Aún retumba en el ambiente político el ruido que generó el nombre de Josefina Medrano como una de las propuestas por el Ejecutivo provincial para hacerse cargo en Salta de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Ayer se sumó la confirmación al frente de la delegación del Ministerio de Trabajo del líder camionero Jorge Guaymas, quien asumirá en un organismo clave.

Cuando faltan aún varios puestos por ocupar de las casi 30 representaciones nacionales existentes en la provincia, la pregunta sobre cómo llegan y qué disputas intestinas hay en cada espacio vuelve a resurgir como en diciembre de 2019, cuando comenzaron a desfilar los miembros del gabinete en Grand Bourg.

Salta/12 relevó una docena de los organismos con más presencia e incidencia territorial, la mayoría llegó de espacios afines al gobierno nacional o por cercanía política con los referentes del Frente de Todos; otros, por pedido expreso del Ejecutivo provincial, como quedó plasmado con la postulación de la ex ministra de Salud, y algunos pocos, por concurso.

Entre quienes arribaron por su militancia histórica, se encuentran la titular de PAMI, la abogada Verónica Molina, quien además de militar en La Cámpora representó en más de una oportunidad a comunidades de pueblos originarios.

Lo mismo sucedió con el gerente de ANSeS de la UDAI Sur, Marcos Vera, referente provincial de esa agrupación política. Ambos llegaron por pedido de La Cámpora a nivel nacional. Mientras que la gerenta de la UDAI Norte, Susana Aramayo, es una abogada que fue querellante en causas por delitos de lesa humanidad y también militante del Partido de la Victoria, fue propuesta por los senadores Sergio “Oso” Leavy y Nora Giménez.

El flamante delegado del Ministerio de Trabajo en Salta, el secretario general de la CGT y Camioneros, Jorge Guaymas, también agradeció públicamente el acompañamiento de los legisladores salteños del FdT. El ex diputado provincial acompañó las listas de ese espacio en las elecciones de 2019.

El sindicalista no tendrá una tarea fácil, con una desocupación provincial del 13,9%, con la que Salta lidera la región y se ubica por encima de la media nacional (13,1%), según datos del INDEC para el segundo trimestre del año.

En la Secretaría de Agricultura Familiar, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, la decisión se tomó por militancia, territorialidad y reconocimiento al trabajo específico.

Allí se conformó un directorio compuesto por Miguel Plaza, un médico de Cachi e integrante de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND); Ignacio Garzarón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Vía Campesina; Patricia Caudullo, una técnica de terreno de la SAF con años de experiencia y con una mirada puesta en el género, y Oscar Vila Díaz, integrante del Movimiento Evita. Cada uno de ellos es referente de una zona geográfica de la provincia.

El cargo de directora de Radio Nacional Salta también llegó por un pedido de los legisladores nacionales y máximos referentes del Frente de Todos en Salta, Leavy y Giménez. Dolores Plaza, comunicadora reconocida en el ambiente, fue la responsable de prensa personal de los dos candidatos en las últimas elecciones.

Dolores Plaza junto a Susana Aramayo y la senadora Nora Giménez

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) quedó a cargo de Benjamín Spolitta, una persona del riñón de quien integra el directorio de ese organismo en Buenos Aires, el salteño Gonzálo Quilodrán. En este caso, Spolitta llegó de Jujuy, por lo que hasta su nombramiento no era conocido en la provincia.

Otro que fue elegido directamente desde la Nación por afinidad política con quien maneja las riendas del INADI, fue Gustavo Farquharson, conocido directo por su militancia en Libres del Sur, de Victoria Donda, presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación.

Como un reconocimiento por su militancia en HIJOS Salta, María Martínez Morales My arribó a la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos. La delegada proviene del Partido Felicidad, vinculado al ex intendente y vicegobernador Miguel Isa. Integrante de Felicidad es también Tane Da Souza Correa, designado delegado territorial del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

En tanto, Guilermo Baudino es director del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) desde 2011, él mismo aclaró que es un cargo interino desde ese año y “hasta que se concurse”, algo que como queda claro, ocurre contadas veces en el Estado.

Algo parecido sucede en el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA), que tiene como referente de Salta y Jujuy al ingeniero José Minetti desde hace más de una década, solo que en este caso todos los cargos llegan por concurso.

En el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social el designado para encabezarlo es Miguel Calabró, que se desempeña en ese lugar de forma precaria desde principios de año ya que aún no fue nombrado formalmente. El ex diputado y funcionario nacional llegó por el consenso de los referentes del Frente de Todos y con el visto bueno de los intendentes. Calabró fue durante tres períodos jefe comunal de La Caldera.

En tanto el titular de Migraciones, Jorge Ovejero, ex secretario de Seguridad durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, también llega por el FdT y fue propuesto por Emiliano Estrada 

Mientras que Gustavo Sáenz, gracias a su vínculo con el gobierno nacional y su cercanía al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, ya logró que se designen otros funcionarios de su riñón en organismos públicos nacionales, como el referente de Vialidad Nacional, Francisco Agolio.

Agolio fue designado oficialmente en mayo como el nuevo jefe del 5° Distrito de Vialidad Nacional y él mismo reconoció que fue “gracias a las gestiones del gobernador Sáenz en Buenos Aires”. Durante la intendencia capitalina del ahora gobernador, Agolio se desempeñó como subsecretario de Obras públicas de la Municipalidad y su nombre figura en la causa de las facturas apócrifas que lleva adelante parcialmente la Justicia Federal, mientras que la justicia provincial debe avanzar con las eventuales defraudaciones al Estado provincial.