Mujeres que cumplen detención en la Unidad Carcelaria 4 comenzaron el lunes una protesta pidiendo la agilización de sus causas judiciales en el marco de la situación de pandemia. La medida de fuerza comenzó en el comedor del penal cuando 35 internas se negaron a recibir la ración diaria de comida.
El defensor general de la provincia, Pedro García Castiella, informó que están trabajando ante los reclamos de la población carcelaria en las Unidades Carcelarias 4 y 1, de hombres, y en la Alcaidía. Han solicitado informes al Servicio Penitenciario de la Provincia sobre los casos de covid-19 y por los conflictos suscitados también en el contexto de reclamos vinculados a la pandemia que terminaron con la muerte de tres varones en un incendio y un supuesto intento de prenderse fuego de otro hombre este fin de semana.
Las mujeres de la Unidad Carcelaria 4 piden la agilización de causas, ya que algunas están en condiciones de obtener la libertad. Desde la Defensoría General informaron a Salta/12 que este lunes 35 internas que fueron identificadas por el personal penitenciario comenzaron una "protesta pacífica" negándose a recibir la ración de comida, intentando sumar al resto de las internas a esta medida de fuerza.
Según la información oficial que obtuvo la Defensoría General, la protesta comenzó en el comedor y al cerrarlo, las mujeres siguieron manifestándose en el patio externo. Las internas reclaman porque algunas están cerca de cumplir la pena y no han podido acceder a la libertad condicional; otras están preocupadas porque permanecen con sus hijos e hijas cumpliendo condena sin acceso a las prisiones domiciliarias. Además, hay mujeres con enfermedades que entran en los grupos de riesgo ante un contagio de la covid-19, y aunque han solicitado prisiones domiciliarias a través de sus abogados, sus pedidos aún no han sido resueltos o los jueces los resolvieron de forma negativa.
Al haberse restringido las visitas, también hay madres que tienen a sus hijos e hijas fuera del penal y solo les han permitido contactarse con ellos por 20 o 30 minutos mediante zoom o Whatsapp.
El defensor general Pedro García Castiella dijo a Salta/12 que están trabajando de forma exhaustiva ante los reclamos que surgieron en el penal de mujeres y también en el de varones y en la Alcaidía. "Estamos preocupados, tratando de abordar los distintos problemas. Algunos obedecen a demoras en la tramitación de causas de muchos internos e internas que están en condiciones de acceder a beneficios de morigeración de la pena. Hay cuestiones que se plantearon por la infraestructura ante el riesgo de contagio de covid (por el hacinamiento)", sostuvo.
García Castiella adelantó que desde la Defensoría están recolectando antecedentes y datos estadísticos sobre la demoras en dar respuesta de los juzgados de ejecución de la pena y dijo que solicitarán medidas.
"Las mujeres solicitaban la presencia de los jueces de ejecución y que les dieran una respuesta", afirmó el defensor general. Al inicio de las medidas de aislamiento por la pandemia, García Castiella presentó un habeas corpus ante la situación de las internas de la Unidad Carcelaria 4, acción que fue rechazada por la jueza Claudia Puertas y después por la Corte de Justicia de Salta. "No solicitábamos libertades gratuitas o ligeras. Se perseguía que quienes estaban en condiciones pudieran acceder al beneficio de la libertad asistida o condicional", añadió.
Si bien abarcaba a todas las mujeres de la Unidad Carcelaria 4, el habeas corpus planteaba la situación particular de 11 internas: entre ellas, algunas con afecciones de salud graves, otras próximas a obtener la libertad y madres que están con niños y niñas. "Algunas ya han recuperado la libertad porque con el paso del tiempo cumplieron su condena", detalló el defensor general.
Sostuvo que los defensores insistieron con los pedidos individuales, muchos no han sido resueltos, y otros se han resuelto con respuestas negativas. "Es una tarea ardua porque en muchos casos ha incidido el fallo de la Corte de Justicia que no prestó la atención que esperábamos ante las distintas situaciones que planteábamos en el habeas corpus colectivo y correctivo", aseveró García Castiella. El funcionario consideró que en la mayoría de los casos, los jueces al rechazar los pedidos han subestimado la situación de las personas privadas de la libertad ante la pandemia, "fundamentaron con modelos genéricos y posturas humanísticas bastante objetables", expresó.
García Castiella dijo que pidió informes al Servicio Penitenciario sobre los reclamos en el penal de mujeres y también sobre las tres muertes que ocurrieron en el de varones debido a un incendio el 6 de septiembre. Además, precisó que solicitaron información respecto a casos de covid-19 dentro de los penales.
"Están bajo investigación (del fiscal Ramiro Ramos Ossorio) las muertes. Hubo reclamos ante las prohibiciones de las visitas, lo que implica una situación delicada, hay que tratar con cuidado este tema porque las unidades penitenciarias son conglomerados de población y focos de transmisión por excelencia del virus. La suspensión de las visitas era para prevenir y evitar una situación catastrófica si por el ingreso de visitas se producía alguna contaminación. Hay necesidad de buscar alguna forma de morigeración o contención para las personas privadas de la libertad", manifestó García Castiella.