El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, sigue en campaña para salvar a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que deben dejar sus cargos en Comodoro Py y volver a sus puestos de origen por decisión del Senado, del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Casación Penal. Este martes decidió convocar por su cuenta a un acuerdo extraordinario para dentro de una semana para tratar el per saltum presentado por los jueces atrincherados donde piden que el alto tribunal decida sobre la validez de los “traslados” con que el gobierno de Mauricio Macri los nombró sin concurso ni acuerdo del Senado. Los supremos también deben analizar las licencias pedidas por ellos. Hasta ahora no se pusieron de acuerdo en nada, por eso Rosenkrantz insiste con esta forma de presionar a sus colegas, que complementa con declaraciones en los diarios Clarín y La Nación que le hacen el juego en esta ofensiva.

La iniciativa de Rosenkrantz se debe a que los integrantes del máximo tribunal hasta ahora no se pusieron de acuerdo en nada. Sólo parecía haber coincidencia en que una mayoría se inclinaba por dejar pasar el per saltum (no resolverlo), que es una salto de instancias ante una situación de “gravedad institucional”, porque les parecía lógico esperar a que falle sobre la discusión de fondo acerca de la legalidad de los traslados la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En ese tribunal, los jueces Guillermo Treacy y Guillermo Alemany ya rechazaron una medida cautelar de los Bruglia y Bertuzzi, pero todavía deben pronunciarse sobre el amparo. Aún esperan que el Senado les mande la versión taquigráfica de la sesión en que el oficialismo rechazó los traslados. La jueza de primera instancia, María Alejandra Biotti, no hizo lugar a la cautelar y en el amparo cuestionó los nombramientos y habilitó que el Senado los tratara. Bruglia y Bertuzzi habían sido trasladados por el macrismo a la Cámara Federal y deben volver al Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) de Comodoro Py y al Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de La Plata respectivamente. Castelli había sido designado en el TOF7, que tiene la causa de los cuadernos, y debería volver al TOF3 de San Martín, donde pidió licencia y se la dieron hasta el 6 de octubre.

Lo que quedó claro en la reunión por Zoom de este martes entre los supremos es que Rosenkrantz no conseguía los tres votos que necesitaba para declarar la “admisibilidad” del per saltum y empezar a tratarlo. Por eso en plena reunión remota les anunció a sus colegas que convocaría de manera extraordinaria a tratar ese tema puntual el martes próximo. “Es un poco absurdo, porque todo los martes tenemos acuerdo”, dijo un miembro de la Corte ante la consulta de este diario. Al formularlo como convocatoria especial intenta forzar a los demás a que presenten un voto. Lo que puede llegar a pasar es que nadie o una mayoría no presente nada, pero tampoco está tan claro porque los vientos y la dinámica pueden cambiar con facilidad en el tribunal. De todos modos, no cayó bien la decisión unilateral del presidente, que tras el encuentro les llegó a todos formalizada en un correo electrónico.

En el “mientras tanto”, Rosenkrantz recurrió a La Nación y Clarín --ambos subidos a la campaña a favor del trío de jueces-- para mostrar y justificar su iniciativa. A ambos les dijo: “La atribución de realizar una convocatoria extraordinaria es una facultad que, como presidente del Tribunal, me confiere el artículo 71 del Reglamento para la Justicia Nacional y que ha sido empleada en algunas ocasiones”, fue una de sus frases. “La Corte tiene la responsabilidad, en casos como este, de dar certidumbre, a la ciudadanía sobre el trámite que impondrá a los planteos de los jueces involucrados. Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado."

No parece que haya una mayoría suprema inclinada por acelerar los tiempos de este debate. La dinámica actual de la Corte, por una acordada de fines de 2018, le impide al presidente del tribunal tomar decisiones incluso administrativas por sí mismo. Siempre necesita tres votos. Esta vez quiso hacer una especie de demostración de poder frente a los demás.

Una gran paradoja es que los medios que difunden sus dichos también dan por hecho que dos acordadas que firmó la Corte entre marzo y abril de 2018 son las que habilitaron los traslados como los de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El Consejo de la Magistratura no hizo en absoluto esa interpretación, que divide aguas. Para la mayoría de ese organismo, que resolvió que fueron designaciones irregulares, la Corte lo que dijo es que el mecanismo constitucional indica que deben intervenir el propio Consejo, el Poder Ejecutivo y el Senado. Lo paradójico es que aquellas acordadas, que la oposición interpreta a favor de los tres jueces atrincherados, fue firmada en disidencia por Rosenkrantz y por Highton de Nolasco.

Lo que podría llegar a tratar antes la Corte --quizá esta semana-- son los pedidos de licencia de Bruglia y Bertuzzi. Primero habían pedido licencia extraordinaria y luego pidieron una compensación de vacaciones, como para hacer tiempo sin legitimar el regreso a sus cargos de origen hasta que se resuelva la cuestión judicial de fondo. El tribunal de superintendencia de la Cámara de Casación le devolvió otra vez ese asunto a la Corte. Escribió “téngase presente”, con la firma de la presidenta Angela Ledesma, y que resuelva el máximo tribunal. Luego por unanimidad también los casadores de superintendencia resolvieron que se hará un sorteo para definir cuál de los jueces subrogantes del TOF1 de la Plata, donde debe volver Bertuzzi, es el que le dejará el lugar. En ese tribunal hay tres jueces transitorios (Ricardo Basílico, Nicolás Toselli y Roberto Lemos Arias) pero ninguno en particular ocupa ese cargo. Es un modo de confirmar, también, que Bertuzzi debe volver ahí.

Así las cosas, a Rosenkrantz se lo ve lanzado contra lo que hasta ahora resolvieron, Casación, el Senado, el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y una jueza en lo contencioso administrativo, que cuestionaron los nombramientos por traslado. Lo hace en sintonía con la presión mediática-política de la oposición.