Una situación inédita en nuestra justicia se instaló en el país. Para comprender sus alcances y riesgos, hay que remontarse al año 2015. El contexto político era un plan de saqueo económico en plena marcha, aplicando las recetas más sangrientas de Milton Fridman y la escuela de Chicago: transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los más poderosos. Durante la dictadura genocida, el mismo plan económico se llevó adelante en la región mediante la metodología de secuestro, tortura, desaparición y muerte de decenas de miles de ciudadanos. Es lo que se conoció como “Plan Cóndor”.

Cuarenta años después, los mismos sectores de ultraderecha, representando los mismos intereses económicos, accedieron al poder mediante elecciones que manipularon a partir de técnicas “aggiornadas”, pero que igualmente se inspiran en aquellos trágicos 11 principios de Goebells. Fundamentalmente se trata de la reiteración de la calumnia como instalación de una nueva verdad. 

Mauricio Macri es la primera persona en el mundo, fuertemente sospechado de pertenecer de manera orgánica a una mafia, que llega a la presidencia de una nación (El lado oculto de la familia Macri. Beinstein y Cieza. 2019) y lidera en el país el nuevo Plan Cóndor II. La finalidad de saqueo es la misma, pero la metodología es lo que se conoce como “Lawfare” o guerra judicial (Charles Dunlap 1999). Consiste en cinco pilares en los que se apoyan las operaciones. El Poder Ejecutivo (en manos en ese entonces de Macri), un grupo de legisladoras y legisladores, el sector más reaccionario del Poder Judicial Federal, Los servicios de Inteligencia (que dependen de manera directa del ejecutivo) y los medios hegemónicos de comunicación.

 Del 2015 al 2019, coordinados por la denominada “Mesa Judicial”, desarrollaron un plan de estigmatización, persecución, procesamiento, encarcelamiento y hasta condena de opositores políticos y de aquellos ex funcionarios y magistrados que pudieran significar algún tipo de resistencia al nuevo plan criminal instalado el 10 de diciembre de 2015.

En lo que hace a la presente reseña, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero Fueron desplazados de sus cargos como jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña. Dos de las vacantes las cubrió Mauricio Macri por Decreto con Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladándolos desde el Tribunal Oral 4 porteño. Desde allí, operaron en sintonía con el titular de la Cámara, Martin Irurzun, a la medida del lawfare que se comandaba desde la mesa judicial.

Allí, el Ministro de justicia German Garavano y Juan Bautista Mahiques eran los encargados de materializar la distribución de las operaciones de carpeteo, extorsión, manipulación y amenazas que permitieron la concreción del plan de saqueo y fuga de más de cien mil millones de dólares de las arcas del país, con perjuicio directo a los sectores más necesitados de la sociedad, aunque igualmente afectó las capas medias y altas de la economía.

 El cambio de gobierno permitió en diciembre de 2019 el inicio de una etapa de recuperación paulatina del país, aunque con las dificultades evidentes de la pandemia que afecta al mundo y el estado de tierra arrasada producto del saqueo macrista. De los cinco pilares anteriores del Lawfare, las modificaciones que se produjeron fueron obviamente el reemplazo de un ejecutivo de fuertes características mafiosas por un ejecutivo claramente democrático. Asimismo, la intervención dispuesta por el presidente Alberto Fernández en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), reemplazando a los titulares integrantes de la banda (Arribas y Majdalani), por una figura de indiscutida capacidad y honestidad como es Cristina Caamaño. Sin embargo, al quedar intactos los espacios más poderosos de la justicia federal, así como los de los medios hegemónicos de comunicación, los brazos del Lawfare siguen operando, desde una mesa judicial en las sombras comandada por el expresidente Macri, Patricia Bullrich y sus socios. Ahí se encuentra explicación de la brutal oposición de Juntos Por el Cambio a que se dejen sin efecto los traslados de los jueces federales que, junto a German Castelli, se negaron a comparecer a la audiencia en el Senado de la nación para el examen de sus pliegos y responder preguntas, como lo han hecho la totalidad de los miles de magistrados convocados por ese cuerpo desde el inicio de ese sistema de selección. Es lo que manda la Constitución Nacional y es a lo que se han negado los tres jueces señalados. Un juez que no respeta la constitución, no puede continuar en su cargo. No están desafiando al Senado, están desafiando la democracia.

*El autor es ex juez de Cámara Federal