“Es tiempo de oportunidad: o la sacamos en el 2020 o no sale por años”, advierte Marta Alanis, histórica referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito sobre la ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE). El próximo lunes 28 de setiembre es una fecha clave para el activismo feminista: es el día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. Pero no habrá marea verde en las calles. La Campaña no convoca a una movilización, como lo hubiera hecho en otro contexto, para evitar contagios de la covid. No es la derecha irresponsable. Aunque sabe que las concentraciones masivas son su principal fortaleza para presionar al Presidente para que cumpla con su promesa electoral --luego ratificada en la apertura de la Asamblea Legislativa, el 1° de marzo, días antes del inicio de la cuarentena—, de enviar este año al Congreso un proyecto de IVE.

En el Gobierno insisten en que el compromiso de Alberto Fernández con el tema está intacto, pero repiten que no es el momento para abrir la discusión cuando el sistema de salud está abocado a la emergencia sanitaria, y el planteo del Ejecutivo será encuadrar el debate desde una perspectiva de salud pública. “Queremos darnos una estrategia para que se sancione. Nos comprometemos a tratar de conseguir los votos”, dice Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, diferenciando la voluntad política de AF de la maniobra pergeñada por el ex presidente Mauricio Macri, que habilitó el tratamiento del proyecto de la Campaña en 2018, pero luego reconoció que no le interesaba que se aprobara y quedó claro: no hizo nada para conseguir los votos que faltaron en el Senado.

No trascendió el texto del proyecto del Ejecutivo pero la secretaria de Legal y Técnica –que coordinó el equipo que lo redactó-- se encargó de aclararle a referentes de la Campaña que “no trae sorpresas”: se lo dijo en una reunión el 17 de agosto en la que participaron también la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzoti.

La propuesta, según trascendió, recupera los consensos básicos que surgieron del debate de 2018. Incluiría la despenalización y la legalización del aborto en las primeras semanas de gestación y en los casos ya previstos en el Código Penal: cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de embarazo producto de violación o abuso sexual. Junto con este proyecto, Fernández prometió otra iniciativa parlamentaria: el Plan de los 1000 días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida, con la idea de que no recurra al aborto ninguna mujer por ser pobre.

En medio de la pandemia cualquiera de los escenarios que se están analizando para avanzar con el tratamiento en el Congreso se vuelve dilemático.

Diputadas oficialistas y de la oposición que integraron el grupo de lxs “sororas” en 2018 insisten en que debe salir en el 2020 porque el año próximo es electoral, y un tema como el aborto no se va a discutir en ese contexto. En octubre de 2021 se renovarán las bancas de 127 diputados y un tercio del Senado. Verdes de Juntos por el Cambio dicen que este año votarían el proyecto del Gobierno pero en 2021 no están dispuestos a apoyar ninguna iniciativa presidencial.

Desde el bloque oficialista de Diputados plantean que el plazo para tratar el proyecto de IVE podría ir más allá del 30 de noviembre, cuando terminan las sesiones ordinarias: el Gobierno tendría previsto convocar a extraordinarias de diciembre hasta febrero y se abriría una ventana de oportunidad si, además, los contagios de la covid entran en una curva de descenso.

El poroteo muestra que en la Cámara de Diputados la votación sería más cómoda para darle media sanción, pero la virtualidad de las sesiones favorece el anonimato de quienes no están tan convencidos o votarían condicionados, y el oficialismo podría correr el riesgo de perderlos. Sin el contacto cara a cara es más difícil negociar apoyo díscolo. El relevamiento que hacen desde la Campaña cuenta unos 27 indecisos en la cámara Baja. En el Senado faltarían 3 votos, e identifican cuatro indecisos, pero estiman que dos no se atreverían a votar en contra del Presidente, por la relación de la Casa Rosada con el gobierno provincial. Del mismo modo, senadores “celestes” del oficialismo, como el presidente del bloque del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, no tendrían margen para militar en contra de una iniciativa del Ejecutivo. De este panorama se desprende que es clave que la propuesta que se trate sea la del Gobierno –y no la de la Campaña, que tiene estado parlamentario— y que la votación sea presencial. El presidente debe liderar el proyecto.

Un factor que podría complicar el debate es la profundización de la grieta en el Congreso: una ley de despenalización y legalización del aborto requiere de un acuerdo transversal, como ha sucedido con otras sanciones históricas que ampliaron derechos y cuya aprobación se logró porque el Ejecutivo traccionó votos escurridizos. Dos ejemplos son la Ley 26.150, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, en 2006, y la de Matrimonio Igualitario, en 2010: ambas generaban resistencia en los mismos sectores conservadores y religiosos que se oponen ahora a avanzar con el derecho al aborto.

Hay otro aspecto a tener en cuenta: ¿cómo van a jugar las iglesias evangélicas más conservadoras, que están articulando en la ayuda social, en la pandemia, con el Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Daniel Arroyo?

Recordemos algunas cifras significativas:

· Hay más de un aborto cada dos nacimientos en el país.

· 2 de cada 10 de las mujeres fallecidas por causas vinculadas al embarazo, parto y puerperio, murieron por abortos inseguros: 47 al año, de acuerdo al último registro.

· Desde la recuperación democrática murieron unas 3030 mujeres por esa causa.

· 135 mujeres por día se internaron en hospitales públicos por problemas relacionados con un aborto, según las últimas estadísticas disponibles: 2 de cada 10 tenían 19 años o menos.

La despenalización y legalización del aborto, se sabe, evitará muertes por abortos inseguros que hoy siguen ocurriendo, y favorecerá que no se impongan obstáculos arbitrarios para el acceso a las interrupciones de embarazo legales desde 1921 y que afectan particularmente a niñas que enfrentan gestaciones forzadas producto de abusos sexuales, como le sucedió a Lucía, la niña de 11 años que imploró en Tucumán que le saquen “esto que me puso el viejo adentro”. Y ofrecerá a las mujeres y personas con capacidad de gestar la posibilidad de elegir sobre sus cuerpos, un derecho fundamental para nuestros proyectos de vidas. Alberto Fernández tiene la oportunidad histórica de hacerlo realidad.