La ley 27.757 de Espacios Marítimos, aprobada el 4 de agosto y promulgada por el Poder Ejecutivo el 25 de agosto mediante el Decreto 693/2020, determinó el nuevo mapa bicontinental de la Argentina. Fruto de las tareas llevadas adelante por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), la norma demarca el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas y, en ese acto, reconoce nuestros derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo en casi 1,8 millones de kilómetros cuadrados.

La presentación del límite exterior de la plataforma continental argentina fue entregada a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de Naciones Unidas el 21 de abril de 2009. La Subcomisión encargada de su evaluación se conformó en agosto de 2012. Finalmente, la CLPC adoptó por consenso las recomendaciones sobre la presentación argentina en marzo de 2016.

La plataforma continental comprende el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial, que en Argentina llega a las doce millas marinas medidas desde las líneas de base, y a todo lo largo de la prolongación natural del territorio.

Gracias al trabajo técnico y científico, más de 1.782.000 kilómetros cuadrados se sumaron a los más de 4.799.000 kilómetros cuadrados comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas. La importancia de este espacio marítimo reside en que los estados ribereños, como Argentina, ejercen derechos de soberanía a los efectos de la exploración y explotación de sus bienes naturales. En otras palabras, nuestro país posee derechos sobre las aguas, el espacio aéreo, el lecho y el subsuelo del mar territorial, y sobre las aguas, el lecho y el subsuelo de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), que se extiende hasta las 200 millas. A partir de allí comienza el altamar y la pesca es libre.

Lo cierto es que la plataforma responde a una realidad natural y los argentinos tenemos derechos sobre los bienes de esa prolongación de nuestro territorio bajo el mar. Es decir, petróleo, gas, minerales y recursos vivos (especies sedentarias) en contacto con el lecho y subsuelo, como vieiras, centollas, mejillones, corales, esponjas, erizos de mar y gusanos. Se trata de bienes naturales de plataforma que el Estado argentino puede explotar y debe proteger.

Por otra parte, el reciente relanzamiento de Pampa Azul, iniciativa que busca promover el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación productiva en el Atlántico Sur para crear una cultura del mar en la sociedad argentina, fomentar el uso sostenible de los bienes naturales marinos y fortalecer el crecimiento de la industria nacional asociada, también marca la importancia de los espacios marítimos.

Frente a este escenario, es necesario contar con profesionales capacitados en el desarrollo, aprovechamiento sostenible y resguardo de sus bienes naturales, y con una visión soberana, pues Gran Bretaña usurpa de forma ilegal e ilegítima casi 1,6 millones de kilómetros cuadrados correspondientes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes. En Argentina, diversas carreras abordan la temática desde distintos enfoques, como Oceanografía, Biología, Geología Oceánica, Ingeniería Naval e Ingeniería Pesquera.

Potencial económico

En 1994, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) aprobó la creación de una nueva ingeniería, diseñada por un grupo de profesionales y académicos vinculados a la actividad pesquera. Ese mismo año, abrió la inscripción a Ingeniería Pesquera con orientación procesamiento en Puerto Madryn, Chubut. En 2004, la carrera también comenzó a dictarse en Ushuaia, Tierra del Fuego, con orientación captura. Cinco años después, la oferta llegó a Mar del Plata.

En conversación con este Suplemento, el coordinador de Ingeniería Pesquera de la Facultad Regional Tierra del Fuego, Francisco Núñez, señaló que los egresados cuentan con “una sólida preparación para ser un promotor de cambios, con capacidad innovadora y creativa, puestos al servicio de proyectos de explotación e industrialización racional del recurso pesquero para el desarrollo y bienestar de la comunidad”.

“El ingeniero pesquero es un profesional capacitado para dedicarse a la explotación e industrialización del recurso ictícola, capaz de desarrollar eficientemente sistemas de ingeniería pesquera, creando y/o aplicando la tecnología existente, utilizando recursos humanos, materiales y procesos, con el objeto de obtener bienes y servicios que satisfagan a los problemas básicos”, explicó Núñez.

Con el fin de aportar profesionales universitarios al sector pesquero nacional, la carrera ofrece orientación en captura, con “una sólida formación para el dominio y diseño de métodos y técnicas de captura y su utilización creativa para la solución de problemas básicos de la captura del recurso ictícola”; y en procesamiento, con “especial formación para la resolución de problemas básicos del recurso ictícola capturado, mediante el dominio, diseño y aprovechamiento creativo de las técnicas de procesamiento”. Asimismo, las tres regionales tienen convenios con el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), que brinda asesoramiento en el “uso racional de los recursos sostenibles con el objetivo primordial de preservar el ecosistema marino para las generaciones futuras”.

Para el referente de la UTN, formar profesionales “para el mejor aprovechamiento y explotación sustentable de los recursos acuíferos, tanto marítimos como continental” y “producir saberes y conocimiento en investigación básica y aplicada que sirvan para la adopción y/o establecimiento de políticas pública del área” es “una forma de contribuir a la Soberanía Nacional”.

En esa línea, Javier Tolosano, director del Instituto de Desarrollo Costero (IDC) Dr. Héctor Zaixso, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Unpsjb), aseguró que “el rol de las universidades es central para pensar políticas públicas y generar espacios de debate multidisciplinares y articulados, entre el sector público y el sector privado”.

Fundado en 2005 como Centro de Investigaciones, adquirió su rango actual tres años más tarde. El principal objetivo del IDC es “el desarrollo y la gestión sustentable de la zona patagónica central y su área de influencia”. Otra de sus tareas es la integración la pesca artesanal costera y del cultivo comercial de diferentes especies “para la generación de oportunidades de trabajo genuino a partir del aprovechamiento de los recursos pesqueros”.

También estudia “el impacto ambiental provocado por las actividades urbanas, las industrias petroleras, pesquera e industrial en general y el desarrollo de las medidas correspondientes para llevar a cabo su control y remediación”; analiza “la ecología, geomorfología y dinámica de olas y corrientes en las costas, de la ingeniería propia de las áreas costeras y de los riesgos implicados en su interacción”, y evalúa “alternativas para el desarrollo de actividades turísticas”.

En el marco de los programas que contempla el Instituto (recursos costeros; biodiversidad y comunidades de intermareal; gestión integral costera y planificación marina; impactos ambientales y educación ambiental, y turismo y conservación), se desarrollan proyectos vinculados a: evaluación y gestión de pesquerías; acuicultura; gestión integrada de espacios costeros y litorales marinos; desarrollo de líneas de base ambientales; creación de Áreas Marinas Protegidas, y evaluación de impactos ambientales sobre las comunidades costeras, provocados por efluentes cloacales e industriales, entre otros ejes.

En diálogo con este Suplemento, Tolosano afirmó que los recursos ícticos poseen “un potencial enorme en cuanto a la diversificación de los productos y a la posibilidad de agregado de valor en muchos de las materias primas que son capturadas en nuestro mar” que “se amplía, en materia de disponibilidad y potencial aprovechamiento de los recursos ecosistémicos”, tras la incorporación de casi 1,8 millones de kilómetros cuadrados.

Asimismo, “la abundante diversidad de organismos disponibles en los casi 6 millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental también tiene un horizonte de posibilidades enormes para el desarrollo de la industria nutraceútica y farmacéutica”, expuso y agregó: “Fomentar el cultivo de distintas especies marinas (peces, moluscos, crustáceos y algas) y el aprovechamiento de las olas y las mareas para la generación de energía undimotriz o mareomotriz también abre grandes expectativas para el desarrollo de esta basta extensión de territorio argentino”.

En tanto, el vicedirector del Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y secretario de Políticas Soberanas del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata, Mario Volpe, aseguró que el conocimiento del territorio marítimo, insular y antártico argentino es crucial para “poner en valor” sus riquezas, que “podrían mejorar entre 8 y 40 por ciento el PBI argentino”.

Sobre la actividad pesquera, Volpe señaló que el Atlántico Sur es el último caladero con pesca masiva del mundo. Por eso, buques extranjeros vienen a pescar “con el apoyo ilegítimo e ilegal de las autoridades británicas”.

Para Argentina, la pesca ilegal significa una pérdida de “entre mil y dos mil millones de dólares anuales” y “tiene más significación que la exportación de carne de vaca”, según indicó el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, Adolfo Rodríguez Saá en la sesión del 16 de septiembre, cuando se convirtió en ley el proyecto que modifica el Régimen Federal de Pesca para actualizar los montos de las sanciones y las multas.

Pesca soberana

“Con 6 mil kilómetros de costa marítima, uno de los caladeros más importantes del planeta y diversidad de especies comerciales”, Argentina se ubica entre “las 20 pesquerías del planeta, con exportaciones de carnes de pescado que desde 2010 superan a las de carnes vacunas. Sin embargo, seguimos siendo un pueblo que mira al mar y su actividad inicial, la pesca, como algo lejano y extraño”, advirtió el ingeniero y excombatiente Hugo Robert, investigador y miembro del Consejo Directivo del Instituto Malvinas de la UNLP.

“Los argentinos vivimos desde hace 200 años de espaldas al mar, pensándolo como un límite en lugar de incorporarlo a nuestro territorio”, insistió Robert, quien también es vicepresidente del Cecim La Plata. El ingeniero de la UNLP consideró que la pesca es clave, no sólo para lograr la “transformación” que nos permita afirmarnos como una “nación marítima”, sino también para salir de la crisis, pues se trata de una “actividad productiva y soberana, generadora de trabajo a gran escala en el mar y el continente, y proveedora de la mejor proteína animal”.

“El pescado es el único recurso alimentario, y de excelencia, que es todo del Estado. Sin embargo, bajo distintas excusas, como ‘no es del gusto de los argentinos’, la pesca es una actividad de pocos y el consumo en Argentina (5 kilos/habitante por año) uno de los más bajos del planeta”, explicó y agregó: “Pese a todos los desaguisados cometidos con la actividad, el pescado sigue estando ahí, al alcance de las redes”.

Para Robert, la “jerarquización” de la actividad dentro de la estructura del Estado nacional es tan importante como las acciones concretas por parte de las “provincias con litoral marítimo: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Buenos Aires”. En ese sentido, consideró que la Provincia debería mirarla como “una salida a la crisis alimentaria que padecen los bonaerenses” y dio el ejemplo del Cecim La Plata, que desde julio donó más de 8 toneladas de pescados y maricos, con la ayuda de empresas pesqueras, a comedores y ollas populares de la región que apadrina desde el inicio de la pandemia. “No creemos que las buenas intenciones de empresas sea la solución definitiva para llevar proteínas de primera calidad a los hogares de los más humildes y postergados. Se requiere de la decisión política del Estado nacional y provincial”, aclaró.

Protección y aprovechamiento

El 16 de septiembre pasado el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó la creación de una “Comisión de Estudio de una Carrera científica-tecnológica para la protección y aprovechamiento económico del Mar Argentino y su Plataforma Continental, con la misión de analizar y realizar una propuesta de carrera de ingeniería de grado” vinculada a la temática.

El proyecto se asienta en el Plan 2020, cuyo fin es la actualización de la oferta académica de grado y de posgrado, los cambios de planes de estudios y la propuesta de nuevas carreras. Otro antecedente es la “amplia rama de carreras relacionadas con las tecnologías requeridas para la protección y el aprovechamiento integral del Mar Argentino y su plataforma continental” con las que cuenta la unidad académica.

Según la resolución a la que tuvo acceso el Suplemento Universidad, entre las carreras existentes se destacan: “Ingeniería en Petróleo, para la producción off-shore de hidrocarburos; Ingeniería Naval y Mecánica, para el diseño y construcción de los buques y los conocimientos de navegación oceánica; Ingeniería Civil, para los estudios geotécnicos y la construcción de muelles, puertos y estructuras costa afuera de todo tipo, y los estudios de hidráulica marítima para analizar las corrientes, e Ingeniería Mecánica, Electrónica e Informática, para el desarrollo de los equipos, dispositivos y programas que se requieran”. También se señalan “Ingeniería Química, para controlar la contaminación y la obtención de otros productos a partir de los recursos marítimos; Ingeniería en Alimentos, para la utilización de la riqueza ictícola; Ingeniería Electricista, para el desarrollo de la energía eólica costa afuera, y las energías undimotriz y mareomotriz; Ingeniería Geodesta-Geofísica, para el relevamiento del subsuelo, e Ingeniería Industrial, para la organización del conjunto de tecnologías requeridas para una eficiente utilización de los recursos”.

En conversación con este Suplemento, el decano de la Facultad de Ingeniería, Alejandro Martínez, explicó que el potencial de la iniciativa, que comenzó a gestarse en 2018, reside en la integración de distintas áreas que ya se abordan en distintas carreras de la UBA. En la actualidad, “no hay una oferta que piense todo ese potencial junto”, indicó Martínez y aseveró que la propuesta cuenta con “apoyo” del Rectorado.

Tras valorar el “potencial estratégico” del Atlántico Sur y sus bienes, el decano consideró que “es probable que por esos recursos vaya a haber grandes peleas en el futuro”, por lo que consideró importante “ganar presencia”. En ese sentido, ponderó el rol de la universidad pública puesta al servicio de la Nación, “del pueblo, que requiere que hagamos algo para defender sus recursos y aprovecharlos de la mejor manera”.

La defensa de la soberanía sobre nuestras aguas y plataforma continental es una cuestión de Estado que no sólo demanda políticas públicas y recursos técnicos, sino que también requiere profesionales capacitados para la protección y el aprovechamiento sostenible de nuestros espacios marítimos y los bienes naturales que le pertenecen al pueblo argentino.

Gentileza INIDEP y Pampa Azul