Tras conocerse ayer que la ex ministra de Salud de la provincia, Josefina Medrano, sería la nueva directora de la Superintendencia de Servicios de Salud de Nación, se generó revuelo en el ámbito político e indignación en el sistema de Salud a raíz de su frustrada gestión en la lucha contra la covid-19 y el manejo de la emergencia socio sanitaria en el norte provincial. 

De hecho, una de las primeras reacciones fue de la Qullamarka, la Coordinadora de Organizaciones Kollas Autónomas de la Provincia de Salta, que sostuvo que "la inoperatividad de Josefina Medrano durante el cargo de ministra fue escandalosa", reseñó precisamente que "jamás dio respuestas a los pedidos de las comunidades" del Chaco salteño cuando morían niños por la desnutrición y males vinculados a ella y, ya en la emergencia por la pandemia de la covid, su Ministerio no apoyó el pedido de las comunidades originarias y organizaciones sociales para formar parte de los Comités Operativo de Emergencia municipales. 

Además los referentes del Frente de Todos a nivel provincial aseguraron que no se les había consultado por ningún nombre, y tras mantener una reunión vía Zoom, manifestaron su disgusto a las autoridades nacionales y emitieron un comunicado rechazando la postulación, apuntando al gobernador Gustavo Sáenz como autor de la idea.

Tanto desde la cartera de Salud como de la Superintendencia, coincidieron en que el organismo nacional encargado de regular y controlar las obras sociales y la medicina prepaga para garantizar los derechos de los usuarios cumplió con la formalidad de preguntar al Ejecutivo provincial si tenían algún nombre para proponer, y que la respuesta inmediata fue el de la ex titular de Salud.

Sin embargo, por la noche, el mismo superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, desmintió que sea la elegida porque “aún no hay nadie designado, cuando eso suceda va a salir con mi firma y la del ministro Ginés González García”, dijo,  aunque reconoció que el nombre de la ex ministra está entre los postulados.

Josefina Medrano, quien aún está de licencia en la obra social estatal para jubilados y pensionados PAMI, a la que llegó de la mano el macrismo, asumió el pasado 10 de diciembre como ministra de Salud Pública de la provincia, designada por Sáenz y poco después comenzó a recibir críticas por su manera de afrontar la emergencia socio sanitaria decretada en medio de las muertes por desnutrición de niños de pueblos originarios.

Pero la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus fue la que le valió mayores críticas, a los reproches por la falta de inversión con los fondos que llegaban de Nación para el sistema público (se calculan más de $1.677 millones), muchos intendentes,como Pablo González, de Orán, le endilgaron la nula presencia en el interior para evaluar las necesidades y dimensionar la situación.

Por su parte, los legisladores provinciales le objetaron la forma de comunicar e informar la gestión en salud, un día antes de que el gobernador anunciara que le había pedido la renuncia, los diputados denunciaron que solo había contestado un pedido de informe en toda la pandemia.

Una deuda millonaria

La ahora ex ministra ofrecida para dirigir la Superintendencia de Servicios de Salud, llegó a ser coordinadora ejecutiva de la Unidad de Gestión local Salta del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) del Instituto de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, durante la gestión de Cambiemos, cargo al que no renunció cuando asumió como funcionaria provincial, sino que solicitó una licencia aún vigente.

El sistema de Salud Pública de Salta no guarda un buen recuerdo de Medrano durante su paso por el PAMI. Según informó el gerente general del Hospital Oñativia, Marcelo Nallar, entre 2015 y 2019, ese organismo contrajo una deuda de más de $80 millones solo con ese nosocomio y ascendería a $800 millones si se suman los demás prestadores provinciales.

“Hay una parte de la deuda por $42 millones que ya la estamos judicializando para poder cobrar, y otros $40 millones que si no se pagan terminarán de la misma forma”, contó el gerente del Oñativia a Salta/12.

La deuda del PAMI se debe a prácticas realizadas a sus afiliados en el sistema público de autogestión provincial, que si bien no niega la atención, cobra los servicios a través de las obras sociales de cada usuario. “Es algo que corresponde porque las personas realizan sus aportes para que les cubran sus gastos en salud”, explicó Nallar.

Pero con respecto a la prestadora de salud para los jubilados, aclaró que desde la gestión Macri comenzaron los problemas que aún no se resuelven ya que “decidieron no pagarle a los hospitales públicos por sus prestaciones, y la Superintendencia, politizada, miró para otro lado”.

El titular de la Superintendencia, Eugenio Zanarini, reconoció que es complejo el sistema de PAMI en algunas provincias; relató que desde que asumió se encontraron con un atraso de más de 50.000 expedientes sin revisar y que cuando comenzaron a digitalizarlos “nos agarró la cuarentena y no nos permitió avanzar con esa tarea”.

Marcelo Nallar también denunció un convenio sumamente oneroso que firmó la provincia en 2017 a través del por entonces ministro de Salud, Roque Mascarello, con las autoridades del PAMI, encabezado por Gladys Moisés y Josefina Medrano.

El documento subscripto indicaba que el sistema de salud público “se hacía cargo de un grupo importante de pacientes del PAMI a valores insignificantes al lado de lo que se gasta”, dijo el médico, que sostuvo que justificaron la decisión "en que era preferible que paguen ese pequeño monto a que no paguen nada”. “Con esos convenios, ningún Hospital público va a quebrar, pero perdemos calidad de atención al no poder recuperar los costos y perdemos camas que podrían estar ocupadas en el sistema privado”, añadió.

Nallar no quiso opinar sobre la posible designación de Medrano en el organismo que debe regular las prestaciones de las obras sociales, “yo solo le estoy dando los antecedentes, no puedo opinar sobre las intenciones de la doctora, pero fue una de las actoras de esta injusticia tan grande”, dijo.

Los nombres de Sáenz

Gustavo Sáenz, gracias a su vínculo con el gobierno nacional y su cercanía al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, ya logró que se designen otros funcionarios de su riñón en organismos públicos nacionales, como el referente de Vialidad Nacional, Francisco Agolio, o el titular de Migraciones, Jorge Ovejero, ex secretario de Seguridad durante la gestión de Juan Manuel Urtubey.

Agolio fue designado oficialmente en mayo como el nuevo jefe del 5° Distrito de Vialidad Nacional y él mismo reconoció que fue “gracias a las gestiones del gobernador Sáenz en Buenos Aires”. Durante la intendencia capitalina del ahora gobernador, Agolio se desempeñó como subsecretario de Obras públicas de la Municipalidad y su nombre figura en la causa de las facturas apócrifas que lleva adelante parcialmente la Justicia Federal, mientras que la justicia provincial debe avanzar con las eventuales defraudaciones al Estado provincial.

El comunicado del FdT

Por la noche, los legisladores nacionales y provinciales, junto a los funcionarios y partidos que integran el espacio del Frente de Todos en Salta, emitieron un comunicado rechazando la propuesta de Medrano para ocupar la dirección local del organismo nacional. 

Allí indican que "el gobernador de la provincia Gustavo Sáenz solicitó al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, la designación de la ex ministra de Salud de la provincia".

"Durante 30 días los legisladores nacionales y provinciales del Frente de Todos solicitamos apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, y los funcionarios nacionales nos respondían que al consultar al gobernador Sáenz y la ministra Medrano, ellos le informaban que estaba todo bien y que no necesitaban ayuda", acusa en otro párrafo del comunicado.