El Senado de la Nación reanudó este miércoles el debate del proyecto que contempla que quede establecido por ley la fórmula con la cual se calcularán los fondos que el Estado Nacional le otorgará a la Ciudad de Buenos Aires para sostener a la policía. Funcionarios del Ministerio de Seguridad señalaron que el traspaso realizado en 2016 no contó con el informe técnico correspondiente.
Antes las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia La Ruffa, subrayó que cuando la gestión del expresidente Mauricio Macri le transfirió en 2016 a la Ciudad las funciones de seguridad "no hubo un informe técnico que cuente con los criterios para definir" el monto de la transferencia. Tampoco se establecieron "cuáles son las estructuras necesarias para garantizar las competencias", señaló la funcionaria.
La iniciativa del Gobierno nacional que genera tensión con el ejecutivo porteño, propone transferirle a la CIudad 24.500 millones de pesos. Para elaborar ese presupuesto explicaron que se utilizó "información" de la Policía Federal. En contraposición, desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aseguran que esos fondos "subestiman" los gastos requeridos para la seguridad.
"Lo que quieren es que no haya suficiente dinero para la seguridad de los seis millones de argentinos que viven, transitan, trabajan, se educan y utilizan los servicios de la Ciudad", sostuvo el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau.
La respuesta a las críticas de la oposición llegó por parte del secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, quien subrayó que "la voluntad del presidente Alberto Fernández es ratificar y respetar la autonomía de la Ciudad y no un castigo a los porteños".
Fuks destacó que "a pesar de que la Ciudad tiene una cifra de policías que excede largamente la recomendación de Naciones Unidas de 300 efectivos cada 100 mil habitantes, el Estado Nacional sigue prestando, además de las tareas que le corresponde por competencia federal, competencias no federales".
En ese sentido, remarcó que los efectivos de estas fuerzas "prestan servicios" en barrios populares de la ciudad de Buenos Aires "fuera de sus facultades" federales "con un total de recursos de 1800 millones" de pesos.
Además, recordó que el expediente del convenio de traspaso de la seguridad a la Ciudad "se inicio el 4 de enero de 2016 a las 18,33, continuó el mismo día sin ningún tipo de informe técnico, y el 5 de enero fue a votación" de la Legislatura porteña.
"Ahora están reclamando información que estamos aquí para dar, pero que nadie reclamó cuando en 24 horas se suscribió el expediente sin ningún informe técnico", afirmó el funcionario.
Acerca de la constitucionalidad
También participaron del debate en comisión los abogados constitucionalistas Daniel Sabsay y Alejandro Gil Domínguez, quines aportar su mirada en torno a la modificación de los fondos que la Ciudad recibe del Estado Nacional.
Durante su exposición, Sabsay cuestionó “la detracción de fondos” aplicada a través de un DNU de Alberto Fernández y consideró que avalar ese mecanismo transforma al Presidente "en una suerte de emperador en materia fiscal”.
Por su parte, Gil Domínguez explicó que el hecho de que "no tengamos una ley convenio, que es la única forma de instrumentar los parámetros de distribución y el envío automático de fondos, hace que la CABA no esté compartiendo con las provincias la distribución de los fondos".
"La distribución, aunque no exista la ley convenio, tiene que ser equitativa, solidaria y propender al desarrollo integral de todo el país teniendo en cuenta a todos los sujetos", agregó.
