En el AMBA el 66, 6 por ciento de los hogares habitados por inquilinos vieron reducidos sus ingresos durante la pandemia, al tiempo que el 42,3 por ciento tiene deudas de alquiler, número que asciende a 51 por ciento entre los hogares que reciben Asignación Universal por Hijo (AUH). Así lo afirma un estudio que alerta sobre la situación crítica de los hogares inquilinos elaborado por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad de San Martín en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre.
Uno de cada cuatro inquilinos del AMBA tuvieron retrasos en el pago de expensas, servicios o impuestos. Los inquilinos que recibieron ayuda del Estado (IFE, AUH o ATP) usaron el dinero de origen estatal para pagar el alquiler (40 por ciento), pagar gastos cotidianos, servicios e impuestos (28 por ciento) y para pagar deudas (18 por ciento).
El 55 por ciento de los hogares inquilinos tuvieron que pedir dinero prestado a sus familiares, amigos y conocidos y el 80 por ciento que tomó deuda lo hizo para pagar gastos cotidianos, el 61 por ciento para devolver deudas previas con familiares, amigos y conocidos y 54 por ciento para pagar expensas, servicios e impuestos. Del total de hogares inquilinos que registran algún tipo de deuda en el alquiler, el 52 por ciento considera que no podrá permanecer en la misma vivienda en los próximos seis meses.
El informe afirma que el 49 por ciento de los hogares destina más ingresos para pagar el alquiler desde comienzo de pandemia. Cuando en el hogar hay beneficiarios de la AUH, este porcentaje alcanza al 55 por ciento.
"Cuando la crisis se profundiza y la situación de los hogares se agrava por las deudas acumuladas es indispensable que medidas como la suspensión de los desalojos y de aumentos se sostengan, para dar mínimas garantías de vivienda a una enorme cantidad de hogares en el país. Sobre todo cuando la vivienda es la condición principal para preservar la salud y la vida", sentenciaron desde el CELS.
