“No vamos a parar hasta dar con los mafiosos que se esconden detrás de la venta ambulante”, señala el video-spot que el intendente de La Plata, Julio Garro, compartió en sus redes sociales. Organizaciones de Derechos Humanos, junto con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, (INADI) se reunieron en la sede de la Comisión Nacional por la Memoria (CPM) para alertar sobre la campaña de comunicación de la Municipalidad de La Plata por considerarla “racista, estigmatizante y discriminatoria” hacia la comunidad senegalesa de la ciudad.
El video, publicado el 12 de septiembre en la cuenta de Twitter del intendente, muestra una serie de imágenes donde se ve a integrantes de la comunidad senegalesa vendiendo anteojos de sol en la vía pública y luego en medio de un operativo policial. “¿Son solo vendedores ambulantes?”, se pregunta el video, que firma la municipalidad de La Plata en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y alerta: “Denunciamos una red ilegal que mueve un negocio millonario”. Fuentes del equipo de comunicación de la municipalidad afirmaron a este diario que la producción audiovisual “va en línea con lo que venimos planteando” y que los trabajadores “son las víctimas pero no podíamos poner las caras de quienes denunciamos”.
“Estamos interviniendo por el video que utilizó el intendente Garro para publicitar la denuncia contra la comunidad senegalesa”, señaló durante la conferencia Natalia López, titular de la delegación bonaerense del INADI, y advirtió que “el municipio hizo uso de los recursos de vecinos y vecinas de La Plata para amplificar un discurso discriminatorio”. Según la representante del organismo nacional, “el Estado tiene que ponerse a disposición y no criminalizar” a los grupos sociales vulnerables, como es el caso de la comunidad senegalesa. Virginia Pérez Cattáneo, secretaria de Convivencia y Control Ciudadano de la municipalidad de La Plata, afirmó a Página/12 que “el video afirma nuestra postura, después nos someteremos a la Justicia, pero esa es nuestra opinión y estamos convenidos”, y aclaró que “nada tiene que ver la situación judicial con la cuestión humanitaria”, que se está trabajando en una mesa conjunta con otros organismos.
Dos semanas antes de la difusión del video, la titular de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano de la municipalidad de La Plata presentó una denuncia ante el Juzgado Federal N°1 por la “posible comisión” de los delitos de trata de personas, asociación ilícita, falsificación y reproducción de marcas, evasión tributaria y encubrimiento de contrabando. El documento, al que pudo acceder este diario, afirma que “la venta ambulante en nuestra ciudad está dirigida por una organización criminal de carácter trasnacional” a cargo de una “asociación ilícita” que “se dedica al tráfico ilegal de personas para luego explotarlas y cometer otra serie de ilícitos”.
“Es preocupante que las energías y los recursos se orienten a producir problemas y no a resolverlos”, advirtió a Página/12 Rodrigo Pomares, referente de la CPM y aclaró que el video creado por el Gobierno de la ciudad La Plata “promueve la expulsión y la persecución a la comunidad senegalesa”. Según Pomares “ante denuncias de semejante magnitud la municipalidad debería evitar darle publicidad hasta tanto no haya un avance con indicios concretos”. Si bien la denuncia fue presentada, todavía no hay imputados en la causa ni determinaciones por parte de la Justicia federal.
Durante la conferencia de prensa, Cheikh Gueye, referente de la comunidad senegalesa de La Plata, señaló que “detrás de nosotros no hay nada que escondamos, somos gente que viene a buscar mejorar económicamente. Por eso y nada más que eso estamos acá”. Uno de los puntos señalados por la municipalidad respecto de la venta ilegal es la similitud entre los productos que venden los integrantes de la comunidad. En este sentido, Gueye explicó que “la gente ve que todos hacemos lo mismo y parece que alguien nos da la mercadería, pero cada uno compra lo suyo. Cada uno es jefe de sí mismo”, y relató que, cuando llegó al país, sin documentos y sin entender el idioma, su tío, que ya vivía hace un tiempo, le enseñó a comprar y vender productos. "Me gustaría levantarme un día, ir a un trabajo tranquilo y volver a mi casa a la tarde", añadió Gueye.
Sonia Voscoboinik, integrante del grupo de investigación sobre migraciones africanas de la Universidad de La Plata, explicó durante la conferencia de prensa que “el asociativismo no tiene que ver con una red de trata sino con la forma que tiene la comunidad de organizarse” a través de líderes que se desempeñan como tales “de forma gratuita y solidaria”, en parte por la dificultad que toda la comunidad enfrenta al no entender el idioma local.
En paralelo a la presentación de la denuncia, un conjunto de autoridades provinciales, nacionales y municipales estaban llevando a cabo una mesa de trabajo para analizar la situación, en la que el Ministerio nacional de Desarrollo Social propuso que los integrantes de la comunidad puedan acceder a los programas. “Estamos intentando que obtengan los derechos de cualquier migrante en el país”, aseguró Pérez Cattáneo. Sin embargo, uno de los impedimentos que manifiestan los integrantes de la comunidad es que la gran mayoría no tiene documentación, o bien cuentan con residencias precarias, por lo que tampoco puede acceder al cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
“La comunidad viene siendo hostigada y perseguida desde hace muchos años, con la intención de construir la idea de que existe una banda organizada”, advirtió Pomares y explicó que “los productos que compran y venden son los consiguen más baratos en el mercado”.
En agosto de 2019 el colectivo de abogadxs La Ciega, junto con 90 integrantes de la comunidad senegalesa y el apoyo de organizaciones sociales y de Derechos Humanos, entre ellas la CPM, presentaron un amparo en el Juzgado Federal N°4 de La Plata, para exigir el “cese de la discriminación hacia las personas de origen senegalés”, pero a mediados de septiembre de este año el juez a cargo se declaró incompetente. “Hay una obstaculización en el acceso a la justicia”, señaló la abogada Estefanía Gelso, parte del colectivo y advirtió que "no deja de ser una persecución hacia activistas que luchan por garantizar los derechos humanos".
Informe: Lorena Bermejo
