El gobierno bonaerense denunció que los tarifazos autorizados entre 2016 y 2019 a las distribuidoras de energía eléctrica, que provocaron un encarecimiento de entre 2.000 y 3.500 por ciento en las facturas finales de los usuarios, no fueron acompañados por cumplimientos de sus compromisos de inversión. Las cuatro firmas pertenecientes al grupo Desa de Rogelio Pagano, que concentran casi la mitad de la distribución provincial (EDEA, EDES, EDEN y Edelap), aumentaron sus ganancias entre 498 y 644 por ciento durante el periodo 2015-2018. 

Las conclusiones se desprenden de la última Revisión Tarifaria Integral realizada por la Subsecretaría de Energía bonaerense, que analiza la gestión energética durante el gobierno de María Eugenia Vidal. El informe es concluyente: el modelo de tarifas altas para usuarios no significó una mejora en la calidad del servicio. "La conclusión que sacamos es que si no interviene el Estado sólo ganan las empresas", indicó Gastón Ghioni, subsecretario de Energía de la provincia, y agregó: "Llevamos cuatro años de atrasos de inversiones".

Todo mal

Durante la gestión de Vidal los montos de inversión comprometidos fueron inferiores a los ingresos otorgados a través de la tarifa y con serias deficiencias normativas. Las irregularidades comenzaron prematuramente, en la etapa de formulación de los compromisos de inversión. Se hicieron nominalmente en pesos de julio 2016, para todo el quinquenio 2017-2022, y no se estableció formalmente un procedimiento de actualización, a pesar de implementarse una fórmula anual de ajuste de tarifas.

El informe explica además que los montos comprometidos por 5.825 millones de pesos representan el 48 por ciento del nivel que mínimamente debería haberse establecido para garantizar la calidad del servicio de acuerdo a los ingresos de la tarifa. Aun así, el porcentaje de cumplimiento fue bajo: del 65 por ciento en 2017 y 61 por ciento para 2018 y 2019. "Estos datos también surgen de declaraciones juradas, con deficiencias serias en el modo de presentación, identificación de obras y caracterización de conceptos que probablemente no correspondan a inversiones. El nivel de cumplimiento podría resultar aún menor", agrega el documento.

Desde el grupo DESA afirman que ello se debió al “atraso en los ajustes sumado la imposibilidad de financiar las mismas en un mercado que no era el que se pensó al inicio de la RTI” y agregan que “las menores inversiones se compensan contra los mayores costos que debió enfrentar la concesión producto de los desfasajes en los cuadros tarifarios”.

"La acción de control por parte de la Autoridad de Aplicación fue paupérrima, informes que distorsionan los valores a los fines de dar como cumplidos los compromisos, auditorías insuficientes y aprobación en base a declaraciones juradas de las empresas", sentencia el informe. 

En este contexto de grandes incrementos tarifarios, inversiones subejecutadas y debilitamiento de los mecanismos de control, la contrapartida fue el crecimiento sostenido de las ganancias de las distribuidoras, que además "refleja la falta de mejoras en los indicadores de calidad del servicio, que se encuentran igual o peor que en 2015", asegura el documento.

La ecuación

El incremento de los resultados de entre 498 por ciento y 644 por ciento fue acompañado por la mayoría de las distribuidoras provinciales con una suba sustancial en la distribución de dividendos a sus accionistas, entre 2016 y 2019, que aumentó un 1.832 por ciento en dólares.

El cuadro de tarifas actual se encuentra congelado desde agosto de 2018. La cartera de la cual depende la subsecretaría de energía heredó la prórroga de aumento tarifario de la gestión de Vidal. El mismo, que vencía en agosto de 2019, iba a impactar en una suba del 25 por ciento que, en pleno contexto electoral, la ex gobernadora decidió posponer al 1° de enero de 2020. Con el aval de la declaración de la Ley de emergencia energética de la Provincia se congeló ese aumento por seis meses en pos de hacer la revisión tarifaria y de cumplimiento de las inversiones comprometidas. En el marco de la pandemia y en línea con las disposiciones del gobierno nacional, el congelamiento se extendió hasta fin de 2020. Con estos resultados, se espera que, para la próxima actualización que se supone será a partir de diciembre, el aumento se traduzca en inversiones. Desde DESA se manifiestan optimistas en que seguramente se arribarÁ a un acuerdo de entendimiento, con el lanzamiento de un plan de trabajo en conjunto que implique el sostenimiento del Servicio de Distribución de Energia Electrica, aportando previsibilidad y estabilidad regulatoria, en miras al desarrollo económico y social de las áreas de concesión comprometidas.