El Gobierno mantendrá suspendidos los desalojos por falta de pago y seguirá el congelamiento de precios de los alquileres. Así había sido establecida a fines de marzo con el decreto 320, con fecha de finalización el 30 de septiembre. Pero ante la emergencia económica y sanitaria por la crisis del coronavirus, el Gobierno decidió prorrogar las medidas hasta el 31 de enero de 2021. 

Según los considerandos del decreto, la medida fue tomada debido a la situación económica, por lo que los locatarios vieron "afectados sus ingresos como consecuencia de la merma de la actividad", lo que les dificultó "hacer frente a sus obligaciones". El objetivo del texto "no es otro que evitar el agravamiento de la problemática respecto de la vivienda", agrega. La vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró en una entrevista radial: "Vamos a seguir acompañando a la gente que alquila ya que estos meses fueron difíciles". 

En la misma línea, el Gobierno extenderá al 31 de enero de 2021 el decreto 319, que es el que mantenía congeladas las cuotas de los créditos hipotecarios UVA hasta fin de este mes. También se mantendrán las suspensión de ejecuciones. Los montos adeudados por el congelamiento podrán ser convertidos a UVA y refinanciados sin intereses en el marco del "esfuerzo compartido" entre los deudores y los bancos. El esquema de convergencia se extenderá entre el primero de febrero y el 31 de julio. Habrá "instancias para la consideración" en los casos donde la cuota supere el 35 por ciento de los ingresos de los deudores. 

Según los considerandos del decreto, la medida fue tomada debido a que el fin del congelamiento iba a implicar un salto de la cuota de octubre del 33 por ciento o 16 por ciento, según los que hubieran sido también alcanzados por el congelamiento del gobierno de Cambiemos, entre septiembre 2019 y febrero de este año. Además, si se le adicionan deudas por diferencia en el monto de las cuotas o falta de pago, dichos porcentajes se incrementarían entre el 70 por ciento y el 33 por ciento, "cifras con un importante impacto en los ingresos de los deudores". 

Alquileres

La extensión del decreto 320 significa que los inquilinos que no hayan pagado el alquiler no podrán ser desalojados. Aplica para inmuebles, pero también a habitaciones destinadas a viviendas en pensiones u hoteles. En los casos que hubiera una actualización semestral (como era con la anterior ley de alquileres) los inquilinos podrán decidir pagarla o mantener congelado el valor, y cuando finalice el decreto, pagar en hasta 6 cuotas lo adeudado, a partir de febrero de febrero 2021. En los casos donde hubiera deudas por falta de pago, será la misma cantidad de cuotas, pero con intereses.

A quienes se les hubiera terminado el contrato en estos meses, se les prorroga automáticamente hasta el 31 de enero, con el mismo valor. Los contratos alcanzados son los de vivienda, pero también inmuebles utilizados por monotributistas, autónomos, pymes, cooperativas y para actividades culturales/comunitarias.

La medida fue celebrada por las agrupaciones de inquilinos. “Estamos contentos en un momento de tanta incertidumbre, esto es un alivio”, aseguró a este diario Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos. Según datos elaborados por la entidad Inquilinos Agrupados, hay 700 mil personas que hubieran sido desalojadas de no extenderse el decreto. Con aumento del desempleo y de suspensiones laborales y paritarias pisadas, el 37,7 por ciento no pudo pagar en septiembre o lo hizo parcialmente, y el 47,4 por ciento tiene al menos un mes de deuda.

Muñoz plantea que hay inquilinos que en este contexto no pueden pagar la renovación del alquiler. “Hubo casos donde se pidió un 100 por ciento de aumento”, aseguró. En tanto, para mudarse una familia necesita más de 70 mil pesos, entre el mes de depósito, de adelanto, la comisión (no en el caso de la Ciudad), el flete y los informes. Pero además de la situación económica, los inquilinos resaltan el momento sanitario, dado que hay zonas del país donde se prohibieron las mudanzas y la actividad inmobiliaria, por el aumento exponencial de contagios. Este es por ejemplo el caso de Rosario y la ciudad de Santa Fe. “En esta provincia hay alrededor de un millón de inquilinos, presos de aceptar lo que diga la renovación, porque entre el 4 de septiembre y el 25 de este mes no pudimos salir a ver otro departamento ni efectuar una mudanza”, explicó Emmanuel Canelli de Asociación Inquilinos Rosario.

El día después

Propietarios e inmobiliarias se mostraron en contra de la medida. En un comunicado del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba), aseguraron que estas decisiones “sólo sirven para desincentivar la oferta de inmuebles para alquileres de vivienda, generando, en última instancia, un perjuicio para los propios inquilinos a los que se dice querer defender”.

De hecho, durante la cuarentena, mientras rigió el decreto de alquileres, también se sancionó la nueva ley en julio. Desde ese momento, los alquileres subieron 19,2 por ciento y la oferta cayó hasta 26 por ciento, según los distintos sitios web del mercado. Con respecto a los precios, Eduardo Di Fini, del Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad, aseguró que recién podrían “acomodarse” en un año, cuando los propietarios observen que el nuevo índice de aumento “ajusta debidamente”. “Un jubilado lo pone en venta, pero si pasa un mes, con todos los gastos, lo vuelve a poner en alquiler. Pero una inmobiliaria con un edificio entero, alquila uno o dos departamentos para mantener los gastos fijos y el resto los deja en venta, hasta lo que pueda aguantar”, explicó.

En este sentido, los inquilinos podrían encontrarse en el mismo laberinto cuando finalice la prórroga. Por este motivo, piden un programa de desendeudamiento, ya sea con créditos a tasas blandas. A diferencia del caso de los créditos UVA, donde todos los hipotecados están bancarizados, en el mercado de alquileres no hay estadísticas fehacientes de los contratos, debido a la alta informalidad.