En un análisis de las declaraciones del gobernador Gustavo Sáenz, desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), se le recordó al mandatario la existencia de leyes migratorias y se consideró que sus afirmaciones sobre ciudadanos bolivianos que ingresan al país abundan en una actitud xenófoba. “Como funcionario, Sáenz debe asumir la responsabilidad de conocer y respetar las leyes vigentes: Ley 23.592 (de Actos Discriminatorios), Ley 25.871 (de Migraciones) y el Decreto Nº 1086/05 (Plan Nacional contra la Discriminación), normativa que reconoce y garantiza los derechos de las personas migrantes”, señaló el organismo nacional.

En más de una ocasión el gobernador culpó a los ciudadanos de Bolivia por la propagación de los casos de covid-19 primero y el cobro de beneficios sociales después. Al hacerlo, aplaudió que ese tipo de actitudes sean “contenidas” con la presencia de las fuerzas de seguridad en las fronteras, que tantas veces solicitó hasta que logró que el Estado nacional enviara uniformados. Incluso habló de defender la “patria chica”, al referirse a la necesidad de prohibir el paso de los ciudadanos del vecino país durante la pandemia, pese al histórico intercambio comercial, cultural y familiar en las zonas de frontera.

“Esta pandemia nos sirve para controlar pero por sobre todas las cosas para contener y para priorizar a los argentinos… La caridad bien entendida empieza por casa. La gente ingresa masivamente por el río que ha bajado, por Salvador Mazza, por Hito Uno, por distintos lugares. Me dicen que hoy día gracias a Dios van a empezar a llegar los efectivos militares a Aguas Blancas a acompañar a la Policía y a la Gendarmería en forma coordinada, a ayudar a que no sigan ingresando gente que es de otro país y que lamentablemente lo están pasando mal (mal como Jujuy) no tienen servicios de atención, hay gente que se está muriendo en las calles, en sus casas”, había dicho Sáenz en una de sus exposiciones respecto al tema.

Desde el INADI advirtieron que las declaraciones de Sáenz y sus “expresiones xenófobas” fueron reproducidas en varios medios de comunicación y posteadas por el mismo gobernador en sus redes sociales, lo cual les dio mayor alcance y generó preocupación en la entidad. “Sobre todo si tomamos en cuenta que los datos sobre los que sostiene su relato son inexactos y utilizados para alentar el discurso de odio”, indicó el análisis realizado por el área de Migrantes y Refugiados/as del INADI.

Otra de las expresiones de Sáenz indicaba que “con este tema de la pandemia hemos logrado detectar muchísima gente con doble nacionalidad que ingresa por pasos ilegales. Que viene desde Bolivia a cobrar el IFE, a cobrar asignaciones universales, a cobrar pensiones y esto no pasa solamente en Salta, pasa en Formosa, pasa en Chaco (provincia que no tiene fronteras internacionales), pasa en Jujuy. Están ingresando por todos lados a cobrar IFE, sí, sí, sí, así como escuchan, están ingresando a cobrar el ingreso familiar de emergencia”. Con ese discurso solicitó más militares en la frontera.

Si bien el cierre de las fronteras para mitigar la propagación de la covid 19 “se trata de una decisión acertada en términos preventivos y epidemiólogos, esta situación pone, a priori, a la población migrante bajo serias condiciones de vulnerabilidad”, indicó el informe del INADI. “Al impedirse el cruce fronterizo, muchas personas en tránsito se ven imposibilitadas de llegar a sus lugares de destino, de residencia, incluso de origen”, indica el análisis realizado. A ello se suma que la pandemia afecta mayormente a quienes residen en las ciudades capitales y áreas densificadas, particularmente en barrios populares poblados en un gran porcentaje por personas migrantes.

En el actual marco de coyuntura de crisis e incertidumbre, se advirtió que “se acrecientan e intensifican las prácticas discriminatorias, racistas y xenófobas instaladas en nuestra sociedad a causa del individualismo y del desconocimiento y/o negación del gran aporte económico y cultural que hace la población migrante a las sociedades de destino. Algunos/as gobernantes, lejos de trabajar para erradicar y prevenir éstas prácticas arraigadas que atentan contra los derechos humanos, las reproducen, acentuando los prejuicios discriminatorios en tiempos de pandemia”.

Añadió el INADI que la acusación específica que hace Sáenz respecto de que hay personas que vienen “desde Bolivia a cobrar el IFE”, “carece de veracidad, ya que el requisito número uno para acceder al beneficio del subsidio es el de ser argentino o naturalizado y, en el caso de tener una residencia legal, que la misma no sea inferior a los 2 años. Cabe resaltar que este punto constituye uno de los objetos de reclamo de las organizaciones de migrantes en Argentina, dado que en ocasiones la falta de documentación que acredite la residencia de más de dos años en el país se origina a partir de una extensión en los plazos burocráticos establecidos durante la gestión del gobierno anterior”.

El bloqueo o la contención

La naturaleza de la migración fronteriza implica el flujo de quienes trabajan en un país y tienen su residencia habitual en un Estado vecino, regresando cada día o al menos una vez por semana. Es el tipo de migración de quienes desde Bolivia cruzan la frontera para trabajar o comprar alimentos o mercaderías que luego consumirán o venderán, y viceversa. 

“Siendo personas que se movilizaron históricamente de este modo, el bloqueo de las fronteras les impide resolver sus necesidades básicas, lo cual las deja en una situación de urgencia por cruzar el río Bermejo para poder sustentarse. Esta situación debe poner en alerta a los/as funcionarios/as de ambos países para desarrollar un trabajo conjunto que permita dar contención a esta población”, indicó el documento.

Se afirmó, por otra parte, que el Estado Plurinacional de Bolivia atraviesa un momento político de extrema gravedad desde hace varios meses, con el golpe de Estado que asoló en el vecino país y aún continúa, a lo cual se suma la crisis que conlleva el contexto actual de pandemia. “Desde el INADI apelamos a recordar el principio de la no discriminación, así como la solidaridad y hermandad entre los pueblos como una herramienta valiosa para enfrentar el devastamiento social frente a esta pandemia que, tal como señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha generado ‘la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región’ (CEPAL, 2020)”.

Ante la certeza de que los efectos de la pandemia generarán “un fuerte aumento del desempleo, con efectos negativos de incremento de la pobreza y desigualdad”, el INADI indicó que “los Estados, los funcionarios específicamente y los pueblos debemos estar a la altura de las necesidades que nos impone este momento histórico”.