El jueves culminó el mes de actividad colectiva más intenso en medio siglo, con seis movilizaciones masivas en las que se expresó un rechazo contundente a las políticas del gobierno nacional: dos de los docentes, una de las mujeres, una de la CGT, una por el Día Nacional de la Memoria y otra conjunta de ambas CTA y de un sector de trabajadores industriales de la CGT. Ayer, el gobierno impulsó una réplica vergonzante por medio de su ejército de zombies electrónicos pero sin mostrar la mano, por miedo a la comparación. Le bastó para decorar con el punto del honor un set perdido sin atenuantes, aunque marcó que sigue en la cancha y dará pelea. La mera organización de esa marcha pone en contradicción al gobierno y transparenta sus desvelos, lo mismo que la cautela con que esperó el desenlace para celebrarla. El paro de la CGT del jueves ya requerirá de un marcador futbolero, como el de Alemania contra Brasil en el Maracaná.

De Biolcati al helicóptero

El discurso oficial alardea que la Alianza Cambiemos renovó las costumbres políticas y mantiene una comunicación personalizada con cada ciudadano, que luego se refleja en las urnas, mientras los actos y marchas serían como las hojas secas de un otoño político y parte de un pasado irreversible. Esta concepción tiene expositores sofisticados como el consultor Jaime Durán Barba con sus encuestas y focus groups, y guturales como el financista radical Javier González Fraga, quien pretende que la descomunal concentración del 24 de marzo se realizó pagando ómnibus, vino, coca cola, choripanes y 500 pesos por cabeza de ganado humano. Pero lejos de los micrófonos nadie del gobierno oculta la preocupación por el clima social, como testimonia una foto extraordinaria que escapó del control de la oficina de propaganda, en la que el presidente y varios de sus colaboradores miran con aprensión en una pantalla gigante una de las plazas colmadas hasta reventar. 

El guión oficial consiste en asignar a esas movilizaciones una intención destituyente, con el propósito de forzar una crisis que acorte el mandato presidencial. Cuesta admitir que no fue un holograma digitado desde la Casa de Gobierno el que llamó traidora a Estela de Carloto, hijo de remilputa a Macrì y postuló “basta de ser democráticos”, y se abrió paso con prepotencia con un camión entre la abigarrada Avenida de Mayo rumbo a la plaza. Una duda que sólo el tiempo podrá zanjar es si el gobierno cree de verdad que las reacciones a la crisis social desatada por su política en realidad obedecen al propósito de abortar el mandato para el que fue electo y del que ya ha consumido un tercio, con más pena que gloria. Otra hipótesis es que trate de extraer de ese relato un rédito similar al que obtuvo CFK luego del alzamiento de la Sociedad Rural y de las cámaras patronales agropecuarias en 2008. Este paralelo tiene varios inconvenientes. El primero, que el gobierno fue derrotado en las elecciones legislativas bonaerenses del año siguiente, con una lista que encabezaban Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa, y que recién después repuntó, con la ley audiovisual y las nacionalizaciones. Además, no es lo mismo un plan para sitiar por hambre durante semanas a las grandes ciudades que actos pacíficos en el corazón de ellas para ejercer el derecho constitucional de protestar y peticionar. La única violencia fue ejercida contra los manifestantes, cuando la Gendarmería permitió que un camionero borracho atropellara a los manifestantes en San Lorenzo, matara a uno e hiriera a cinco. Tampoco puede compararse el diálogo insidioso entre Mariano Grondona y Hugo Biolcati anticipando la asunción presidencial del vice Julio Cobos con la humorada del helicóptero de cartón exhibido en la Plaza de Mayo. En un caso se trataba de un plan concreto de sectores sociales poderosos que veían afectados sus intereses. En el otro, a lo sumo, la expresión de deseos de los manifestantes más lineales, no convalidada por los dirigentes. Lo dejó muy claro Hugo Yasky hace 72 horas, cuando ante la sexta multitud del mes se comprometió en forma explícita con la defensa de la democracia, “como no hicieron nunca los empresarios”, y a no ahorrar esfuerzos para que Macrì cumpla hasta el último día de su mandato. 

Una de Superhéroes

En paralelo se debate el efecto del conflicto docente, que el gobierno habría podido eludir si no hubiera decidido profundizarlo con una finalidad ejemplarizadora. Por un lado intenta transmitir a todo el universo sindical que posee la capacidad y la decisión para quebrar a quien se le cruce en el camino con tal de reducir el costo salarial por segundo año consecutivo. La clase que lo sostiene ha demostrado a lo largo de la historia que no le importa matar para conseguir esos fines. Por otro, propone un antagonismo de Superhéroes de Marvel, entre el Ogro Malo y el Hada Buena, en el que cifra sus expectativas electorales. Suponen que en ese contraste de imágenes la mayoría acudirá en auxilio de quien aparece como más débil, aunque en voz baja se congratulan por el carácter de acero que atribuyen a la gobernadora bonaerense. Además de sus roces con la amenazante policía provincial cuentan que María E. Vidal recibió la visita de representantes de la empresa Boldt, quienes le ofrecieron apoyo ecónomico. Dicen que les respondió que había decidido no aceptar financiamiento del juego y que al salir les advirtió: “Si mi marido va a pedirles, tampoco le dan”. Protegerse de cualquier flanco débil habría sido una de las causas de su divorcio, añaden. Al mismo tiempo, la intensidad del conflicto social le permite descargar su responsabilidad por el mediocre resultado macroeconómico, invertir la cadena causal y achacar la sequía inversora a la protesta, cuando es uno de sus efectos. Vidal es la carta fuerte del gobierno, cuando faltan menos de tres meses para el cierre de las candidaturas. Su aparición constante en inauguraciones de obras o en la pugna con los educadores intenta disimular que ella no puede postularse, ya que los comicios de medio término sólo son legislativos y la gobernación para la que fue electa recién termina en 2019. Que Macrì apareciera junto a ella estaba previsto desde que el diferencial de opiniones positivas dejó muy atrás al presidente. La novedad de la semana fueron los actos conjuntos de los que también participó el intendente porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El mensaje es que la homogeneidad política entre el Poder Ejecutivo de las tres jurisdicciones permite aplicar soluciones conjuntas para los problemas del Área Metropolitana. Esto no borra los matices entre ellos. Mientras Macrì no consigue pronunciar la expresión terrorismo de Estado y cree que lo que sucedió en la Argentina fue el choque entre la violencia política y la violencia institucional, el gobierno bonaerense conmemoró el 24 de marzo con un spot con imágenes de la dictadura militar y las protestas de los organismos defensores de los Derechos Humanos, recortes de diarios sobre la anulación de las leyes de impunidad y la afirmación de que el estado de derecho se construye con memoria. 

Un incómodo zigzag

Otro capítulo del negacionismo en curso lo escribió el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, al suprimir de su página web toda referencia a la dictadura cívico militar y al carácter de facto de los “autotitulados presidentes” José Uriburu, Pedro Ramírez, Edelmiro Farrell, Eduardo Lonardi, Pedro Aramburu, Juan Onganía, Roberto Levingston, Alejandro Lanusse, Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Benito Bignone, y de los presidentes del Banco que ellos designaron. También desaparecieron los listones negros que su predecesor Alejandro Vanoli había hecho colocar en La Cuadrada, que es el gran espacio del ala San Martin del viejo edificio, para singularizar entre los cuadros de los titulares del banco aquellos que actuaron bajo dictaduras. El impulsor de la remoción fue el asesor del directorio Horacio Tomás Liendo, nieto del general homónimo que fue ministro de Trabajo de Videla.

Durante su visita a los Países Bajos, Macrì osciló entre el intento de colocarse en la escena mundial como un defensor de los Derechos Humanos y su aversión espontánea hacia el tema. En su visita a la Corte Penal Internacional que tiene sede en La Haya, su presidente, la jueza argentina Silvia Fernández, destacó el rol que ese tribunal cumple “en la lucha contra la impunidad de los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como en garantizar justicia a las víctimas, incluyendo la reparación del daño sufrido”. El presidente no tuvo mejor idea que decir que su gobierno había decidido “que no perdamos más tiempo en discutir por qué nos pasó lo que nos pasó” y que el país no pudo realizar su potencial porque “empleó muchos años en confrontar con su historia”. La refutación más categórica provino del Rey Guillermo, cuyo discurso oficial señaló lo que Macrì prefiere eludir: “Todos llevamos la historia en nuestro equipaje, cada uno a su manera. Muchos sienten todavía las cicatrices que dejaron los tiempos de terror y dictadura, que no son tan lejanos para su país. Hace apenas una generación miles de personas fueron sometidas a persecución y violencia, y violados sus derechos humanos. Ese tiempo oscuro dejó un aprendizaje claro: ¡Nunca Más!”. En contraste, el ministro de Educación Esteban Bullrich, sostuvo en la casa museo de Ana Frank que la adolescente holandesa “tenía sueños, sabía lo que quería, escribía sobre lo que quería y esos sueños quedaron truncos en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia”. La dirigencia de la AMIA y la DAIA mantuvo un sepulcral silencio ante esta grosera banalización de la Shoah. Apenas dejó trascender un comentario exculpatorio: Bullrich habría querido referirse al fracaso de la República de Weimar, que facilitó el ascenso del nazismo, sentenció el anónimo hermeneuta de la calle Pasteur. Al terminar la visita, Macrì y su esposa Juliana Awada se mostraron muy jocosos como si vinieran de un paseo divertido. Bullrich firmó allí un acuerdo por el cual los alumnos de las escuelas de la Argentina recibirán información sobre lo que sucedió con Ana Frank durante la invasión nazi a Holanda. El directivo del Llamamiento Argentino Judío, Jorge Elbaum, sostuvo que durante la negociación de un acuerdo similar con el Centro Ana Frank de Buenos Aires, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Avruj, pidió que en las clases y visitas no se relacionara el Holocausto con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Según Elbaum, ese acuerdo forma parte de un intercambio de favores que incluye el reemplazo de los abogados en la querella oficial en la causa por el encubrimiento del atentado al edificio de la DAIA, de modo de liberar de culpa y cargo al ex presidente de esa institución, Rubén Beraja, durante cuya gestión Avruj fue director ejecutivo y entregó una distinción al comisario Fino Palacios, otro de los procesados por el encubrimiento, con quien viajó a Israel. (Para perfeccionar la maniobra, el Poder Ejecutivo está buscando el subterfugio institucional que permita derivar toda la documentación secreta que CFK liberó para su empleo en el juicio de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA a la unidad especial de investigación de AMIA, que Macrì creó al asumir y que desde entonces ocupa en el Ministerio de Justicia el radical patagónico Mario Cimadevilla. El nombre es parecido, pero una forma parte del Ministerio Público Fiscal y otra depende del presidente interesado en el encubrimiento). Elbaum añade que otro de los capítulos de la negociación incluye que el comprador de las empresas de Macrì y su primo Angelo Calcaterra, el empresario Marcelo Mindlin, se haga cargo del Museo de la Shoa del que fue Presidente Avruj. Ambas negociaciones fueron simultáneas. Mindlin asumirá la presidencia del museo el miércoles de esta semana, durante el brindis de Pesaj. Para compensar, Macrì confirió la Orden del Libertador San Martín al ex presidente estadounidense Jimmy Carter. Los considerandos del decreto dicen que Carter, “preocupado por lo que estaba ocurriendo con la dictadura militar argentina, exigió por el paradero de miles de desaparecidos y condenó las violaciones a los derechos humanos” y que fue clave “en lograr que se concretara la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la República en el año 1979”. El zigzag se completa con el abandono de la tentativa oficial por trasladar a Mar del Plata la sede de la visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará en mayo. Como se informó aquí el domingo pasado, Avruj presentó ese planteo a la CIDH, junto con el pedido para que recibiera a las asociaciones defensoras de los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad y al Nuncio Apostólico, quien abogaría por la denominada reconciliación. Al quedar esa jugada al descubierto, y ante el disgusto de la CIDH, preocupada por las dificultades que el traslado a Mar del Plata implicaría para las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno retiró su propuesta y dispuso que la Comisión sesione en la sede ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Palacio San Martín. Resta por ver si también el Vaticano y la Iglesia Católica argentina reculan al verse puestos en evidencia.