Desde que comenzó la pandemia venimos analizando que uno de los mayores problemas se vincula con la desigualdad educativa. El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y el consecuente cierre de las escuelas como modo de cuidado de la población produjo una mudanza de la educación de la escuela, a las casas. Esta nueva forma de “privatización de la educación” generó una profundización de la desigualdad en tanto y en cuanto el acceso a la “escuela” empezó a depender de las posibilidades de conexión. Si bien hace unas semanas el gobierno nacional decretó que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tienen carácter de servicio público, para tener wifi o 4g es necesario pagar. Y gran parte de la población del país, en general, y de la Ciudad de Buenos Aires, en particular, no tiene los recursos económicos necesarios y suficientes para poder pagar mensualmente los servicios provistos por empresas privadas que, pandemia mediante, aprovechan para aumentar su capital. Esta imposibilidad de acceder a la conectividad devino para muchos en la inviabilidad de la continuidad de estudiar.
Frente a esta situación, el gobierno de la CABA, el distrito mas rico del país, no hizo nada. Nada. No garantizó computadoras, ni conexión, para aquellos niños, niñas, jóvenes, y adultos y adultas expulsados de la educación pública por la falta de conectividad.
Ahora, Horacio Rodríguez Larreta propone retomar las clases al aire libre. La primera y principal pregunta que aparece es ¿por qué Larreta (que es Macri) ahora está preocupado por los expulsados del sistema? ¿Está preocupado? Más bien el interrogante es ¿qué utilización política está haciendo de una necesidad y un derecho de miles de estudiantes de la Ciudad?
Para decirlo mal y pronto, no le creemos ni un poco ni a él ni a su ministra de Educación su preocupación por quienes sufren cotidianamente las políticas educativas de su gestión. Si su interés fuera genuino y real, el problema tiene una solución mucho más pertinente y sencilla que exponer a los niños y niñas a educarse en lugares que no están preparados ni pedagógica ni sanitariamente para enseñar. Tanto los dispositivos como la garantía de conectividad están garantizados, pero hay una decisión política de no distribuirlos. Utilizan la desesperación y necesidad popular por poderse educar como un arma de lucha contra el gobierno nacional; al mismo tiempo que exponen a los niños, niñas, jóvenes y adultos y adultas de los sectores populares a la posibilidad del contagio de un virus que, como ya sabemos, es mortal.
Su propuesta responde a una pedagogía de la crueldad. Las plazas, en pandemia, no son lugar para educar.
* Cinthia Wanschelbaum es investigadora del Conicet-IICE/UBA, profesora de la Universidad Nacional de Luján y presidenta de AGCE. Antonella Bianco es docente e integrante de la Agrupación docente-estudiantil “La Rayuela”. Paula Shabel es becaria del Conicet-UBA y educadora popular de Aula Vereda.
