Un año atrás, la discusión por el presupuesto bonaerense y el endeudamiento provincial tras la derrota electoral dinamitó las bancadas del Frente para la Victoria (FpV-PJ) en ambas cámaras de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ahora, los intendentes peronistas agrupados en distintos alineamientos y sus respectivos bloques legislativos vuelven a acercarse para hacer un frente común contra el “excesivo endeudamiento” (95 mil millones de pesos) y el ajuste en salud, educación y justicia que prevé para el presupuesto 2017 la gobernadora macrista María Eugenia Vidal, respaldada por el Frente Renovador. Aunque con distintos matices, desde todos los sectores del peronismo provincial admiten que esta acción común frente a un presupuesto que “hipoteca el futuro de los bonaerenses” se “venía gestando” en el trabajo legislativo común, que consideran “auspicioso” para buscar converger en una misma alternativa política futura a la gestión provincial de Cambiemos. Tampoco descartan que esa “unidad” pueda alcanzarse para las elecciones legislativas del año próximo.

  • Números. Los anuncios oficiales sobre los ejes del presupuesto provincial pusieron en alerta a los intendentes peronistas bonaerenses. El proyecto de cálculo de ingresos y egresos para la administración de la provincia en 2017, que Vidal envió al Senado bonaerense, terminó de confirmar las preocupaciones que expresaron los jefes comunales del PJ. La gobernadora propone un segundo año de gestión con un alto nivel de endeudamiento. A los 24.307 millones de pesos que el proyecto de presupuesto dispone para saldar vencimientos de los servicios de la deuda ya contraída, hay que sumar la propuesta de autorización al Ejecutivo para tomar deuda por otros 63.871 millones de pesos “en distintos instrumentos de financiamiento”. Desde la oposición afirman que el presupuesto bonaerense estima un total de endeudamiento de 95 mil millones de pesos para 2017. En paralelo, la provincia disminuye las partidas presupuestarias –respecto de 2016– en áreas esenciales como educación, salud, seguridad y justicia.

La situación incomoda a los jefes comunales, que han tenido que salir a paliar con fondos municipales muchas de las carencias en esas áreas que dependen de la administración provincial. Especialmente en seguridad, donde aportan móviles y combustible a las policías locales que ni siquiera pueden controlar. A lo que se suma “un excesivo endeudamiento, escasamente explicitado, sin que sepamos en qué se va a utilizar y que tampoco contempla obras de infraestructura que necesitan nuestros municipios”, explicó a PáginaI12 un intendente peronista del conurbano, que prefirió el anonimato para no aparecer en la primera línea de disputa con la gobernación.

  • Estrategia. Tras varias consultas, quien tomó la iniciativa fue la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, que como presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM) convocó a fines de octubre a un encuentro de los intendentes peronistas. En Lobos, unos cincuenta jefe comunales de los distintos reagrupamientos y vertientes volvieron a encontrarse para trazar una estrategia común frente al tema presupuestario: coincidieron en buscar la unidad de los diferentes bloques legislativos para intentar mejoras en el presupuesto y avisaron que pondrán reparos al endeudamiento que propone Vidal.

En Lobos también quedaron expuestas las dificultades que debieron afrontar los intendentes peronistas tras la fractura legislativa que desató la discusión del primer presupuesto de la gestión de Cambiemos. Vidal proponía para 2016 un endeudamiento casi similar: 90 mil millones de pesos. Finalmente, la Legislatura provincial le redujo esa posibilidad y la dejó en 50 mil millones. A cambio, los intendentes autorizaron un endeudamiento por otros 10 mil millones destinados a obras públicas en los municipios. 
Pero los jefes comunales recién comenzaron a recibir en cuenta gotas parte de esos fondos a mediados de año: a noviembre, su ejecución alcanza apenas el 50 por ciento y la continuidad de esas obras quedan ahora atadas al endeudamiento que la gobernadora propone para 2017. 

  • Pacto. El pacto de gobernabilidad que el líder renovador Sergio Massa acordó con Vidal le garantiza a la gobernadora los votos suficientes como para aprobar el presupuesto y arañar los dos tercios necesarios para aprobar el endeudamiento. Desde la administración provincial confían en poder torcer la voluntad de “unidad” del peronismo opositor. En el Senado apenas le faltan dos o tres votos. En Diputados, apenas cinco. Quienes conocen la tarea legislativa saben que no solo se vota con la mano. Varias ausencias en el recinto reducen el número necesario para alcanzar los dos tercios de los presentes en la sesión, lo que también le facilitaría a Vidal la aprobación del endeudamiento.
  • Unidad. Desde el peronismo opositor surgieron señales de optimismo después del encuentro que mantuvieron los intendentes de la “mesa de representación” conformada en Lobos con los senadores de distintos bloques en que se fracturó el PJ. “Lo considero auspicioso tras un año difícil y complejo donde la potencialidad de la oposición se fue debilitando. Ya no es la bancada que el pueblo votó con 18 senadores”, dijo a PáginaI12 Magdalena Sierra, jefa del bloque del FpV (seis senadores). 

Sierra, de todas maneras, prefiere ir paso a paso. “Venimos charlando entre los distintos bloques (peronistas). La unidad se va gestando sobre diversos temas y ahora hemos acordado en dos sobre el presupuesto. Uno es el endeudamiento excesivo que no se puede dejar pasar en aras de la llamada gobernabilidad. Ha sido poco explicada y hubo preguntas de los senadores que no fueron contestadas. Nosotros reclamamos que vinieran más ministros a explicarlo y la gobernación cortó la presencia de los funcionarios. La gobernadora obtuvo la emergencia en infraestructura, que solo flexibiliza la contratación de obras públicas sin controles”, dijo Sierra. El otro punto del acuerdo de unidad es el reclamo ante la reducción de las partidas en salud, educación, seguridad y justicia.
Para el senador Daniel Barrera, del Bloque Peronista, “semejante endeudamiento todos los años termina hipotecando el futuro de los bonaerenses. Hay que tener mucho cuidado y atención”. Para el senador matancero, alineado con el presidente del PJ provincial, Fernando Espinoza, y la intendenta Magario, “la gobernabilidad se forja desde los territorios donde la primera trinchera son los intendentes, no buscando manos en una mesa de toma y daca. Se debe buscar consenso con los intendentes y los legisladores van a acompañar lo mejor para su distrito. Es de sentido común”. 
“La unidad del justicialismo debe ser en un espacio de reflexión, autocrítica y consenso. Después, reflejar esa unidad en políticas que no solo son electorales. La acción política que el justicialismo pueda llevar adelante será el resultado de sus acciones”, afirmó Barrera a este diario.

  • Recorte. El senador del Bloque Justicialista Darío Díaz Pérez cuestionó la reducción de partidas presupuestarias en las áreas esenciales de la administración provincial y afirmó que “lo único que crece es el endeudamiento y la publicidad. Es una administración de puro marketing, las obras no se ven ¿dónde está puesta la deuda aprobada para este año? De los 10 mil millones aprobados para obra pública en los municipios solo ejecutaron el 43,5 por ciento”.

“Los servicios de la deuda son 30 mil millones y piden ahora 95 mil millones para endeudarse, donde vuelven a figurar las deudas con las cajas que iban a solucionar con el endeudamiento de 50 mil millones de este año.  Es una deuda impagable para la próxima gestión provincial y las que la sucedan”, sentenció Díaz Pérez. 
El ex intendente de Lanús es uno de los más optimistas sobre la unidad del peronismo provincial tras los encuentros de los intendentes y de estos con los legisladores. “El objetivo es que todos estemos adentro sin discusión sobre nombres. Todos adentro en función de diseñar proyectos y políticas para reconquistar el poder que lleve tranquilidad al pueblo de la provincia y proyecto al peronismo a nivel nacional”, sentenció Díaz Pérez. Una postura que puede empezar a tomar cuerpo en las elecciones legislativas del año próximo.