación y que se emprenda un camino de diálogo, porque aquí ni siquiera se aplicó el protocolo de Ushuaia.”

Según trascendidos recogidos por este diario de funcionarios sudamericanos, la posición más dura contra Venezuela fue expuesta por Paraguay y la más contemplativa por el canciller uruguayo. 

Loizaga llegó a Buenos Aires en el marco de una crisis grave. El punto más alto fue el asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana, de 25 años, por parte de la policía paraguaya en la propia sede de su partido. Lo mató el suboficial Gustavo Florentín y el ministro del Interior terminó destituido. El viernes una movilización contra la enmienda constitucional que habilitaba la reelección, objetivo que busca el actual presidente Horacio Cartés, fue reprimida ferozmente y los incidentes remataron en el incendio de una parte del Congreso. 

El presidente boliviano Evo Morales aprovechó para colocar un tuit: “Congreso paraguayo convulsiona a su pueblo. Sr. Luis Almagro, secretario general de la OEA, ¿ahora habrá Carta Democrática para Paraguay?”.

Almagro viene encabezando las hostilidades contra Maduro. Consiguió que 20 países consideren ya roto el orden constitucional pero hasta ahora no reunió los votos para escalar y lograr sanciones. Mañana el Consejo Permanente de la OEA tratará la situación venezolana.