Referentes de organizaciones de derechos humanos de Salta pidieron informes al Ministerio de Seguridad sobre conflictos ocurridos en la Unidad Carcelaria Nº 1 de la ciudad de Salta, más conocido como cárcel de Villa Las Rosas, y la Alcaldía General de la Provincia. En un incendio desatado en el penal el 6 de septiembre murieron tres detenidos. Y este fin de semana un interno resultó con heridas leves tras intentar prenderse fuego.
"Hemos tomado conocimiento a través de medios de comunicación, pero principalmente a raíz de comunicaciones con familiares directos de personas privadas de la libertad de la Unidad Carcelaria Nº 1 como así también de la Alcaldía General de la Provincia respecto distintos reclamos en curso en ambas instituciones por parte de los internos, como así también de medidas disciplinarias dispuestas por el Servicio Penitenciario contra quienes sostienen los reclamos mencionados", indica la nota enviada este lunes al Ministerio de Seguridad.
Allí se señala que en este contexto de crisis sanitaria es necesario poder contar con información pública, oficial y certera para transmitir tranquilidad a la comunidad, y principalmente a las familias de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
En el penal de Villa Las Rosas, y ante la pandemia de la covid-19, los internos "vienen haciendo reclamos formales. Tienen un petitorio a las autoridades. Se ha impuesto la suspensión de las visitas y eran mediante éstas que les acercaban elementos de higiene", señaló a Salta/12 el abogado Martín Plaza, de la Asociación Pensamiento Penal, una de las organizaciones firmantes de la nota elevada a Seguridad.
El letrado manifestó que los detenidos vienen haciendo reclamos de manera formal a la Dirección General del Servicio Penitenciario, vinculados con la restricción en la comunicación, la prohibición de las visitas y la falta de distribución de elementos de higiene.
El pedido de información de las organizaciones de derechos humanos a Seguridad menciona las recientes muertes en la cárcel de tres varones "en un contexto aún difuso de incineración". El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio investiga ese hecho ocurrido durante la noche del domingo 6 de septiembre en el que tras un incendio, tres internos resultaron con quemaduras de consideración, dos murieron ahí y el tercero fue trasladado al hospital San Bernardo donde estuvo internado y falleció después. El fiscal indicó que con las pericias elaboradas por el Cuerpo de Bomberos, se estableció que el incendio fue intencional y provocado desde el interior de la celda, en el horario posterior al encierro. Antes hubo una protesta por la suspensión de las visitas y la denegatoria a otorgar domiciliarias.
Otras formas de violencia
Por otro lado, el incendio de este fin de semana es investigado por la fiscala penal María Eugenia Guzmán.
Plaza indicó que en la cárcel de Villa Las Rosas hay 1500 hombres y mujeres. Este fin de semana volvió a ocurrir lo que sería un "motín" en el pabellón de varones. El abogado contó que los familiares que acudieron al lugar cuando se enteraron que había un conflicto y permanecían fuera del penal "vieron a Infantería entrar y un movimiento de ambulancias, hubo probablemente decisiones represivas ante el reclamo de los internos", deslizó. Para Plaza, la falta de información clara del Servicio Penitenciario, que genera incertidumbre en las familias "también es violencia institucional".
"Anteriormente hubo un incendio adentro con muertes dudosas, las familias dicen que los fallecidos tenían hematomas en el cuerpo, que estaban lesionados por golpes además de las quemaduras por el incendio, pero no hubo aclaraciones oficiales de qué pasó", señaló el letrado.
La organizaciones de derechos humanos ya habían enviado antes un nota al Ministerio de Seguridad, el 27 de marzo. "Sostenemos que el canal propicio para la resolución de conflictos, principalmente en este contexto de crisis epidemiológica, es el diálogo que involucre distintas miradas y perspectivas. Desde ese lugar, tenemos experiencia local y nacional en la intervención mediante el abordaje preventivo de estos conflictos que permiten diagramar respuestas integrales que puedan responder a los pedidos de las personas privadas de la libertad y de sus familiares como así también a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Penitenciario de la Provincia", sostuvieron.
En la segunda nota enviada al Ministerio, las organizaciones volvieron a ponerse a disposición "para generar canales de comunicación y de diálogo que permitan una respuesta eficaz, integral y que ayude a mitigar la conflictividad existente en ambas instituciones penitenciarias".
Plaza planteó que se desconocen datos de los contagios por la covid-19 dentro del penal y de la Alcaidía. "Informalmente me dijeron que hubo dos casos positivos, no se han brindado datos oficiales", contó respecto a la unidad carcelaria de Villa Las Rosas.
"Hay intranquilidad de los organismos de DDHH y de los familiares. Los internos tienen un teléfono fijo pero su uso es super restringido. Venimos pidiendo como alternativa a las visitas, que se habilite el uso de celulares para disminuir la tensión. Hay vasta experiencia, más de cinco provincias lo han habilitado con buenos resultados. Es necesario que en Salta se tomen decisiones políticas y judiciales para evitar hechos que terminen en violencia", manifestó.
Señaló asimismo que si antes de la pandemia los derechos en contextos de encierro ya eran restringidos, esto se ve agravado ahora porque el ingreso de personal es mínimo a los penales y hay docentes que ya no van, tampoco hay información precisa de cuál es la asistencia médica o de salud mental que se está haciendo en los penales.
La nota a Seguridad fue firmada también por Nora Leonard, de la Asociación Lucrecia Barquet; Canela Álvarez, de HIJOS Salta; Elena Rivero, de la Asociación Coca Gallardo; Blanca Lezcano, de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, y Bertha Lozano, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. También son firmantes Cristina Cobos Rodrigo Sola, electos para integrar el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura en representación de los organismos de DDHH.
